Redacción El País
Habrá gasto pero será mesurado y con una prioridad desde hace tiempo anunciada: atender la salud mental y las adicciones de los uruguayos, con un programa y una coordinación interinstitucional sobre lo que se trabaja también desde hace semanas.

Los ministros del gobierno de Luis Lacalle Pou llegarán hoy a la reunión de gabinete que se hará en la tarde con la expectativa de comenzar a escuchar, de una forma más concreta, de qué manera hará el presidente para bajar a tierra lo que adelantó el 15 de marzo pasado en un almuerzo de la Asociación de Directores de Marketing: “Creo que la proa de este gobierno rumbo a la Rendición de Cuentas -había anticipado el mandatario- tiene que estar puesta en la salud mental y adicciones, que es el gran desafío que tenemos por delante”.

Entre quienes escuchaban el discurso en el Hotel Radisson estaba -además de los frenteamplistas Fernando Pereira y Yamandú Orsi- la ministra de Salud Pública, Karina Rando, asumida en el cargo desde hacía tan solo 48 horas -tras la dimisión de Daniel Salinas el 13 de marzo. Pero la jerarca ya estaba al tanto del trabajo que tendría que encarar a la brevedad, sobre lo cual, de hecho, ese mismo día y allí mismo, comenzó a conversar al respecto con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, ya que ambas carteras tendrán un rol protagónico en el diseño que prepara el gobierno. Con él se busca dar respuesta a una problemática que Lacalle Pou reconoció que “se agravó después de la pandemia” por el covid.

Por lo pronto, lo que ya está en funcionamiento es un equipo integrado por representantes de la Junta Nacional de Drogas, ASSE, además de los ministerios de Salud y Mides, enfocado en la búsqueda de salidas a las personas englobadas en este fenómeno, cuya enorme mayoría se encuentra en situación de calle.

Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que lo que se procurará es tanto el refuerzo de las acciones que ya se ejecutan como la introducción de “elementos nuevos” que están todavía bajo análisis. “Se está estudiando cuánto dinero será necesario y como se terminará de instrumentar”, señalaron los informantes. Hay, sin embargo, un estimado monetario: el nuevo plan involucraría unos US$ 20 millones anuales.

Esto, entonces -y según indicaron desde el gobierno a El País- será parte de lo que se abordará en el Consejo de Ministros que se hará en la Torre Ejecutiva desde las 17 horas de este miércoles y en donde, justamente, se mostrarán “las bases” y los lineamientos del mensaje presupuestal que el gobierno debe enviar al Parlamento antes de que termine junio.

Lo que está claro es que por más que esta sea la última rendición en la que el gobierno está habilitado a proponer un aumento de gasto -así lo marca la Constitución, siendo el 2023 año preelectoral- el incremento no será de la magnitud del año pasado -que fue del entorno de los US$ 300 millones-, aunque habrá demandas varias de todos los organismos y partidos de la coalición oficialista.

Algunos ya comenzaron, como el fiscal de Corte, Juan Gómez, quien ya se reunió con Lacalle Pou esta semana y -en un encuentro que el jerarca de la institución calificó como “afable”- planteó la necesidad de crear fiscalías especializadas varias, lo que insumiría más de US$ 15 millones, según infor-mó El Observador y confirmó El País; o como también lo hizo la Universidad de la República (Udelar), que reclama un aumento de $ 4.000 millones.

Los socios de la coalición, pese a que sus dirigentes no han tenido todavía instancias de definición, ya manejan, si no prioridades, sí determinados énfasis que solicitarán estén presentes en la discusión presupuestal (ver recuadros).

Y algunos ministros, además del Mides y Salud, también comienzan a delinear sus necesidades, como es el caso de Ambiente, que tiene más que presente la crónica crisis hídrica que enfrenta el país, por lo que el colorado Robert Bouvier ya decidió que presentará “algunos pedidos vinculados con el agua”, de acuerdo a lo señalado a El País por fuentes de esa cartera. Pero no solo eso, porque Ambiente tiene también bajo su órbita la ejecución del Plan Nacional de Gestión de Residuos, para lo cual se solicitará asimismo un incremento de recursos.

El Partido Independiente, por su parte, y por más que aún es temprano, ha tomado como bandera la necesidad de bregar por la primera infancia, asunto que ha sido atendido en la Rendición de Cuentas de 2021 con el aporte de US$ 50 millones anuales.

Pero para ellos no es suficiente. “Sigue siendo un debe del Estado uruguayo porque no es un tema nuevo, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo”, dijo a El País el diputado de este partido, Iván Posada. “Es notorio que durante los gobiernos del Frente Amplio hubo un descenso muy importante de la pobreza en general, pero la sobrerrepresentación que tiene la infancia y la adolescencia en la pobreza es muy grande”; agregó el legislador.

Esta última rendición, que por ser la última las demandas suelen intensificarse, llega también en un particular momento de la coalición de gobierno, que sobrevivió a dos crisis grandes generadas en las negociaciones de este año por la reforma jubilatoria y en la polémica detrás de la destitución de la ministra Irene Moreira por entregar casas en forma directa y discrecional a personas que conocía. En ambos casos estuvieron gobierno y Cabildo Abierto enfrentados, por lo que hay quienes reflexionan que lo que se viene ahora a partir de julio será otro frente de batalla que pondrá a aprueba al oficialismo.

Con este escenario en el horizonte cercano, el presidente resolvió organizar, en esta misma semana, otro encuentro con todos sus ministros pero esta vez informal: la idea es compartir un almuerzo este viernes al mediodía en la residencia presidencial de Anchorena (Colonia), una instancia que estaba pendiente desde antes de la pandemia y que en el Ejecutivo entienden que servirá para bajar tensiones y generar camaradería cuando ya se está entrando en el tramo final de la administración y en momentos en que el Frente Amplio gana terreno en las simpatías de los uruguayos, de acuerdo a varias encuestas.