Hace casi dos años que se suspendieron las excavaciones en la zona del ex Batallón 13 del Ejército que buscan dar con restos de detenidos-desaparecidos en la última dictadura (1973-1985). Un hecho imprevisto, que derivó en reclamos y versiones cruzadas entre organismos públicos, y que se prevé resolver este mes.

En julio de 2022, una máquina excavadora rompió un cable de alta tensión de UTE, de unos 6.000 voltios que no aparecía en los planos, sobre una zona clave para los investigadores, y a dos días de comenzar los trabajos allí.

El predio a explorar, de unos 8.000 metros cuadrados, está en el Servicio de Material y Armamento (SMA), justo detrás del centro de detención clandestino “300 Carlos” o “Infierno Grande”, hoy un galpón militar, donde fueron torturados varios militantes de izquierda entre los años 1975 y 1977.

Entre ellos, Eduardo Bleier y Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados décadas después, en los años 2019 y 2006, respectivamente, en el contiguo ex Batallón 13, sobre el mismo predio que hoy los separa un alambrado.

Lo cierto es que desde entonces no se ha removido más tierra en ese terreno, sobre todo por el riesgo de salud asociado al cable que de forma fortuita no generó consecuencias al equipo de investigadores.

La antropóloga Alicia Lusiardo, al frente del Grupo de Investigación en Antropología Forense, denunció en julio de 2023 en radio Sarandí que en esa zona, cautelada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), tenían “información de posibles enterramientos”, pero que había pasado un año ya sin excavar.

El Inddhh pagó el arreglo vinculado al incidente, que dejó sin luz al cuartel y a zonas aledañas. Y luego financió un mapeo de la zona para saber si habían más cables u otros obstáculos para continuar así con las tareas, que salió US$ 10.000.

Wilder Tayler, uno de los directores del Inddhh, dijo a El País que el estudio se lo brindaron al Ministerio de Defensa, propietario del predio, y a UTE, por el cable imprevisto, para llegar a una solución.

Tayler acotó que UTE les informó un año atrás, “por segunda vez”, que “no están dispuestos a hacer el trabajo” necesario de reinstalación eléctrica para retomar así las excavaciones. Esto implicaría inhabilitar el cable roto y hacer otra instalación para no afectar el suministro en el predio militar.

Todo el caso no tuvo mayores movimientos hasta el arribo del nacionalista Armando Castaingdebat a Defensa. Al asumir como ministro, en marzo, planteó que “se podría trabajar más rápido” en la búsqueda de detenidos-desaparecidos. A los días de llegar al cargo, Castaingdebat se reunió con el Inddhh, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Famidesa) y luego con UTE, para intentar resolver el asunto y que la maquinaria pueda continuar los trabajos.

“Nos juntamos con el directorio de UTE, que se comprometió a encontrar una solución” a esta situación, indicó Castaingdebat a El País. “Nosotros no podemos entrar, es una zona cautelada”, insistió.

En esa línea, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, consultada por El País, dijo que este mes el directorio tratará el pedido para hacer un trabajo “excepcional” en el predio militar.

Se trata de una instalación “costosa” y “delicada”, pero sobre todo, que se realiza al “interior” de un terreno, algo que “no está dentro del cometido de UTE”, remarcó Emaldi.

Además de definir las tareas, se resolverá quién asumirá los costos. Como sea, la presidenta de UTE manifestó que “hay voluntad” del directorio de dar solución al episodio.

Emaldi puntualizó que UTE no inició antes las tareas porque no contaba con el aval de la Inddhh. “Estábamos esperando, a través del Ministerio de Defensa, la autorización de Inddhh porque es un área cautelada”, dijo y agregó: “Ahora nos llegó la nota con la autorización de la Inddhh y por eso ya lo estamos gestionando”.

Sin embargo, el último punto no queda claro. Tayler dijo desconocer la disposición de UTE a realizar el arreglo, y por ende no dio una autorización, sino que solicitó su colaboración para solucionar este tema.

“Si hay una disposición a hacerlo, la autorización para eso no me tarda ni una hora en darla porque lo hemos estado pidiendo por dos años”, dijo el representante de la Inddhh.

Foto: Estefanía Leal