CUENCA DEL SANTA LUCÍA

Cuatro precandidatos coinciden en que “urge plan de contingencia”.

Aguas Corrientes se está quedando, paradójicamente, sin agua. A esa altura de la cuenca del río Santa Lucía, donde se potabiliza el agua que consumen 1.800.000 uruguayos, el barro lo está tapando todo. Es un lodo oscuro, casi negro, viscoso, tan denso que dificulta la navegación por el río. Es un barro que, ante una sequía de dos meses, “haría colapsar el servicio de agua potable del sur del país”.

Así lo entienden cuatro de los 27 precandidatos a la Presidencia de la República que ayer participaron de una audiencia pública convocada por el alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso. Como en esas excursiones escolares en que primero se presenta un problema y luego hay una actividad didáctica, Juan Sartori y Enrique Antía (por el Partido Nacional), Gonzalo Abella (Unidad Popular) y Gustavo Salle (Partido Verde Animalista) navegaron por el Santa Lucía y comprobaron cómo la lancha que los transportaba se frenaba en la inmensidad de ese lodo oscuro.

Cada día, OSE vierte al río Santa Lucía 60.000 metros cúbicos de lodo. Esa cantidad de barro, que equivale a 3.000 camiones cisterna, surge del propio proceso de potabilización del agua. Dicho de otro modo, aquello que hace trastabillar a Aguas Corrientes es la consecuencia de su propio motor. Algo así como el dilema del huevo y la gallina, pero con la salud humana en juego.

Es que ese barro no es, aparentemente, inofensivo. Entre sus sedimentos hay arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo, hierro y zinc. Todos componentes que, para ser neutralizados en el proceso de potabilización requiere el uso de más químicos y, por consiguiente, más dinero (y riesgo sanitario). Incluso puede que ese lodo esconda otros tantos residuos que “desconocemos porque OSE jamás presentó un análisis exhaustivo”, criticó el alcalde Alfonso.

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El acceso al agua potable es un derecho humano. De ahí que la Institución Nacional de Derechos Humanos haya tomado cartas en el asunto. El País había hecho una recorrida en noviembre de 2018 y por entonces informó que la Institución había recibido la denuncia de unos vecinos y concejales por el daño que les estaba generando la “negligencia” de OSE. La Institución estudió el caso y le exigió a la empresa pública un plan de contingencia que debía ser entregado en menos de 30 días hábiles.

El tiempo expiró y, según el alcalde Alfonso, “no se cumplió con la exigencia de la Institución”. El precandidato Abella, quien ayer participó de la recorrida por el río, lo resume así: “El lado positivo es que aún el agua es potable, la mala es que no existe plan de contingencia”.

OSE, sin embargo, entregó a la Institución de Derechos Humanos un plan “a cuatro años”. Juan Faroppa, uno de los directores de la Institución, aclara que lo recibido “puede o no contentar a la Institución, pero que aún no fue analizado”.

Para Alfonso, en cambio, la respuesta que OSE le dio a la Institución “es otra tomadura de pelo”. El alcalde contó que desde 1990 se conoce la problemática y que “cada tanto se dice que se va a hacer algo, pero van más de dos décadas sin ninguna concreción”.

Esta falta de plan -o de inicio de obras- sorprendió al precandidato Sartori. El empresario, que pasó las últimas dos décadas fuera del país, dijo que “el asunto no parece alarmar a nadie” y eso que el sistema de agua potable “está atado con alambre”.

Tanto Abella como Sartori coincidieron en que hay un problema de fondo, vinculado a cómo ser un país productivo sin contaminar. El líder de Unidad Popular lo ejemplificó en que la importación del herbicida glifosato (potencialmente cancerígeno) se multiplicó por 14 en los primeros 15 años de este milenio. Y el líder de Todo por el Pueblo lo definió así: “Hemos llegado al límite del sistema de producción intensiva”.

Los precandidatos también coinciden en que hay un problema puntual, el de exceso de lodo, que “deber ser tratado de inmediato y sin preámbulos”.
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Critican la ausencia del gobierno en la audiencia

El gobierno elaboró en 2015 un plan de acción en el río Santa Lucía

“Nadie del gobierno se hizo presente”. Enrique Antía, intendente de Maldonado y precandidato en las internas del Partido Nacional, visitó ayer Aguas Corrientes y quedó “muy preocupado”: un poco por “ver el (no) manejo de los barros que salen del agua” y otro poco por la ausencia de las autoridades de OSE y del Ministerio de Medio Ambiente. Así lo expresó en su Twitter. La ministra de Medio Ambiente, Eneida De León, dijo a El País no estar enterada de la audiencia pública que convocó el alcalde del lugar, Álvaro Alfonso. Incluso explicó que el presidente de OSE, Milton Machado, y el director de la Dirección de Agua, Daniel Greif, “están en una conferencia en el exterior” y no le han “comunicado de ninguna audiencia”.

Aun así, la ministra dijo que “la situación de Aguas Corrientes preocupa, se viene tratando en la interna del ministerio y es un tema complejo porque se mezclan los intereses políticos (Alfonso es alcalde por el Partido Nacional)”. De León se comprometió a hacer público la semana que viene un resumen de la situación en ese municipio de la cuenca del Santa Lucía y en qué se viene trabajando.

Cuando Tabaré Vázquez asumió su segundo mandato, en 2015, lanzó un Plan de Acción para la Protección del Agua en la Cuenca del Santa Lucía. Esa estrategia, que se va actualizando, tiene 11 medidas concretas. La medida número seis expresa: “Implementar una solución definitiva al manejo y disposición de lodos de la planta de tratamiento de agua potable de Aguas Corrientes, de OSE”.

Antía y el resto de precandidatos que asistieron a la audiencia de ayer, en el lugar, no encontraron una bajada a tierra de ese plan. Pero sí se toparon con un proyecto (ideado por dos estudiantes de la Universidad de la Empresa) de construir ladrillos en base al barro del río. La iniciativa sirve para darle trabajo a los lugareños, pero no implica una solución de fondo porque, por día, se vierten 60.000 metros cúbicos de lodo.