Rendición divide al oficialismo: mensaje del gobierno dispondrá de US$ 20: de aumento y genera críticas de blancos

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La Rendición de Cuentas que discutirá el Parlamento en las próximas semanas no es una más, ni para el oficialismo ni para la oposición. Es la última de este período en que, por ley, se podrá aumentar el gasto -por ser un año preelectoral- y la que signará los primeros meses del próximo gobierno.

El Poder Ejecutivo ya dejó en claro las principales señas de la iniciativa en la visita al Parlamento que hizo este jueves la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en donde fue recibida por legisladores de todos los partidos de la coalición gobernante que forman parte de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda.

El mensaje fue preciso: más allá de los aumentos ya asignados en las rendiciones anteriores, el proyecto no dispondrá de otro incremento de gasto que no sean los US$ 20 millones que ya anunció el presidente Luis Lacalle Pou para financiar programas de atención de salud mental y adicciones, para lo cual se prevé una respuesta articulada desde varios ministerios, coordinados por el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés.

Y esto fue recibido de distinta manera por parte de la coalición oficialista, e incluso en filas del Partido Nacional. Porque mientras que hay legisladores blancos que vieron con “cautela” esta primera presentación, a sabiendas de que quedan días de conversación antes de que el proyecto entre a Diputados -sin contar todo lo que puede cambiar en la negociación parlamentaria propiamente dicha- hay otros dirigentes de este mismo partido que ya ven con malos ojos la postura del gobierno.

“Una Rendición de Cuentas con casi gasto cero”, a meses de la campaña electoral -graficó un legislador nacionalista-, “puede hacer perder la elección”. “Los comió la oficina, no tienen idea”, agregó este dirigente, desilusionado.

Y es que, en los descuentos, y con el Balance de Ejecución Presupuestal sobre la mesa, en todas las reparticiones del Estado se está intentando negociar qué porción de la torta les tocará esta vez.

Fuentes al tanto de las negociaciones llevadas adelante por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por ejemplo, señalaron que allí se está procurando un refuerzo económico para el sector granjero.

La asignación de recursos por el déficit hídrico, uno de los puntos en los que la oposición hará hincapié, “no está en discusión”, al menos dentro de esta cartera. Desde el primer día el presidente se comprometió a que no faltaría dinero para atender a los productores, dado que el Fondo Agropecuario de Emergencia se ha visto reforzado por otras vías.

El diputado blanco que tutelará la discusión parlamentaria en comisión, Juan Martín Rodríguez, instó a esperar al 30 de junio -fecha límite para que el Poder Ejecutivo remita el proyecto de ley- para conocer con exactitud el articulado. El anuncio de los US$ 20 millones para salud mental y adicciones, dijo a El País, “no quiere decir que sea lo único a lo que se asignará recursos”.

“Aguardaremos a recibir el texto para saber si hay otras propuestas con costo incorporadas”, apuntó. Como es habitual año a año, ante recursos que no fueron ejecutados, siempre está la posibilidad de reasignarlos a ese u otro organismo para cumplir nuevos cometidos, recordó.

Además de las eventuales diferencias dentro de la coalición, también es de esperar una confrontación directa con el Frente Amplio, que afirma que la administración del presidente Lacalle Pou ha recortado presupuesto en cada Rendición de Cuentas, y además pretende un mayor incremento del gasto que el anunciado.

Días atrás, ante vecinos que se acercaron al Comité García Lorca, la diputada Ana Olivera -que integra la Comisión de Presupuestos- contó que la oposición ya empezó a hacer un repaso de los números.

“Hagamos una operación de todo lo que fuimos perdiendo a lo largo del Presupuesto Nacional y las sucesivas Rendiciones de Cuentas, de lo que perdieron los trabajadores públicos y privados, de lo que perdieron los jubilados. Para que no nos vengan a decir en el último año: ‘Estos son nuestros resultados, miren cuánto y cómo hemos crecido’”, arengó la exintendenta, y subrayó que lo que está en juego “no son números” solamente, sino la vida de los uruguayos.

A modo de ejemplo, Olivera señaló el Decreto 90 de 2020, que topeó los gastos de funcionamiento e inversiones en 85%; y la decisión de solo reponer una de cada tres vacantes generadas en el Estado, salvo en cuatro rubros, lo que particularmente en OSE -en la primera línea de batalla ante la actual crisis hídrica- estaría generando dificultad para desempeñar tareas, según la legisladora.

Como un anticipo de la discusión venidera, y hasta un déjà vu de los anteriores debates parlamentarios, el oficialismo rechaza en bloque esta visión, que considera un “relato” de la oposición. Tanto Juan Martín Rodríguez como Conrado Rodríguez, su par colorado, usaron este término para definir los planteos del Frente Amplio.

Tras la reunión con Arbeleche, según el diputado herrerista, quedó claro que hubo “sucesivos incrementos presupuestales, tanto los votados por ley como los refuerzos dados por el Ministerio de Economía y Finanzas”. “La ministra dejó en evidencia que no hubo un solo año donde el presupuesto a disposición de los incisos fuera inferior al de 2019”, subrayó Rodríguez.

Además, mencionó las rebajas de IRPF y de IASS, renuncias fiscales que harán mella en el balance que presentará el gobierno y son un beneficio directo para parte de la población. El Frente Amplio ha contraargumentado que hubo un cambio de criterio para ajustar las franjas de ambos impuestos, y que antes se había eliminado la devolución de dos de cuatro puntos de IVA al pagar con débito, neutralizando así el alivio tributario.

En la última oportunidad para modificar el Presupuesto Nacional antes de las elecciones, naturalmente cada sector aprovechará la instancia para procurar que sus iniciativas se concreten. El diputado cabildante Sebastián Cal trasladará dos propuestas a su bancada. Una, según explicó a El País, responde a un “debe histórico”: los costos de la cobertura médica en las escuelas del interior del país. A diferencia de lo que ocurre en Montevideo o en Canelones, “muchas veces” las familias tienen que hacer el esfuerzo económico, a través de las comisiones de fomento, lo que el legislador buscará revertir en el debate. También pedirá un acelerador lineal para el Centro Oncológico de San Carlos, en Maldonado, para que los pacientes sometidos a radioterapia no deban viajar a diario a la capital.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, que integrará la comisión parlamentaria, contó a El País una de las propuestas que hará en este ámbito: la generación de una comisión interinstitucional que estudie la demografía en Uruguay para elevar recomendaciones al Poder Ejecutivo.

“Todos en la discusión de la reforma de la seguridad social dijimos que era preocupante la variable demográfica. Tenemos una baja tasa de natalidad: en 1995 los nacimientos fueron 59.000 y en 2021 fueron 32.000. Esta situación también tiene repercusiones en la vida económica del país y en la sustentabilidad a futuro. Es hora de discutir qué políticas debería llevar adelante Uruguay, por ejemplo, analizando el tema de la tasa de natalidad y las corrientes migratorias”, comentó el legislador del sector Batllistas, entre otros planteos que trasladará en comisión, como la posibilidad de reforzar el presupuesto de reparticiones como la Dirección Nacional de Registros o la Dirección Nacional de Catastro.

En tanto, desde el Frente Amplio se han hecho muchos planteos sobre las aparentes carencias presupuestales. Yamandú Orsi, intendente de Canelones y aspirante a la Presidencia de la República, señaló en un Almuerzo de Trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing que en la Rendición de Cuentas “sería deseable que la prioridad sea reconstruir, levantar, amortiguar los impactos que nos dejó (la sequía), que por supuesto no estaba dentro de los planes del gobierno”. “El impacto significaría en Uruguay la pérdida de dos puntos del PIB”, agregó.