Redacción El País
Germán Cardoso, senador suplente de Raúl Batlle, fue el único del Partido Colorado que votó a favor del proyecto de ley para cubrir parte de las deudas con los extrabajadores de Casa de Galicia, la mutualista cerrada en diciembre de 2021, y garantizar la distribución de socios y exfuncionarios entre otros prestadores de salud. La iniciativa fue aprobada además con los votos de las bancadas del Frente Amplio y Cabildo Abierto, y de los nacionalistas Sergio Botana y Rosina Piñeyro, madre y suplente de Juan Sartori. El resto de la bancada blanca se retiró de sala.

El presidente Luis Lacalle Pou evalúa vetar la norma, lo que, en caso de consumarse, sería “un error”, opinó Cardoso. “El veto es una facultad que el presidente tiene. Yo creo que sería un error, porque el Estado está sujeto a juicios que va a perder”, dijo el senador colorado a El País.

El legislador y exministro de Turismo concuerda con Botana en que el Estado sufriría un daño patrimonial mayor si no se sostiene la ley, por el juicio que iniciarían los extrabajadores de la mutualista. Botana advirtió en el Senado que “si van a juicio, la solución, en vez de costar los US$ 20 millones que cuesta esta (iniciativa aprobada ayer por el Parlamento), va a costar lo que salen los juicios”. Además, el senador blanco estimó en base a sentencias anteriores que “ninguna de ellas baja de US$ 1.200.000”, por lo que con el proyecto actual se están “cuidando las finanzas del Estado”.

La iniciativa aprobada por el Parlamento habilita el pago por hasta 105.000 unidades indexadas por extrabajador, unos $ 600.000, como establece la ley de garantía de créditos laborales, en un único pago en un plazo de 180 días.

Cardoso considera que “hay 2.000 trabajadores de rehenes de una situación de la cual son ajenos” y fundamentó su voto “por principios”, porque “el batllismo siempre tiene que mirar por proteger a los más débiles y en este caso son los trabajadores de Casa de Galicia”.

“Hay diferentes normas y leyes que produjeron la intervención del Estado, primero el Ministerio de Salud Pública (MSP), después fue el Poder Judicial que no estaba conforme con la intervención del MSP, hasta que lo liquidó. Entonces, hay normas que amparan a los trabajadores en las cifras que están reclamando y no eran las que se les estaba ofreciendo, la oferta que estaba arriba de la mesa”, dijo el senador colorado, y concluyó: “En una situación en la cual ha transcurrido el tiempo y han intervenido distintos poderes del Estado como el Ejecutivo, a través del MSP, y el Judicial mediante una intervención, hay que laudar en favor de los trabajadores. Si hay alguien que no puede ser rehén de esta situación y tiene que tener derecho justo a sus reclamos son los trabajadores; por eso lo voté”.