Por Maite beer
Uruguay está registrando niveles altos deexplotación sexualde niños y adolescentes, con un aumento sostenido desde 2007. En 2022 se alcanzó un récord con 529 casos atendidos, más del doble de los que hubo en 2015. En 2021 hubo 494 intervenciones y en 2020 el total fue de 410, según datos del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) a los que accedió El País.

Este organismo, que depende del INAU, lleva el registro a partir de las intervenciones de las asociaciones civiles que tienen convenio estatal y operan en el territorio. Estas son Gurises Unidos, El Paso y Travesía.

Al mismo tiempo que aumentan los casos de explotación sexual atendidos por estas organizaciones, las fiscalías especializadas en delitos sexuales también reciben cada vez más denuncias. Incluso, el fiscal de Corte, Juan Gómez, continuamente enfatiza que estas fiscalías están “desbordadas”.

La diferencia entre el abuso sexual y la explotación sexual infantil es que en el primer caso se fuerza al menor a realizar actos de naturaleza sexual, mientras que en la explotación la víctima se transforma en una mercancía, un producto vendible para adultos que buscan la satisfacción de sus deseos de poder, sometimiento y gratificación sexual.

El abuso tiene una pena de dos a doce años de prisión y en el caso de la explotación sexual la pena es de cuatro a 16 años para aquellos que participan en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o recibo de personas con este fin.

La mayoría de estos niños y adolescentes provienen de contextos sociales críticos y tienen muchas carencias familiares. “Los explotadores saben dónde están los niños más frágiles, eso pasa en Uruguay y en el mundo”, indicó a El País Luis Purtscher, director de Conapees. Del total de intervenciones que hubo el año pasado, en 18 de los casos los padres eran los proxenetas; en ocho eran los perpetradores; y en 160 los padres del menor fueron los facilitadores.

Si bien el comité especializado registra muchos más casos de explotación sexual de mujeres, con el transcurso de los años se ha registrado un aumento de explotación de adolescentes varones. Purtscher explicó que antes no era frecuente la comercialización sexual de varones, pero hoy en día es más usual.

Conapees comenzó a discriminar sus datos por edad y sexo en 2020 y ese año registró 354 víctimas mujeres y 55 varones. E 2021 fueron 422 mujeres y 67 varones. Y en 2022 las víctimas de sexo femenino fueron 465 mientras que los de sexo masculino fueron 54. Tanto en 2020 como en 2021 hubo dos casos de explotación sexual a personas que no se autoperciben como varón o mujer, pero en 2022 este número aumentó a nueve.

Hay un aspecto que, según Purtscher, es fundamental entender para este tipo de delitos, y es que no existe la justificación de que hubo consentimiento por parte del menor de edad. De hecho, 352 de las 529 víctimas de explotación sexual que hubo en 2022 tenían entre 14 y 17 años “porque existe un gran juego de manipulación”.

Andrea Tuana, directora de El Paso, detalló a El País que la figura del explotador llena ese “gran vacío” que tienen estos adolescentes por la vulneración de sus derechos humanos. “En muchos casos se enamoran y creen que van a tener un futuro distinto, en otros casos es muy básico, pueden comer todos los días y tener un techo seguro donde dormir”, detalló la asistente social.

Algunas adolescentes, añadió, defienden a los explotadores y dicen que son su parejas y por eso “ni siquiera piden ayuda”.

El fiscal de Delitos Sexuales de 8º Turno, Maximiliano Sosa, dijo a El País que “es muy común” que esta fiscalía especializada reciba denuncias de hechos antiguos, algunos de mucho tiempo atrás. Si ocurrieron entre 10 o 15 años antes, dependiendo del tipo de delito, los hechos prescriben.

“Hay gente que demora cinco o diez años en poder reconocerse como víctima y tarda en denunciarlo por miedo a que no le crean o que el perpetrador lo amenace”, sostuvo el director de Conapees. En este tipo de casos se dificulta la recolección de evidencia porque no es posible visitar el lugar en donde aconteció el delito o realizarle pruebas forense a la víctima. Aún así, se han logrado condenas.

La militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso acusó, el martes pasado, al senador también blanco Gustavo Penadés de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente y aún se percibía como varón. En consecuencia, el legislador brindó una conferencia de prensa al día siguiente y anunció que realizaría una demanda por difamación.

El legislador dijo que “todos conocen” su orientación sexual, pero negó que haya abusado de ella o de otros.

“Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa y las declaraciones que solo quieren someterme al escarnio público”, respondió a la denuncia realizada por Papasso. “Llegaré hasta las últimas consecuencias”, añadió.

En consecuencia, el fiscal de Corte, Juan Gómez, solicitó que la Fiscalía actúe de oficio. “La única forma de permitir que se sepa que es inocente es que el sistema judicial lo diga”, dijo a El País.