LA NUEVA NORMALIDAD

La “nueva normalidad” supone no solo el regreso de miles de trabajadores a sus oficinas, también implica pensar en quién cuidará de los más pequeños en casa.

Esta fue justamente una de las propuestas que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), elevó al Poder Ejecutivo en medio de lasnegociaciones para el reintegro laboral en oficinas públicas.

Sin embargo, la solicitud fue rechazada por Presidencia, informaron fuentes del gobierno a El País. La propuesta buscaba “tener consideración” con los padres que tienen hijos menores de 12 años a su cargo, dado que las clases aún no se inician en todo el país como consecuencia de la propagación del coronavirus.

Ayer el gobierno presentó el instructivo general para el reintegro progresivo en la Administración Central que acordó con COFE luego de la suspensión de varios servicios presenciales.

Fuentes del gobierno informaron a El País que los dirigentes pidieron que se contemplara la situación de aquellos funcionarios que tienen hijos menores de 12 años a cargo y que no tienen con quien dejarlos. Pero “eso el gobierno no lo llevó porque se abría la caja de Pandora”, indicó una fuente.

Sin embargo, esta no fue la única propuesta que el gobierno no le llevó a COFE. Tampoco aceptó su planteo para que mayores de 60 años no concurran a trabajar y, en su lugar, determinó que eso ocurrirá solo para aquellos funcionarios mayores de 65 años, mujeres embarazadas y menores de edad con patologías concretas.

De todas maneras, en COFE saludaron ayer haber alcanzado un acuerdo que permita de forma gradual, volver a la normalidad en las oficinas estatales de todo el país .

En una conferencia de prensa, el presidente de COFE, Martín Pereira, dijo ayer que se trata de “una conquista que va a darle tranquilidad a los trabajadores y va a ser una herramienta para que el reingreso paulatino a los distintos organismos del Estado se dé con la seguridad para el trabajador, los usuarios y sus familias”.

Para el secretario general, José Lorenzo López, es el Poder Ejecutivo junto con cada jerarquía quien marcará el cronograma de reintegro. “Lo que sí exigimos fue tener este protocolo que determina elementos que para nosotros son fundamentales”, agregó.

Por su parte, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, dijo a El País que considera que “habrá margen para contemplar” en la Administración Pública aquellos casos en los que los funcionarios que tienen niños a su cargo tengan que trabajar a distancia. El jerarca sostiene que la medida no implica que “vuelvan todos (los trabajadores) en masa, justamente, se sigue instando al teletrabajo, a la rotatividad, a la venida escalonada de los funcionarios, lo que no debería interpretarse de que esto es una vuelta masiva a las oficinas”.

La medida obedece a que el gobierno no detectó ningún caso positivo de COVID-19 en los 430 trabajadores de la construcción que fueron testeados de forma aleatoria la semana pasada, luego de permitir la reactivación de la construcción.

Es que el presidente de la República Luis Lacalle Pou señaló la semana pasada que en función del testeo de los trabajadores de la construcción, se retomaría o no la atención progresiva en la Administración Central. Desde marzo cuando el Poder Ejecutivo detectó los primeros casos de coronavirus en Uruguay, el gobierno definió la suspensión de las actividades presenciales en oficinas públicas. Y si bien, en varias instituciones, como por ejemplo, el BPS, la atención presencial nunca se interrumpió, sí hubo una merma en los servicios brindados cara a cara.

En su lugar, los directorios de las respectivas instituciones decidieron rotar a su personal y apelar al teletrabajo para disminuir la probabilidad de contagio, no solo entre sus funcionarios, sino incluso en el contacto con el público que realiza los trámites.

Tapabocas, mamparas y ventilar las oficinas son algunas de las medidas

En el instructivo para el retorno al trabajo se establecen las pautas generales que de ahora en más deberán cumplir todas las oficinas públicas. Asegurar la prestación de la totalidad de los servicios, cerrar y desinfectar la oficina en caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19 y evitar la aglomeraciones, son solo algunas de las nuevas disposiciones.

Las autoridades de las instituciones públicas deberán prever regímenes de turnos rotativos, horarios de inicio y finalización de la jornada laboral escalonados para “contemplar las normas de distanciamiento dentro de los lugares de trabajo”. Paralelamente, dentro de oficinas y demás lugares cerrados, deberá mantenerse siempre una distancia mínima de dos metros entre posiciones de trabajo, ventilar los ambientes de manera regular, al menos una vez por hora y usar tapaboca todo el tiempo, cuando el lugar se encuentre cerrado.

A su vez, cuando se haga uso de ascensores, quienes viajen deben hacerlo con tapaboca y no debe haber más de dos personas juntas dentro del mismo, señala el instructivo. También aclara que “el espacio mínimo por cada dos trabajadores deberá ser de 10 m2, salvo que exista separación física dentro de la sala” y se establecen nuevas pautas al momento de atender al público.

En este caso, “se exigirá el uso obligatorio de tapaboca para los usuarios y público en general que concurra de forma presencial. Se deberá considerar la utilización de barreras físicas según las características de las tareas (mamparas de materiales transparentes o protección facial, cintas separadoras para establecer la distancia, y comunicación visual en el piso en lugares donde se realizan filas)”, agrega el documento.