AGLOMERACIONES 

Este jueves el Senado aprobó extender el límite al derecho de reunión por 16 votos en 29 en general tras un intenso debate, que derivó en un cambio del primer artículo del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Estas y otras modificaciones fueron planteados por socios de la coalición de gobierno: Partido Colorado y Cabildo Abierto. El proyecto pasó a la Cámara de Representantes, que poco antes de las 20 horas también aprobó (52 votos afirmativos en 89) la iniciativa. Los legisladores frenteamplistas no acompañaron el proyecto de ley. 

Ese primer artículo establecía que el gobierno “podrá prorrogar por plazos de 30 días” el límite al derecho de reunión (medida que en principio regiría por 30 días) mientras durara la emergencia sanitaria por el coronavirus. No obstante, esto fue modificado este jueves y el límite al derecho de reunión será por 120 días. 

El segundo artículo también fue modificado, y ahora indica que los ministerios y gobiernos departamentales están facultados "a prevenir y eventualmente dispersar, así como disponer el cese de aglomeraciones". Fue votado por 16 en 29 votos. 

En tanto, el tercer artículo ahora establece que "la vigencia de las disposiciones contenidas en el artículo 1 de la presente ley cesará de pleno derecho antes del vencimiento del plazo de 120 días establecido en el mismo, en caso de que el Poder Ejecutivo declarase el fin de la emergencia nacional sanitaria". 

De esa forma se extienden las potestades de las autoridades para limitar el derecho de reunión y actuar en aglomeraciones para evitar eventuales contagios de coronavirus. La medida -tomada originalmente en diciembre a través de otra ley- fue prorrogada en febrero pero vence este viernes 19 de marzo. 

Proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que sufrió modificaciones

La senadora blanca Carmen Asiaín dijo que los cambios para que quedara "fijo" un plazo y otras consideraciones del texto fueron por sugerencias del Partido Colorado y Cabildo Abierto. 

El gobierno se valió de la Ley 19.932 que reglamentó el artículo 38 de la Constitución, la cual permite suspender "las aglomeraciones de personas" que generaran un "notorio riesgo sanitario".

La intención de extender esta medida se da en un momento en que Uruguay tiene 10.923 personas cursando la enfermedad, cifra récord en lo que va de la emergencia sanitaria, y 143 personas en cuidados intensivos, también máximo desde marzo del año pasado.

El Frente Amplio no acompañó esta iniciativa, ya que mantiene su postura contraria a esta norma.

Ante la postura del Frente Amplio, la senadora Asiaín, señaló: "Me imagino que dado lo que ha trascendido de que la oposición reclamaba que el gobierno siguiera las recomendaciones del GACH, y que este viene a dar cumplimiento a dichas recomendaciones, yo me imagino que esto va a ser acompañado unánimemente".

"Esto es aplicación de la Constitución, esto no es restricción de una libertad constitucional, esto es aplicación de tratados internacionales de DD.HH. y es además un mandato ético y moral", agregó Asiaín.

La bancada del Frente Amplio se había retirado cuando expuso Asiaín,  y luego volvió a ingresar a sala. El senador frenteamplista Charles Carrera, manifestó que tomaron la decisión de "retirarse" de sala porque "desde el principio el miembro informante tomó una actitud no corresponde". Para el senador, desde la oposición hacen una "lectura totalmente diferente" de las recomendaciones del GACH.

"Desde la oposición, aconsejamos a la senadora Asiaín que lea bien las recomendaciones del GACH. No las entendió", lanzó Carrera, quien luego enfatizó que el gobierno "no está siguiendo" las recomendaciones del grupo experto.

"Las medidas dispuestas por el gobierno son en nuestra opinión diametralmente opuestas a lo que se necesita", resaltó el senador, que llamó a que sea un gobierno "comprometido con el sufrimiento de la gente, que hable con argumentos y que persuada".

Carrera entiende que "no hay evidencia" de que esta herramienta haya sido "de utilidad". Al respecto, destacó: "Hoy, 740 fallecimientos, 11.000 cursando la enfermedad, 143 personas en CTI. En diciembre eran 181 fallecimientos, 5.470 personas cursando la enfermedad y 72 personas en el CTI".

En línea con los dichos del senador Óscar Andrade tras los anuncios de Lacalle Pou en la conferencia de prensa del martes, Carrera enfatizó: "Esto parece ser la ley del sálvese quien pueda, y eso no lo compartimos".

Subrayó además que "la mirada tiene que ser de salud pública y no de seguridad pública". El senador considera que "se han vivido algunas situaciones que han dado lugar a la arbitrariedad y discrecionalidad".

El senador blanco, Jorge Gandini, respondió a su turno: "Si confiamos en la Policía, por qué no darle esta herramienta que además ha sido aplicada, y no hubo ni gatillo fácil, ni abuso policial, ni represión desmedida ni nada por el estilo".

"Vamos a apoyar este proyecto de ley en el sentido de que es un insumo que tiene el Poder Ejecutivo, el poder político, para resolver la situación de pandemia que sufre el Uruguay y el mundo", dijo el senador Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto.

"Estamos asistiendo nuevamente a un país dividido en dos, donde por un lado está el gobierno que sigue poniendo la fuerza del Estado para evitar la aglomeración por la salud pública, y un Frente Amplio que encuentra cualquier excusa para no votar", subrayó el senador blanco Sebastián Da Silva.

Destacó las intervenciones para diluir aglomeraciones "a razón de 60 por día", y lanzó a la oposición: "¿Qué hubiese pasado si los promotores de este relato contrafáctico hubiesen llegado a cumplir su voluntad, que fuera un funcionario de Salud Pública que tuviera que ir a cada una de las aglomeraciones a dictaminar si era cierto o no?", dijo el senador blanco.

La senadora frenteamplista Sandra Lazo criticó que en el proyecto "no se prevé la cantidad de personas que conforman una aglomeración". En tanto, el senador Juan Castillo dijo que están "preocupados" por la situación actual del COVID-19 y destacó que no están de acuerdo con las medidas porque "se quedan a mitad de camino".

Previamente, se aprobó el proyecto de ley remitido por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que implica la aplicación de una serie de medidas tributarias para ayudar a pequeñas y medianas empresas que enfrentan problemas debido a la pandemia. Allí se dispone la exoneración, en un 50%, de los aportes patronales jubilatorios a la seguridad social. También la posibilidad de refinanciar deudas con la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS).

Senadores de la coalición, como el blanco Jorge Gandini y el colorado Tabaré Viera, coincidieron en que el proyecto es "una señal de sensibilidad". El nacionalista Sebastián Da Silva remarcó que está dirigido "a las Pymes para que se recuperen y generen más trabajo".

Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, señaló en tanto que "estas medidas van en el sentido de las que hemos hecho", pero aclaró que "se quedan cortas". "Hay que contemplar también a la mediana empresa nacional, que no está contemplada en este articulado, y creemos que hay que perdurar en el tiempo después de esta pandemia", comentó.

El Frente Amplio votó el proyecto en general, pero en contra del artículo 9 que busca ampliar la facultad del Ejecutivo para definir el porcentaje máximo de abatimiento del Impuesto al Patrimonio. "Creemos que es mejor dejar la regla general y no que el Poder Ejecutivo tenga la discrecionalidad", dijo el legislador Mario Bergara.

"Ha quedado aprobado el proyecto que pasará al Poder Ejecutivo", expresó el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti, tras la discusión en el plenario. De esta forma, el proyecto tiene sanción definitiva.