DISCREPANCIAS

Uno de los proyectos que generó más polémica en el último tiempo es el de corresponsabilidad de crianza, también llamado de tenencia compartida. Ayer se aprobó con cinco votos a favor de siete en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Quienes se opusieron fueron las frenteamplistas Enrique Rubio y José Carlos Mahia. Ahora, será discutido en el plenario.

Más temprano, las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) asistieron al Parlamento, y para sorpresa de varios no presentaron una única posición como organismo sino que hablaron a título personal.

El presidente del INAU, Pablo Abdala, entiende que es una “propuesta que mejora la legislación vigente, que mantiene la esencia del Código de la Niñez en dos aspectos principales”. “En primer lugar, en un tema que es central: el interés superior del niño. Todo lo que dispone esta propuesta está condicionado a eso. El otro aspecto es la forma de resolver la tenencia. Es decir, o por acuerdo o en su defecto por sentencia judicial”, sostuvo.

Por su parte, el director en representación de Cabildo Abierto, Aldo Velázquez, dijo a El País que planteó “números de violencia” para argumentar su apoyo. Señaló que “se está hablando mucho de los padres abusadores y maltratadores”. En ese sentido, dijo que el “porcentaje de casos en los que el abusador es el padre es menor respecto a otras relaciones con los niños”. “En el caso de abuso sexual, los padres biológicos son el 23%, las parejas de la madre son el 24%, la madre el 3% y otro familiar el 29%”,afirmó. Y, en lo que es explotación sexual, “el padre ha sido el 4% y la madre 17%. Cuatro veces más. Pero en este caso los no familiares son la mayoría: 58%”, añadió.

El cabildante expresó que dentro del INAU tienen “muchos casos de padres que han estado alejados de sus hijos por falsas denuncias”, y “muchas veces a toda la familia paterna”. Aunque aclaró que no tiene cuantificadas las cifras.

También participó en la comisión la directora por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, quien aseguró que el proyecto “pretende invisibilizar la violencia de género y generaciones por medio de la derogación de varios artículos” de la legislación vigente.

Además, en su opinión, “transforma el ordenamiento jurídico que hoy reconoce” a los niños, niñas y adolescentes “como sujetos de derecho a un sistema adultocéntrico que, lejos de garantizar sus derechos, los restringe hasta su invalidación”.

A su vez, indicó que el proyecto “vulnera derechos al hacer modificaciones en el régimen de tenencia, y es realmente preocupante. Por ejemplo, en el artículo 4 reestablece los regímenes de visita en los casos de violencia basada en género eliminando el criterio de prevención, que es el que se tiene que tener en cuenta cuando se está frente a derecho de familia, no de derecho penal”.

Asimismo, dijo que la iniciativa “desconoce el principio de ser oído como principio rector de la convención de los derechos del niño”. “Lo que preocupa es que ante un relato de un niño, niña y adolescente de haber sido víctima de violencia, no lo toma como un indicio fundado para suspender el régimen de visita”, agregó la directora frentista.

También revincula a los niños “con quien fue su agresor, y acá es donde es preocupante porque Uruguay cuenta con evidencia suficiente” sobre la violencia. Y uno de los “problemas para llegar a pronto a la detección de una situación de violencia” hacia esa población es que uno de cada tres no se visualiza como víctima.