MAÑANA SE TRATARÁ POR PRIMERA VEZ

El polémico proyecto del gobierno no se asegura aún el apoyo.

Contra todas las previsiones, en un año más electoral que legislativo, el proyecto de ley del gobierno que implementa una política antiterrorista comenzará a ser analizado esta semana en el Parlamento.

El proyecto de ley, remitido en noviembre de 2016, se encuentra en la comisión de Asuntos Internacionales del Senado que lo tratará mañana por primera vez, según informaron a El País fuentes legislativas.

En su momento hubo un pedido de senadores de la oposición para que el documento pasara a la comisión de Defensa "donde podría tener un tratamiento más rápido", señalaron las fuentes, pero ello había sido desestimado por el oficialismo.

Según el gobierno, el proyecto de ley pretende poner al país en sintonía con las legislaciones que han venido adoptando distintos países en materia de terrorismo, sobre todo en la Unión Europea y Estados Unidos pero también en varios países latinoamericanos.

En Argentina, por ejemplo, rige una norma de esta naturaleza desde 2011. Brasil aprobó una ley semejante en 2016, en medio de la severa crisis política que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff.

Por ahora no se puede adelantar un eventual apoyo de todos los partidos a la iniciativa, pero al menos comenzará a ser discutido su articulado. De todos modos, los meses previos a una elección nacional no parecen los más adecuados para un estudio profundo de una ley de esta naturaleza.

El articulado crea distintas figuras penales, establece mecanismos de acción contra el financiamiento -uno de los capítulos que ha despertado más polémica-, crea mecanismos especiales de investigación e inteligencia, así como un sistema de protección de testigos.

El proyecto describe los actos que se considerarán como delitos de terrorismo. Por ejemplo la toma de rehenes intencionada; el poner en peligro la libertad de las personas; causar la muerte o lesiones graves o gravísimas; causar daños graves al medioambiente y/o a bienes públicos o privados; posesión de material radioactivo, fabricación, posesión o utilización; poner en peligro la seguridad de una aeronave o buque, o de personas o bienes a bordo, entre muchos otros.