Abogado defendió la legalidad del sistema de bomberos voluntarios en Uruguay y anunció acciones judiciales

El abogado Martín Míguez, quien participó en la redacción de la ley Nº 20.357 que dio origen a la figura de la Administración Nacional de Bomberos Voluntarios, salió al cruce de declaraciones realizadas a El País el pasado jueves y advirtió que iniciará acciones legales por lo que considera "afirmaciones falsas".

Míguez relató a El País que comenzó a trabajar en la Ley en 2016, cuando el entonces director nacional de Bomberos, Leandro Palomeque, le encargó estudiar la normativa portuguesa sobre voluntariado. En ese entonces, Míguez trabajaba en la secretaría privada de Palomeque, y a partir de allí, explicó, se elaboraron distintas versiones del proyecto a lo largo de los años, hasta que se optó por la figura de la “persona pública no estatal”, al entender que era la vía jurídica adecuada. “Una sociedad anónima no correspondía, la asociación civil generaba muchos problemas. La única forma viable era esta”, sostuvo.

Según explicó el abogado, el proceso incluyó instancias de diálogo con voluntarios de todo el país que incluso fueron convocados por el Parlamento a la Comisión Parlamentaria, teniendo como resultado la aprobación de la ley.

Dichas organizaciones siguieron los pasos previstos en la Ley, celebrando una Asamblea Nacional formando los órganos previstos en la Ley. Entre los grupos presentes mencionó delegaciones de Salto, Paysandú, Guichón, Quebracho y Montevideo, entre otras. Afirmó que el procedimiento “está más que documentado” y compartió con El País documentos, como el acta de la asamblea y los antecedentes de elaboración de la norma. Además, sostuvo que toda la información, desde actas hasta comunicaciones oficiales, “puede ser vista por cualquier interesado”.

Foto: Leonardo Mainé/El País.

Respecto a las críticas que surgieron tras la aprobación de la norma, Míguez señaló que la resistencia obedece a la exigencia de mayores controles. “Cuando aparece la persona pública no estatal, entran la Auditoría Interna, la OPP, el Tribunal de Cuentas. Y a los uruguayos los controles no nos gustan”, dijo. En ese sentido, vinculó la actual controversia con "la obligación de llevar libros contables" y rendir cuentas sobre las actividades de las asociaciones.

El abogado también cuestionó la difusión de información sobre una “presunta” investigación administrativa en curso en el Ministerio del Interior, que refirió el exdirector de Bomberos Ricardo Riaño. “Un procedimiento interno es por principio reservado. Nadie fuera de la administración debería tener conocimiento y menos manejar con liviandad en la prensa datos de ese tipo”, advirtió Míguez.

"Cuando se comenzó a trabajar con la ley en 2016, el comisario, en ese momento, Ricardo Riaño, se encontraba como jefe de Zona en Paysandú, estaba lejos de una gestión en Montevideo, según detalla una nota de El Telégrafo de ese año. En ese momento no tenía una participación importante, cuando fue la génesis de este proyecto, luego sí su participación fue relevante", aseguró el abogado.

Finalmente, Míguez aseguró que la ley busca “transparencia absoluta” y rechazó las acusaciones de irregularidad. “No soporta más decir que son irregulares o truchos. La administración, la ley, no es ´trucha´ por el contrario, busca que los números y la gestión sean claros”, afirmó. Y anunció que promoverá acciones legales por los señalamientos que, a su juicio, dañan su nombre y el del sistema de voluntariado.