CÁMARA DE SENADORES

"Vino por Botana y se va por mí”, dijo el senador socialista Daniel Olesker entre risas cuando se retiró de sala el presidente Luis Lacalle Pou, mientras se debatía ayer la ley de urgente consideración, quese aprobó anoche en el Senado en general y con los votos de la coalición.

El senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía utilizó la palabra “estampida” para alertar a Olesker de la salida de Lacalle Pou. “No se lo tome personal”, señaló la vicepresidenta Beatriz Argimón y Olesker asintió. Todos los senadores se rieron del comentario que hizo y minutos antes tanto desde el Partido Nacional, como el Frente Amplio y el Partido Colorado, saludaron la presencia del mandatario. Lacalle Pou y sus asesores fueron los únicos en pisar la barra, porque debido a la pandemia del coronavirus no ingresó público como se acostumbra.

En la sesión, la coalición centró la defensa de la ley de urgente consideración en el “cambio” prometido en campaña y aprovechó para destacar que, pese a insistir en que era inconstitucional, el Frente terminó votando el 51% de los artículos en la comisión especial del Senado. La izquierda no aprobó el proyecto en general, pero sí artículos particulares.

Del otro lado, el Frente Amplio se encargó de afirmar que es una “oposición responsable” porque pese a entender que la ley “no es urgente” se negociaron y redactaron textos sustitutivos. Desde la bancada opositora se celebró la caída de artículos, como la desmonopolización de Ancap y la pérdida del monopolio de datos por parte de Antel.

El presidente de la comisión especial y senador nacionalista Gustavo Penadés aseguró que se recibieron 160 delegaciones en el correr de 22 días y destacó que más del 50% de los artículos se votaron por unanimidad. “No cayeron en saco roto muchas de las críticas”, afirmó.

“Se dice que el FA acompaña el 51% de los artículos, para nosotros esa discusión no es importante. Para nosotros la discusión no está ahí. Está en que el Frente Amplio ya definió que va a votar en general en contra de esta ley, porque no podemos consentir esta forma de gobernar y legislar”, respondió el coordinador de la bancada de la oposición Charles Carrera (MPP).

La defensa de la coalición del texto se centró en la necesidad de un cambio en políticas como seguridad y educación. Al tiempo que se evaluaron como positivas las modificaciones introducidas en el Parlamento. Desde el Partido Colorado, el senador Adrián Peña (Ciudadanos) destacó que como resultado del trabajo en comisión “hay un proyecto mejorado”.

“Tenemos un mejor proyecto que el que ingresó (…) Hubo tiempo de escuchar, de tomar nota y de corregir, cuando fuera necesario, y por eso barrimos las posibles inconstitucionalidades”, subrayó Peña.

El senador nacionalista Jorge Gandini también hizo una defensa de la ley. “El mandato que nos dio la gente fue cambiar y hoy estamos aquí debatiendo esos cambios (...) La gente nos encomendó a diversos partidos que nos pusiéramos de acuerdo para cambiar ciertas cosas”, aseguró.

“Cuando uno llega a un lugar, las cosas que están mal y muy mal, hay que cambiarlo rápido. No se pueden perder meses ni años cuando hay que hacer cambios sustantivos”, justificó en la misma línea el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. Como ejemplo citó dos áreas: la seguridad y la educación. En ese marco preguntó: “¿Cuánto más tiempo es necesario discutir cuando todos los días muere gente víctima de la inoperancia del Estado?” Sobre el mismo concepto insistió el senador Germán Coutinho (Partido Colorado), quien dijo que la LUC “es la continuidad del cambio”. “Ganó el cambio y es eso lo que hoy estamos plasmando”, subrayó.

Por su parte, desde el Frente Amplio se destacaron los cambios alcanzados respecto al proyecto original remitido por el Ejecutivo. “No me cuesta reconocer que esta ley de urgente consideración no es la misma que empezamos a discutir en comisión", señaló el exministro y senador Eduardo Bonomi.

En ese marco, aseguró que “perdió parte del afán privatizador que tenía la LUC original, pero mantiene lo que pretendía el Poder Ejecutivo: un marco adecuado para desarrollar su programa de gobierno". Como aspecto negativo dijo que “se desmanteló la inclusión financiera” y en materia laboral subrayó que se “afecta el derecho de huelga y la libertad sindical”.

A su turno, Mahía definió el trabajo del Frente Amplio como el de “una oposición responsable” y dijo que se votó el 46% de los artículos de la LUC, pero solo el 17% se corresponden a la versión original. Cuestionó los cambios en educación, áreas protegidas, derecho de los trabajadores y seguridad, donde dijo hay “una especie de combo que genera un desbalance punitivo”.

Mucho más duros, Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) y Olesker (Partido Socialista) cuestionaron aspectos de la ley. El primero alertó por una ley “boomerang”, donde “se levanta la vara tan alto y hace promesas de resultados inmediatos tan altos que después se encontrará con la realidad”.

Rubio dijo que si bien “se minimizó el daño” se equivoca el camino en seguridad pública. Alertó que se generará una “inflación en materia carcelaria” y un “resultado muy, pero muy malo (...) El doctor (Jorge) Larrañaga, si sigue estando en el ministerio, se va tener que confrontar con una realidad que lo va a desbordar y eso es malo para los uruguayos”, dijo.

Por su parte, Olesker consideró que la LUC es “conservadora y restauradora” y tiene “un sentido liberal, punitivo y represivo”. También dijo que se apuesta a la “desestatización”, el “gatillo fácil” y “la inflación penal para adolescentes”.

En su intervención Manini Ríos, dijo que no compra “libretos de otras latitudes”, en referencia a críticas de organismos internacionales a algunos artículos de la LUC. “Se menciona a la ONU, siempre son extranjeros los que opinan, y dicen que está mal tomar tal o cual medida. Creo que acá tenemos que tener un mínimo de artiguismo, razonar por sí mismos y no por la mente de extranjeros que elaboran sus libretos en otros lados y acá los ejecutamos como peones serviles”, señaló. El comentario motivó una respuesta del senador comunista Óscar Andrade, que pidió no caer en el “insulto”, no caracterizar a legisladores como “peones serviles” y “menos” dar clases de artiguismo.