Tras fallo del TCA, exministra de Industria deberá declarar por permisos para trasladar estaciones de servicio

La exministra de Industria Elisa Facio comparecerá próximamente a declarar en una investigación administrativa por una denuncia presentada en mayo de 2025, vinculada a la autorización del traslado de dos estaciones de servicio en un contexto de puja de intereses entre empresarios del sector de venta de combustible.

Aunque en primera instancia desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) se consideraba innecesario que Facio concurriera a prestar testimonio, tras varios recursos presentados por las partes reclamantes el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pasó de sostener en agosto que la exjerarca no debía testificar a cambiar su postura en diciembre. Frente a este nuevo criterio, la exministra deberá ahora declarar como testigo por el otorgamiento de los permisos.

La solicitud original de dos estacioneros había sido habilitada en primera instancia por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), pero durante su gestión al frente del MIEM, Omar Paganini la anuló por razones de legalidad. Sin embargo, la construcción de una de las estaciones -que implicaba la reubicación desde el centro de la ciudad de Santa Rosa hacia la intersección de las rutas 11 y 6- continuó. Tras asumir en la cartera, revocó la resolución adoptada por Paganini, basándose en argumentos distintos. Durante el proceso, además, hubo negociaciones con los sellos involucrados, que manejaron la posibilidad de presentar recursos contra la reglamentación en caso de no obtener la autorización.

Para justificar la decisión, la ingeniera dijo que ya “había una inversión muy grande realizada” y que se amparó en diversos informes jurídicos para tomar la resolución. En respuesta, dos estacioneros presentaron una denuncia en mayo de 2025 ante las actuales autoridades de la cartera y reclamaron que se investigue el traslado de la estación de servicio de Santa Rosa, al considerar que el proceso estuvo viciado por presuntas ilegalidades.

Foto: Archivo El País

Señalaron la presunta vinculación de dirigentes del Partido Nacional que, según los reclamantes, uno de ellos habría incurrido en una violación del artículo 124 de la Constitución, ya que prohíbe a los senadores y diputados tramitar o dirigir asuntos de terceros ante organismos públicos o trabajar como directores, administradores o empleados en dichas empresas durante su mandato. En un caso, el involucrado es el primer suplente de Sebastián Da Silva en el Senado, Adrián Silva, uno de los socios propietario de la estación de servicio en Santa Rosa. En el otro, se trataba de un sobrino -dueño de una estación en Young- del en ese momento intendente de Río Negro, Omar Lafluf.

La interpretación de Paganini al momento de revocar los permisos otorgados por la Ursea -organismo que pasó a tener esa competencia a partir de la Ley de Urgente Consideración, cuando antes la tenía Ancap- fue que la autorización se concedió semanas antes de que el organismo votara la resolución final que establecía las condiciones necesarias para habilitar la instalación o el traslado de estaciones de servicio. El fundamento de los empresarios era que las estaciones en el centro de la ciudad no cumplían con los requerimientos vigentes, por lo que invertir en esa ubicación carecía de sentido. Según supo El País, los dos estacioneros que se sintieron perjudicados -por la distancia entre los puntos de carga- presentaron en marzo un nuevo escrito ante el MIEM pidiendo que se investiguen las irregularidades en las adjudicaciones que se dieron y que el MIEM se pronuncie “con la máxima celeridad”.

En el documento, el abogado Daniel Ochs reclamó “una investigación seria sobre lo que sus patrocinadas juzgan como una irregularidad clamorosa en torno a la emisión de autorizaciones de traslado de estaciones de servicio a favor de personal parlamentario que lo tiene prohibido”.

Foto: Archivo El País.

En paralelo al MIEM, también la Ursea está llevando adelante una investigación por este caso. A su vez, la cartera trabaja actualmente en cambios integrales en la cadena secundaria de combustibles y en la reglamentación de las estaciones. Las autoridades actuales tienen como objetivo revisar la normativa también para avanzar en el desarrollo de aspectos vinculados a la carga de autos eléctricos, dijeron desde el MIEM.