Por Joaquín Silva
En la clínica de Oncosur el clima era festivo en la tarde del jueves 15 de diciembre. Hasta ese centro de tratamiento contra el cáncer -que se define como una fundación sin fines de lucro- ubicado en la ciudad de Florida se habían trasladado un montón de personas y autoridades de gobierno, porque se iba a inaugurar la instalación de un equipo de radioterapia de máxima tecnología como no hay otro en Uruguay.

“Hemos incorporado el acelerador lineal más moderno y más sofisticado que hay hoy en nuestro país”, dijo el presidente de esta clínica, Hugo Tarigo, en una rueda de prensa que se hizo después de la actividad. “Esto permite una serie de tratamientos de punta, de vanguardia y de calidad, que tienen que ver con los tratamientos que hoy se hacen en el primer mundo”, y muchos de los cuales “a veces los uruguayos buscan afuera”, agregó.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue categórico ante la consulta de los medios: “En la radioterapia nacional (esto) es un antes y un después”.

Pero lo que no pasó en desapercibido en varios actores vinculados a la radioterapia uruguaya fue el discurso que el ministro había dado al cierre de la ceremonia de inauguración, pese a que no tuvo difusión mediática -hasta ahora.

Fue algo que llamó la atención no tanto por la novedad de lo que dijo, porque para muchos es una realidad sabida desde hace años, sino por lo que confirmó -si es que faltaba una confirmación.

En el atril, minutos antes y luego de felicitar “la innovación y el emprendedurismo” que llevó a Oncosur a adquirir la nueva tecnología, el ministro recordó la particular preocupación del actual gobierno -ya desde el arranque de 2020- sobre el estado de la radioterapia en Uruguay, y que llevó a su cartera a solicitar en 2021 la llegada al país de una delegación internacional integrada de expertos para evaluar a fondo el panorama nacional.

“Porque nosotros, y cuando digo nosotros digo el Ministerio de Salud Pública, pedimos que viniera una misión externa de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), la misión Impact, que hizo un claro diagnóstico de toda la situación oncológica, desde la prevención, el tratamiento, (y) la disponibilidad de recursos humanos. Pero en radioterapia -y aquí el secretario de Estado hizo un gesto con la mano para reafirmar que lo que iba a decir era inexorable-, el diagnóstico fue catastrófico. Y esa es la verdad”.

El informe, no obstante, aún no fue entregado a las autoridades de Uruguay -que reiteradas veces han solicitado conocer los resultados oficiales, según supo El País-, pero sí existe una versión “preliminar”, que es la que citó el ministro, tal como él mismo precisó.

“Pero definitivamente en radioterapia el país tenía un déficit que no era admitido. Los uruguayos no nos merecíamos ese nivel en radioterapia”, siguió el jerarca, que prefirió ya hablar en pasado, confiado en el éxito que tendrán las transformaciones que están encaminadas en la actual gestión, y que buscan corregir una problemática que se arrastra de los gobiernos del Frente Amplio, que no ha priorizado la inversión en equipamiento y recursos humanos en los centros estatales.

Sin embargo, el estado de situación está lejos de ser óptimo, sobre todo en el sector público, que tiene al Instituto Nacional del Cáncer (INCA) y a los hospitales Pereira Rossell y de Tacuarembó a la espera del recambio de equipos de alta antigüedad, problema que identificó y buscó actuar en consecuencia el director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR), Gabriel González.

La demora en generarse ese recambio en realidad se arrastra desde 2018, cuando mediante una licitación pública se incorporaron estos tres nuevos aceleradores lineales, pero no se previó la adquisición de una serie de elementos accesorios fundamentales para la puesta en marcha de los aparatos, algo que tuvo que hacerse a posteriori.

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, lo explicó de esta manera en diálogo con El País: “Cuando ingresé había tres equipos comprados, pero sin ninguna de las cosas que se necesitaban para que pudieran funcionar, por lo que procedimos a hacer las compras necesarias”. Entre ellas, Cipriani enumeró la también necesaria “contratación de físicos, que no había, en el hospital de Tacuarembó, que en algún caso hubo que traer de Argentina”, algo que a criterio del jerarca representa la “gravedad” de la situación con que se encontró al asumir.

En cualquier caso, lo que se espera es que el recambio de los equipos se concrete en el mediano plazo. El del Pereira Rossell, por ejemplo, estaba todo pronto para que el acelerador comenzara a funcionar a fines de este año, pero hubo un error en los cálculos implicados en la construcción del búnker en donde debe ir instalado el aparato, que por otra parte hubo que edificar de cero -pues no estaba previsto cuando se adquirió el equipo año atrás.

Esta nueva situación retrasó hasta “marzo” la fecha de la inauguración, dijo el presidente de ASSE, que de todos modos aseguró que la pandemia por el coronavirus fue otro de los factores que terminó retrasando “absolutamente todo”, y que los nuevos plazos que ahora van sumándose constituyen en realidad una demora “que desgraciadamente es la correcta”.

La antigüedad de los equipos que hoy están funcionando tiene como una de sus consecuencias las roturas periódicas. Ha sido frecuente en los últimos meses, de hecho, que un centro tuviera que absorber los pacientes de otro mientras se repara su equipo, o incluso la detención total de los tratamientos durante unos días en los que coincidió la avería de los tres aceleradores públicos en Montevideo -los dos de ASSE y el que funciona en el Hospital del Clínicas- como ocurrió a principios del año pasado.

En el sector privado, mientras tanto, las realidades varían de una clínica a otra, pero las autoridades confían que al aporte sustantivo que hizo Oncosur se sumen los que harán “dos nuevas clínicas” que abrirán en hospitales de la capital, según señalaron fuentes del sector.

Como informó El País el año pasado, en diciembre de 2021 llegó a Uruguay una delegación integrada por especialistas de la OIEA pero también de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para recoger evidencias que sustenten el análisis de la situación del control del cáncer en el país que esperan ahora las autoridades. El objetivo no es otro que recibir “recomendaciones específicas que sirvan de guía para poder priorizar y optimizar” los cambios e inversiones que haya que hacer en todo el sistema nacional de tratamiento y prevención del cáncer, como había explicado entonces Marisa Fazzino, directora del Programa Nacional de Control del Cáncer y coordinadora local de la misión.

En el gobierno, en tanto, esperan con ansiedad la elaboración final del informe, cuya llegada se cree “inminente”.

González, el físico a cargo de la ARNR, destacó a fines de julio -en declaraciones al programa Otra Mirada, de Canal 4- la importancia de la misiones de estas características.

“Es una muy buena forma (...) de tener un diagnóstico para ver en dónde estamos parados, no solo en radioterapia, sino en todo el proceso de lucha contra el cáncer que involucra muchas cosas”. Y especificó: “Va a haber probablemente recomendaciones de hacia dónde tenemos que ir, (y) qué es lo que Uruguay debería hacer para mejorar todos los aspectos en esto que nos afecta a todos los uruguayos: uno cada cuatro fallece de cáncer”.

Mientras se espera ese estudio, Salinas mantiene el optimismo, anclado en el paso importante que dio la clínica Oncosur -y que se estima que den otros próximamente-, y en el convencimiento de lo que ha hecho la actual administración. “En la radioterapia, al final del mandato, va a haber un gran cambio, un cambio cualitativamente muy importante”, concluyó el jueves 15, en diálogo con los medios.