Bullying en centros educativos: proponen observatorio nacional que registre casos y acciones por adoptadas

“La ausencia de políticas públicas claras y consistentes en materia de prevención, detección temprana y sanción ha contribuido a la expansión del problema”. Este es uno de los varios argumentos que incluye el proyecto de ley -de diputados del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente- para el combate del bullying y ciberbullying en instituciones educativas que se ingresó hace pocos días al Parlamento.

Los legisladores de la oposición sostienen que “persiste una cultura del ‘chivo expiatorio’, donde frecuentemente se minimiza la conducta del agresor y se aísla o responsabiliza a la víctima”. “Este enfoque -continúan los diputados en la iniciativa legislativa- no solo agrava el daño psicológico de los involucrados, sino que perpetúa un modelo educativo que tolera la violencia y desatiende el sufrimiento”.

Dentro de las propuestas están que se reconozca “formalmente el fenómeno y sus consecuencias, establecer protocolos obligatorios de actuación para todos los centros educativos, garantizar la protección de las víctimas, familias y testigos, disponer diversas medidas hacia los agresores y fortalecer la formación docente, así como la responsabilidad institucional de las autoridades educativas”. Así como también la creación de un observatorio nacional que registre estadísticas de este fenómeno.

“El 19% de los suicidios o intentos de suicidio de menores se encuentra vinculado a situaciones de bullying”, según cifras del Ministerio de Salud Pública recogidos en el proyecto.

Los legisladores entienden “indispensable promover un cambio cultural que restituya la centralidad de la empatía, el respeto y la responsabilidad compartida en los entornos educativos”. Ello implica -indican en el documento- “enseñar a no aliarse con los victimarios, fomentar el deber de no callar, proteger a las víctimas y reconocer su dolor como una forma de reparación simbólica y social”.

En el proyecto se define al bullying como “toda forma de maltrato físico, verbal, psicológico o social, sostenido en el tiempo y ejercido por uno o varios estudiantes contra otro, con la intención de intimidar, excluir, dominar o humillar”. Y se hace hincapié en que se sumó una “modalidad particularmente nociva”: el ciberbullying, un hostigamiento a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o plataformas virtuales. A diferencia del acoso presencial, señalan los legisladores, “puede producirse de manera continua, trascendiendo los límites físicos del centro educativo y amplificando su alcance y su daño a través de la exposición pública”.

Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Una de las propuestas, como se mencionó anteriormente, es la creación de observatorio nacional que deberá hacer un seguimiento al Plan Nacional de Prevención del Bullying, programa que se mandata crear al Ministerio de Educación y Cultura.

“Dicho observatorio incluirá un Registro Unificado de Casos de Bullying y Ciberbullying de carácter reservado y confidencial, que recopile información anónima y estadística para el diseño de políticas públicas en la materia. Las distintas entidades deberán reportar periódicamente los casos detectados y las acciones adoptadas”, se indica en la iniciativa.

También se quiere implementar que “todo docente, funcionario o autoridad educativa que tenga conocimiento de una situación de bullying” deba “comunicar de inmediato al equipo de dirección del centro y al referente designado”.

Otra disposición es que cada institución deba “garantizar un apoyo integral a la víctima del bullying (contención emocional, apoyo psicológico y adecuaciones en el ámbito educativo que fueran necesarias), así como implementar medidas educativas, restaurativas y de orientación para el agresor”. Y se aclara que “en todos los casos se evitarán respuestas meramente punitivas, promoviendo la reintegración social y educativa de quien ha ejercido el acoso”.