PARLAMENTO

Anoche el Senadoaprobó el proyecto del gobierno en general por 18 votos en 31. El debate parlamentario por la Ley de Urgente Consideración (LUC) se retomó en esta jornada desde las 9:30 horas.

En la sesión de ayer, la coalición multicolor centró la defensa de la ley de urgente consideración en el "cambio" prometido en campaña y aprovechó para destacar que, pese a insistir en que era inconstitucional, el Frente Amplio terminó votando el 51% de los artículos en la comisión especial del Senado. La izquierda no aprobó el proyecto en general, pero sí artículos particulares.

La oposición, por su parte, se encargó de afirmar que es una "oposición responsable" porque pese a entender que la ley "no es urgente" se negociaron y redactaron textos sustitutivos. Desde la bancada opositora se celebró la caída de artículos, como la desmonopolización de Ancap y la pérdida del monopolio de datos por parte de Antel.

Este jueves el primero en tomar la palabra fue el senador Óscar Andrade, quien en el capítulo de seguridad pública destacó que "es un camino equivocado" la incorporación de la legítima defensa.

"Es un error enorme la incorporación de la legítima defensa a una ley de urgente consideración, pero es todavía más grande modificarla sin tener consenso político", explicó.

Asimismo señaló que esto "se advierte no solo por el Frente Amplio sino por los especialistas en derecho penal".

"Es equivocado no construir acuerdos y hacerlo en contra de lo que dicen los especialistas", agregó.

Andrade fue interrumpido por la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien le señaló que "no estamos en el Renacimiento" y que "cuando yo no sé de algo no opino".

Asimismo Bianchi le recordó a Andrade que "se está olvidando que es el juez el que interpreta la situación" y es este quien va a definir "si se aplica a o no".

"Hay que actualizar esta definición vigente porque la realidad y la sociedad del año 1933 no es la que hoy vivimos. Acá estamos hablando de defensa de los derechos humanos en su esencia. Estamos defendiendo a la víctima, esa es la razón que inspira esta necesidad de modificar este artículo", explicó Carlos Camy, senador del Partido Nacional.

Además remarcó que en este lo que se busca es "introducir pautas que permitan objetivar la apreciación de la racionalidad de la defensa ante el ataque".

Andrade interrumpió a Camy e indicó que la "forma en que se introduce esto más que aclarar, confunde".

Camy, en tanto, hizo hincapié en que "se hayan exentos de responsabilidad penal el que obra en defensa de su persona o derechos o de la persona o derechos de otro siempre que concurra las circunstancias siguientes: a) agresión ilegítima, b) necesidad racional del medio empleado para repelerlo o impedir el daño, c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende".

Andrade volvió a solicitar la palabra y pidió: "Intentemos no colocar el debate entre los que defienden a la víctima y los delincuentes, porque así es imposible discutir".

La senadora Carmen Asiaín, del Partido Nacional, comenzó su intervención diciendo que ayer se hablaba de “emergencias. Se reclamaba que la LUC contuviera emergencia social”, pero para Asiaín “no debe haber algo más urgente que atender la situación de seguridad en que nos hemos vistos inmersos estos años”.

Además, agregó que “primero se dan los hechos y después la ley para atender la situación. Si no estuviéramos inmersos en esta realidad no hubiera sido necesaria esta respuesta de endurecimiento y de extensión de algunas penas”.

Por último, expresó que comprende "conceptualmente" quienes rechazan con la protección del propiedad cuando “ideológicamente no creen” en ese derecho. “Es entendible”. Y agregó que "en nuestro ordenamiento jurídico sigue siendo uno de los derechos protegidos constitucionalmente". 

“Las normas surgen en un momento especial, de una sociedad determinada”, comenzó diciendo su intervención la senadora Graciela Bianchi y agregó que “hoy es necesario en este caso de emergencia en seguridad”. “Cuando logremos salir de esta emergencia, entre todos (…) esto lo podemos modificar o cae en desuso”, pero explicó que en este momento “es especialmente necesario”.

Por otro lado, la senadora dijo que cuando se votó la ley de femicidio, ella no votó “no por no defender a las mujeres, sino porque se aumentaban las penas de una manera brutal solo para los hombres. ¿Vamos a aumentar las penas siempre o no? Seamos coherentes y digamos aumentamos las penas. Porque tenemos que terminar con determinados flagelos”.

Respecto a la LUC, Bianchi dijo que “es necesario profundizar lar normas cuando el Estado está ausente. No por mala intención, no tengo mentalidad conspirativa, confío en todos los funcionarios, pero las cosas no están saliendo bien y en consecuencia hay que ajustar la normativa”.

Respecto al capítulo de legítima defensa, Bianchi dijo que "a mí me parece bien que se mantengan los principios básicos de la legítima defensa y por supuesto necesitamos ir ampliando las zonas de riesgo (…) El senador Andrade se preocupa por la eliminación del numeral tercero, de la legislación vigente, y está barbaro, porque en realidad acá limitamos, porque acá es cuando se defiende un tercero y es muy peligroso lo que se llama el arresto civil" y agreó que "lo que no podemos dejar que abierto es el camino de la justicia por mano propia".

Andrade respondió y dijo que "la intervención de Bianchi me multiplica las dudas". A su vez expresó que "no comparte el capítulo, pero lo entiende" y que, además, le genera "enormes incertidumbres". 

José Carlos Mahía, senador del Frente Amplio, inició su intervención diciendo que espera una jornada de 476 artículos y “vamos por el primero”, pero dijo que “es un artículo muy importante y hace bien el Senado al detenerse a analizarlo”.

Al proseguir dijo que "comparte y entiende la preocupación que tiene el ciudadano", pero lo que no comparte es la herramienta a utilizar: "La propuesta que propone el gobierno no va a traer soluciones, sino que va a traer más problemas".

"El mensaje que se transmite es que con este aumento de penas usted va a vivir sin problemas. No va a tener problemas de inseguridad y va a estar más seguro. Ese es el mensaje. Y estamos convencidos que esta herramienta, el instrumento jurídico, cambia una jurisprudencia que tiene 90 años aproximadamente (…) y plantea una cantidad de conceptos vagos", agregó. 

“Creemos que es una normativa que es punitivista y que tiene el incremento como eje central de su búsqueda de la solución del problema" por lo que considera "equivocado”, dijo Mahía antes de darle la palabra al senador Sergio Abreu.

"En este tema estamos hablando de las causas de justificación que exime la responsabilidad penal y hay varias causas. Para que uno vea el grado de subjetividad que tiene el juez que es el que interpreta la situación y decide eximir u otorgar responsabilidad”, dijo Abreu.

Tras una breve intervención del senador Abreu, Mahía prosiguió diciendo que hay un “incremento del derecho de propiedad que se le busca igualar al de la vida y no deberían ser oponibles. Y si fueran oponibles siempre primero la vida" y agregó que "este tipo de normas que establece el concepto de gatillo fácil lo que puede llevar a promover en los hechos es la justicia por mano propia y más muertes".

Antes de la próxima intervención, la senadora Bianchi manifestó que "acusarnos de que para nosotros vale más la propiedad que la vida es una ofensa gravísima". "No lo voy a permitir y estoy sumamente molesta", culminó. 

Beatriz Argimón agregó, a su vez, que “hablar de quienes no están a favor de su posición que no están a favor de la vida nos parece que no corresponde, señor senador".

Mahía manifestó que lo que dijo es que la norma que se propone “prioriza el derecho a la propiedad o genera una igualación. Supongo que no estoy ofendiendo a nadie. Es mi opinión política”. “No aludí a ninguna persona ni partido. Digo que esa norma genera esta consecuencia. Eso está absolutamente dentro de mi potestad", agregó el senador del Frente Amplio. 

Gustavo Penadés participó en la discusión y dijo que “si yo en este momento dijera los que no están de acuerdo con la ley, defienden a los delincuentes, a los narcotraficantes, defienden a la ocupación de la propiedad, cómo se podrían sentir y no aludí a ningún partido ni a una persona”. "¿Es ese el camino? Nosotros no lo queremos transitar", dijo el senador. 

La senadora Amanda Della Ventura, del Frente Amplio, manifestó que no cree que "sea el camino. Que capaz que mañana hay otro tipo de víctimas producto de la aplicación de este artículo".

Enrique Rubio, también del Frente Amplio, inició su intervención diciendo que le “sorprende esta manera de legislar” y que es una legislación "confusa, e improvisada". 

El numeral tercero “refiere a las cosas y a las personas. Y cuando refiere a las cosas es mucho menos preciso y el límite no está delimitado. Por eso el Instituto de Derecho Penal dice que esta presunción resulta desatinada en virtud de que se le brinda mayor protección a los establecimientos que al propio hogar como sagrado e inviolable”.

Tras la intervención de Rubio se votó esta primera normativa: 18 en 28 afirmativos. 

Eduardo Bonomi, senador del Frente Amplio, justificó su votación y dijo que "el peor criterio para hacer las cosas es decir 'esto no da para más'. Algo hay que hacer no, hay que hacer lo adecuado". "Los delincuentes se van a volver más violentos y va a aumentar el número de víctimas".

Por último manifestó que "no intervine porque no voy a convencer a nadie (...) pero quiero que quede en acta lo que pensamos que va a pasar, que no es lo que se espera".

El senador Charles Carrera participó tras la votación para dejar constancia del voto negativo.

El senador Germán Coutinho, del Partido Colorado manifestó, por su parte, que se votó "convencidos de que es una herramienta necesaria para el cambio". 

Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, expresó que no se siente "ofendido por ninguna opinión discrepante, porque estamos sentados para discrepar y debatir". Pero cree que estas normas "no privilegian la propiedad sobre la vida".

Sergio Botana, senador del Partido Nacional, dijo que "no estamos en una discusión entre la propiedad y una vida. Estamos en un debate entre una vida y otra vida. Y en ese caso yo sé muy bien en qué lado me debo poner y por eso he votado lo que he votado". 

Rubio dijo que ya había justificado su voto y agregó que "cuando se legisla de determinada manera se puede obtener el efecto contrario; que en este caso, podría ser que se produzca un corrimiento del delito".

Tras estas justificaciones se pasó a votar el segundo artículo con 30 afirmativos en 30. 

Respecto al artículo tercero, Andrade dijo que encontró "varios problemas" y que tienen distintas preocupaciones. "La norma actual ya habilita al juez para que en determinadas circunstancias la pena para el coautor se le unifique a la pena del autor del delito, pero en este caso estamos hablando del cómplice", agregó y el "cómplice tiene un papel marginal en el delito" y sin su participación "el delito sigue igual". 

Camy le siguió al senador del Frente Amplio y manifestó que "en este artículo particular dejamos constancias de que se aumentan las penas" y que cree que sí sirve esta medida.

También agregó que "el cómplice no es el autor, pero es cómplice. No es un compañero simplemente. Es un cómplice de un secuestro. Es un cómplice de una rapiña. Y es un cómplice de una rapiña con privación de libertad".

"En todas las disciplinas hay muchas opiniones ", dijo en su intervención la senadora Bianchi. La figura del cómplice, dijo, "la ubico en la figura del partícipe necesario". Este "puede no ser coautor, pero puede ser cómplice. Y no siempre la figura del cómplice es secundaria". "¿Quién va a valorar si hay que aplicarle la misma pena? El juez", finalizó Bianchi.

Óscar Andrade pidió su participación y manifestó que "equiparar la pena máxima cuando hay una participación marginal es lo que nosotros consideramos que es un error".

La senadora Bianchi participó para responder al senador del Frente Amplio: "Sicariato. El que maneja la moto al que viene atrás para cometer uno de los delitos más graves, ¿es cómplice o es coautor? Yo quiero que lo decida el juez. Yo quiero que al que maneja la moto reciba la misma pena". 

Carmen Asiaín manifestó que se está hablando de delitos graves y se está tratando de ridiculizar. "Estamos hablando de casos de rapiñas con privación de libertad, estupefacientes", agregó. 

Para culminar, sobre este artículo expresó que "le está dando un espaldarazo al juez que opta por la máxima". 

Luego se votó el tercer artículo: 18 en 31 afirmativos. Tras la votación se procedió a votar el artículo cuarto, pero previamente participó el senador Carrera. 

Carrera dijo que "no se puede crear un delito de esta forma. Y que lo más peligroso de este delito, junto a otros artículos, están criminalizando la resistencia al arresto y es una criminalización del derecho a la protesta".

Camy dijo que "vamos a acompañar este artículo y que es una medida que respalda la acción policial. Tenemos esa convicción (...) por eso establece la penalización en un delito nuevo a quien ejerciera resistencia física al arresto del policía".  

"Es una tipificación delictual nueva" explicó y agregó que "el que resista al arresto agrediendo o que atente contra la policía, el que impida a través de la resistencia física o facilite una fuga. Eso es lo que se está tipificando, no otras cuestiones". 

Carrera dijo que sí considera que hay que "respaldar a la policía. Pero este camino no es el correcto". "No compartimos el camino de crear figuras autónomas donde ya existen delitos que prevén esas situaciones. Y no queremos que se diga que nuestra fuerza política no respalda a la policía". 

Sergio Abreu dijo que el respaldo no es solo a la policía, "sino al orden público". Para terminar su intervención, Abreu manifestó que "es bueno que avancemos en la prevención de estas cosas porque uno tiene que ver que hay cosas en el mundo de las relaciones y del orden público que son contagiosas". 

El senador Jorge Gandini, del Partido Nacional, manifestó que votó este artículo porque está "convencido que es una manera de respaldar a la policía. Y no digo que quienes no lo votan no lo estén respaldando. Me dan vergüenza esas situaciones cuando un policía en el cumplimiento de su tarea e ingresa a una zona, quiere detener a alguien, ese alguien se resiste y encima es defendido por sus vecinos que lo ayudan a resistir. La policía tiene que dar marcha atrás. No tienen defensa. Entonces ¿qué hace el policía? Me parece que es una manera de respaldarlo: 'Vaya y cuando usted dé la orden y alguien se resista físicamente, ese está cometiendo un delito'. Y si salen cuatro vecinos y agarran al policía, esos también cometen un delito".

18 en 31 afirmativos fue la votación del artículo cuatro. Para el artículo quinto, 18 afirmativos en 31. 

Tras esta votación, el senador Penadés propuso que los artículos  6, 7, 8 y 9, que en comisión fueron votados por unanimidad, se voten en bloque en el plenario. 31 en 31 afirmativos todos los artículos. 

Antes de votar el artículo décimo, el senador Andrade dijo que tuvo una "sorpresa" al leer el texto porque en el artículo "se multiplicó la pena a seis años". 

La votación del artículo décimo fue 18 en 30 afirmativos. 

Charles Carrera pidió discutir el artículo 11, que refiere al "agravio a la autoridad policial", y dijo que este artículo, junto a otras normas, "atenta contra lo que es el derecho de reunión, de libertad de expresión". 

"Dar la autonomía a este delito no es bueno", agregó. "No vamos a acompañar esta norma, porque no existe motivo alguno para que este tipo de normas sea legisladas en nuestro reglamento. Modestamente entendemos que cuando se habla de respaldar a los efectivos policiales no se puede proponer este tipo de disposiciones", prosiguió. 

"No hay necesidad de tipificar un nuevo delito porque las conductas descritas en el artículo 11 ya están penadas", culminó. 

Andrade, por su parte, dijo que "nosotros no estamos votando leyes para este gobierno, sino que las leyes son generales y abstractas". Diferentes instituciones internacionales coincidieron, según Andrade, que la "tipificación es amplia y abierta y se presta a discrecionalidades".

Por otro lado, agregó que "el conjunto de mensajes simultáneos que estamos dando lejos de generar la perspectiva de respaldo a la policía, que es lo que estimula a los legisladores del gobierno a colocar este tipo de normas, puede abrir la puerta a discrecionalidades". 

Para la senadora Asiaín este artículo lo que está haciendo es "preservar el derecho a la reputación de los funcionarios policiales, protegido nada menos que la Convención Interamericana de Derechos Humanos". 

Al respecto, el senador frenteamplista Daniel Olesker señaló al respecto que la ley de urgencia "aumenta el carácter represivo. Se debería establecer una escala de insulto a policías. Salvo que se nos diga que va a haber una escala de insulto, como bajo, medio y alto. El riesgo de que un insulto de cualquier tipo sea integrado aquí está".

En esa línea, Olesker señaló: "Nuestra tarea es advertir es que tal como está redactado no da garantías. Tampoco entendemos cuál es la diferencia si lo hacen tres o más personas".

A su turno, el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, respaldó el contenido de la ley de urgente consideración al señalar: "Defendemos que se considera agravio al que insulte al policía cuando está en funciones. Defendemos el trabajo del Policía y damos un voto de confianza a que la Justicia tendrá la sabiduría para definir con equilibrio".

Al respecto, agregó: "Estamos contribuyendo a una paz que mucha gente viene demandando desde hace tiempo".

El exministro del Interior y actual senador, Eduardo Bonomi, señaló que la ley de urgencia "establece que los gritos sean pasibles de ser llevados a la Justicia".

"No entiendo a la gente que dice que hay que escuchar a la gente que votó a favor del plebiscito, cuando perdió. Con ese criterio nosotros perdimos por poquito", dijo en referencia al plebiscito "Vivir sin miedo que impulsó el actual ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

"Estamos metiendo por la ventana lo que no entró por la puerta. La Justicia actúa en un marco de la ley, no desconfió de la justicia, desconfió de la ley que establece prisión de tres meses a 18. Esto va por distintas vías a la criminalización de la protesta", agregó en esa línea.

El artículo fue votado fue 18 en 30 afirmativos. En tanto, el artículo 12 también fue votado 18 en 30 afirmativos. Además, el articulo 13 fue votado 17 en 29 afirmativos. La votación del artículo 14 fue 18 en 30 afirmativos. Luego se votó el artículo 15: 18 en 31 afirmativos.

El debate se reabrió con el artículo 16, que trata la "agresión a trabajadores de la educación, la salud y el transporte y a los bienes afectados a esos servicios".

El senador Sebastián Sabini dijo al respecto: "Cuando se violenta un educador, esa persona sufrió violencia. Lo que yo me pregunto es si con esto resolvemos el problema de fondo que es la convivencia en los centros".

"Ponerle multas o penas de otro tipo no resuelve y lo que quiero decir que las soluciones tienen que venir del mundo educativo, no de una nueva pena. No recaen igual sobre todos, el que no pueda pagar tiene que cumplir con lo que establece el artículo", agregó.

"Puedo imaginarme de dónde viene, lo voy a dejar en la imaginación porque no tengo pruebas, me alegro que intervención genere hilaridad pero es tema muy grave", dijo.

Al respecto, Graciela Bianchi, dijo: "Trabajé 42 años en la Anep cuando vi este articulo no me gustó tampoco. Estoy de acuerdo que esto tiene que venir por solución educativa".

"Una madre me pegó una trompada en el brazo porque no le cambié la hija ( de 17 años) de turno", dijo.

"No siempre hay una agresión previa de la institución, me dio una buena piña en el brazo. No hice la denuncia, lo resolví por la vía educativa. Me terminó de convencer de porque esto está en el marco de cambios de las normas del sistema educativo donde la convivencia será una línea transversal", remató.

Luego, los legisladores consideraron el capítulo V de la ley de urgente consideración que trata sobre "normas sobre adolescentes privados de libertad".

A su turno, el senador frenteamplista Charles Carrera consideró que "es un capítulo que hay mucho retroceso".

"Creo que son 280 los adolescentes privados de libertad llegamos a tener 1.000. No lo vamos a acompañar a este capítulo".

En esa línea dijo: "Acá hay mucho retroceso, por ejemplo el régimen de semi-libertad que tiene que ver con el permiso para visitar a su familia o realizar actividades externas. Lo mismo lo que tiene que ver con la duración de las medidas".

"A titulo personal digo que me dio buena impresión la nueva presidenta del Instituto, cuando dijo que el proyecto original no se podía compartir".

Respecto al artículo 77, que refiere al aumento de penas a menores infractores, el senador comunista Óscar Andrade señaló a su turno: "No estamos desbordados en esto. Nos deberíamos tomar tiempo para discutir estas cosas".

En esa línea, graficó que la "participación de adolescentes en homicidios fue 3% el año pasado. Estamos en el momento donde el nivel de reincidencia es el más bajo, es un 25%".

Sobre este capítulo, la senadora nacionalista Gloria Rodríguez señaló: "Vote el aumento de penas a adolescentes, consciente de que esto no soluciona la situación".

Al respecto, destacó: "Tenemos que trabajar en la rehabilitación, porque los jóvenes que están en el Inisa no tienen proyección ni expectativa". 

A su turno, el opositor Enrique Rubio subrayó: "En modo alguno dejamos de votar penalidades por el problema que se incremente la población carcelaria por la falta de plazas".

Pasadas las 19 horas se terminó de votar el capitulo de seguridad. 

Luego se discutió el artículo 129 que habla sobre los "tratados internacionales y cooperación internacional" en materia de educación.

La senadora Graciela Bianchi destacó que "si dice '(...) no se suscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con Estados u organismos internacionales, que reduzcan la educación a la condición de servicio lucrativo' y antes decía '(...) que directa o indirectamente signifiquen considerar a la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización' porque desde el punto de vista técnica administrativa lo anterior era un mamarracho", lanzó.

"Ahora se le da una orden directa que nosotros los legisladores al ministro este, a cualquiera, al Estado, de que no se pueden firmar tratados internacionales que nos lleven a la mercantilización de la educación", dijo Bianchi.

Por su parte, la senadora frenteamplista Carolina Cosse consideró que se "abre un flanco con lo que queda escrito para un posible proceso de mercantilización, que está trabado en la redacción vigente".