Se duplicaron en un año las denuncias por demoras en centros de salud, según el MSP

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Desde 2020 a 2022 se registró un aumento de las denuncias que realizan los pacientes por demoras en las prestaciones de salud, de acuerdo a los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por El País.

La solicitud apuntó específicamente a las denuncias por demoras en el acceso a estudios médicos. Sin embargo, la cartera respondió que no tiene esta información discriminada, sino que releva datos a nivel general.

“No contamos con la información estadística que solicitan sobre la demora que existe para los estudios clínicos ya que tampoco hay normativa que lo regule”, reconoció el MSP.

A nivel general, en 2022 hubo 489 denuncias por demoras en las prestaciones, lo que supone el doble de lo registrado en 2021, cuando se recibieron 240 quejas. A su vez, ambas cifras son superiores a la cantidad de denuncias presentadas en 2020 cuando fueron 192.

Fuentes del MSP reconocieron que las denuncias son pocas, pero están al tanto de que los usuarios no suelen presentar sus quejas. Cada vez que se ingresa una denuncia, dijeron, se avisa al prestador y este a su vez se pone en contacto con el paciente para subsanar el error. Luego el MSP hace un seguimiento y si el usuario está satisfecho se archiva la causa.

En el pedido de acceso, el MSP aclaró que el sistema único de denuncias a instituciones de salud no existía antes de 2019. Asimismo, no se cuenta con datos de ese año por “estar en prueba” el sistema para su registro.

La consulta de El País requería las cifras específicas sobre denuncias de demoras en estudios médicos desde 2018 a 2022, aclarar contra qué instituciones eran y separar los datos por tipo de estudio. Además, se solicitó estadísticas sobre las demoras que existen en las instituciones públicas y privadas para brindar atención.

La Dirección General de la Salud (Digesa) del MSP, respondió que el sistema interno permite discriminar la información por año, tipo de tramite -denuncias-, así como la tipología -dificultad de acceso a los servicios- y el capítulo -demoras en concretar la prestación.

Sobre el último punto, no obstante, el MSP indicó que “no discrimina” los estudios médicos de otras prestaciones, por lo que no se pudo responder específicamente la solicitud. El País informó en enero que las demoras para acceder a los estudios médicos pueden extenderse hasta un año.

Fuentes vinculadas a las mutualistas dijeron que los prestadores de salud no cuentan con datos consolidados sobre estas demoras. Así como que la realidad de los centros es heterogénea y que no hay un área estadística a nivel del colectivo de mutualistas sobre estos casos.

Además, las fuentes señalaron que tampoco existe una reglamentación específica, tal como sucede con los tiempos de espera para las consultas de medicina general y especialistas. Así también lo expresó a El País en enero el presidente saliente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda. “En estos temas no hay normativa de tiempo máximo de espera, como sí lo hay con las consultas o cirugías”, dijo en aquel entonces.

El pedido de acceso a la información pública fue respondido a pocas semanas de un nuevo decreto, del 30 de marzo, que permite la movilidad de los usuarios ante el incumplimiento en la atención de los pacientes.

Esto es posible cuando un usuario se traslade a otro departamento o se “acredite dificultades supervinientes de acceso geográfico” a los servicios del prestador; “problemas asistenciales” que lleven a la “pérdida de confianza” en el prestador” o por “incumplimiento de los tiempos de espera determinados por la normativa vigente”.

La ministra de Salud, Karina Rando, dijo el 18 de abril ante la comisión de Salud Pública del Senado que “se hizo un estudio para saber qué tiempos de espera había”. Esto motivó el decreto de fines de marzo y “la fiscalización más sistemática de las diferentes instituciones, incluso se han puesto multas en varias ocasiones”.