Vivienda dejó “sin efecto” protocolo creado en la gestión de Moreira para justificar adjudicaciones

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Dejar que pase la espuma es una frase común en ámbitos políticos cada vez que estalla un escándalo ocupando los titulares y se debe definir cómo actuar. Esa ola rompe y luego que pasa la espuma llega la calma. La tormenta que acaparó el centro de atención en mayo, el caso de Irene Moreira, pasó al olvido luego de su renuncia al Ministerio de Vivienda (MVOT); sin embargo, con un perfil bajo, continúan sucediéndose nuevos capítulos.

Su sucesor, el actual ministro Raúl Lozano, decidió -aún en la incómoda situación que se generaría en la interna de Cabildo Abierto- iniciar una investigación administrativa para revisar los 14 casos en los que Moreira solicitó que se contemplara de forma discrecional la asignación de viviendas a cabildantes y determinara si se actuó ajustado a derecho o si se incumplió algún tipo de normativa.

Mientras este proceso interno avanza -y para el cual se solicitó una prórroga para emitir el informe final- Lozano tomó la determinación de dejar sin efecto protocolos creados por el anterior director de Vivienda, Jorge Ceretta, donde se definía cómo debían atenderse las solicitudes que surgieran desde la secretaría de Moreira.

En una resolución aprobada el 4 de agosto, a la que accedió El País, Lozano estableció que para los procesos de adjudicación de viviendas se deberá “proceder de conformidad con las disposiciones vigentes” y definió dejar “sin efecto la circular de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) N° 2/2022 del 2 de agosto de 2022”.

Incluso, en el tercer punto de dicha resolución el ministro resolvió que también “quedan sin efecto” aquellos “procedimientos en curso de adjudicación de viviendas y/o procedimientos de autorizaciones de ingreso a viviendas”.

Ceretta -que en mayo de 2022 dijo a La Mañana que llegó a Cabildo y al ministerio “a través del contacto de muchos años que tenía” con Moreira- participó en los expedientes de adjudicación y además redactó los protocolos internos para el manejo de este tipo de solicitudes.

El 3 de agosto de 2022, desde la casilla de correos de la administración de la Dirección Nacional de Vivienda se envió un mail a funcionarios de distintas divisiones para “conocimiento de las unidades ejecutoras que participan en el proceso” de una nueva forma de analizar determinados casos de asignación de soluciones habitacionales.

En dicha comunicación se adjuntó la circular número dos de Dinavi que contiene los “procedimientos ante derivación de los casos recibidos por las autoridades del MVOT” y el “procedimiento para realizar las adjudicaciones directas en los complejos habitacionales”.

En un documento de dos páginas, firmado por Ceretta, se establecían siete puntos que dictaron las diversas etapas, pero colocando a la Dinavi como la división clave para el manejo de los casos de asignación directa. El primer punto definió que Dinavi era la encargada de recibir “las solicitudes de autoridades y secretarías del MVOT”. Luego, se indicó qué dependencias eran responsables de contactar a las familias y de “presentar un informe en un plazo no mayor a 15 días”. Y por último, en el séptimo punto, se remarcó que la decisión era exclusivamente de Dinavi y la entonces ministra. “Desde Dinavi en conjunto con secretaría de la ministra se evaluará la situación presentada a efectos de considerar posibles respuestas habitacionales”, se estableció en el protocolo.

Este marco de funcionamiento que estableció Ceretta se concretó incluso luego de que se adjudicaran soluciones habitacionales a allegados a Cabildo Abierto. Es por ello que al asumir como ministro, Lozano le solicitó en más de una oportunidad a Ceretta que renunciara como director de Vivienda, según supo El País.

La defensa que hizo Ceretta en comisiones tanto en el Senado como en Diputados de las asignaciones fueron otro elemento de discrepancia con el actual ministro. Ante el Parlamento el jerarca respaldó la actuación de Moreira, mientras que Lozano se limitó a responder sobre las medidas futuras.

Sin embargo, pese a los planteos del ministro para que dejara el cargo -y no esperar a las conclusiones de la investigación administrativa que en alguna medida involucra a Ceretta-, el entonces director de Vivienda lo descartaba.

Hasta inicios de julio. El pasado 3 de julio, como informó El Observador, Lozano volvió a pedirle a Ceretta que renunciara luego de que se conociera a través de El País y luego Santo y Seña, la polémica concesión a una militante de Cabildo Abierto del cambio de unidad por haberse fracturado el tobillo.

Ante un nuevo reclamo de Lozano para que renunciara, Ceretta resolvió el 5 de julio dar un paso al costado de la Dirección Nacional de Vivienda.

En paralelo, desde que asumió Lozano la cartera ha resuelto poner en suspenso todos los procesos que no habían llegado a etapa de adjudicación, incluso entregando en un edificio todos los apartamentos excepto el que involucraba una solicitud discrecional hecha por Moreira. Aquellos donde ya habían ingresado los beneficiarios no serán desalojados.

A mediados del mes de mayo el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, instruyó una investigación administrativa cuyo objetivo es revisar 14 casos en los que desde la secretaría de su antecesora, Irene Moreira, se solicitó de forma discrecional adjudicar viviendas sin pasar por los procesos de sorteos establecidos.

Esa investigación tiene un plazo de 60 días corridos para que la actuante a cargo emita un informe final al ministro con conclusiones y recomendaciones de medidas a adoptar, en caso de que considere que hubo algún tipo de apartamiento de la normativa.

Esos 60 días ya transcurrieron pero la investigación continúa dado que a mediados de julio se solicitó una prórroga de otros 60 días para emitir su informe final, según pudo saber El País.

En total fueron 14 las situaciones constatadas en las que Moreira, a través de su secretaría, dijo tener “interés” en disponer de viviendas para adjudicar a determinados beneficiarios.

En total hubo cuatro casos en los que las personas ya ingresaron a las unidades y, por decisión del ministerio, no se les solicitará devolver las unidades. En otros casos el proceso quedó trunco. También hay situaciones en las que informes técnicos recomendaban no dar lugar al pedido.