El Tribunal de Cuentas observó nuevamente ayer el gasto que pretendía hacer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la compra de tres escáneres que se comprarían a una firma estadounidense para Aduanas. Estos se utilizarían para la inspección de contenedores en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Al respecto, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, sostuvo a El País que “la decisión que se ha tomado llama la atención”.

“El informe jurídico del Tribunal de Cuentas coincide con uno de la asesoría jurídica del MEF y la licitación está ajustada a derecho. Tenemos un importante problema a resolver, como es combatir el narcotráfico, el contrabando. Pero cuando está la herramienta, prima el voto político de los miembros de la oposición del Tribunal de Cuentas y su presidente. Y así, quien pierde acá es el país todo”, enfatizó la jerarca.

Los siete ministros del Tribunal de Cuentas se reunieron ayer luego de que la cartera les pidiera que revieran su decisión. El resultado fue el mismo que se había dado en octubre de 2022, cuando se había decidido observar el gasto luego de que los tres de la oposición votaran a favor. Los tres del oficialismo no cuestionaron el gasto, pero la presidenta del órgano desempató a favor de los frenteamplistas.

Fue en octubre de 2020 que la empresa Ciemsa presentó la iniciativa privada (IP) para la instalación de escáneres en el puerto y en pasos fronterizos. La firma ofreció los equipos necesarios y un servicio que funcionaría durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. El MEF aceptó la propuesta en junio de 2021 y en ese momento ordenó hacer estudios de factibilidad técnica. En febrero del año pasado estos estuvieron listos y entonces se llevó a cabo un llamado a licitación. Las ofertas se abrieron en abril.

Como Ciemsa había hecho la propuesta, se le dio una ventaja del 8% sobre el valor ofertado en la licitación. En febrero de 2022 se publicó el pliego y tres firmas se presentaron al llamado: Ciemsa (de Uruguay, que se asoció con fabricantes estadounidenses y británicos), Sonda (también de Uruguay, que se asoció a un fabricante chino) y S2 Global (de Estados Unidos).

Tras esto, en mayo de 2022, según informó La Diaria en su edición del pasado martes, la Comisión Asesora de Adjudicaciones declaró no admisible la oferta de la empresa estadounidense por aspectos formales y recomendó que se adjudicara a S2 Global, que ofertó 41,3 millones de dólares. Tras esto, Ciemsa presentó una serie de descargos en los que consideró que fue descalificada de forma ilegítima.

Cuatro meses después, en octubre de 2022, el Tribunal de Cuentas observó la adjudicación a S2 Global por incumplir el artículo 48 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

El argumento, según publicó en su momento Búsqueda, fue que cuando se evaluaron las ofertas “la administración adoptó un criterio disímil respecto al pliego y al tenor de las aclaraciones a las consultas referidas”. También señaló que S2 Global no cuenta con estados contables propios.

Desde el gobierno, según varias fuentes consultadas por El País, se señaló que el Tribunal de Cuentas no tiene potestad de hacer la observación del gasto cuando el pliego no había sido antes impugnado por los oferentes. Incluso, añadieron, la única queja que se recibió en su momento fue contra Ciemsa, pues una de sus dos competidoras sostuvo que la ventaja del 8% sobre el valor afectado era demasiada.

También señalaron como “curioso” que los ministros del Tribunal de Cuentas que votaron a favor de la observación del gasto se aparten de un dictamen realizado por la asesoría letrada del propio tribunal que advierte que no hubo irregularidades en el procedimiento.