En cuanto a la Rendición de Cuentas, el gobierno de Yamandú Orsi superó su mayor obstáculo al aprobarla en la Cámara de Representantes, donde debió aliarse con Cabildo Abierto (CA) para conseguir los dos votos que necesitaba para alcanzar la mayoría. Ahora, el proyecto entra al Senado el próximo miércoles con un panorama distinto.
El Frente Amplio (FA) tiene mayoría propia en la cámara alta, por lo que no necesita negociar con blancos y colorados para viabilizar sus propuestas.
Sin embargo, del lado de la oposición, la óptica no es la misma que en Diputados. Teniendo en cuenta la mayoría del FA, los senadores opositores de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda esperan que el oficialismo no “imponga” sus iniciativas sin diálogo fuera de filas frentistas.
“Se tiene que respetar el esfuerzo y el trabajo de los diputados. El FA tiene que saber que, si hay cosas que nosotros no acompañamos en el Senado y que van en contra de lo que los diputados lograron en el plenario, no puede pasar como el año pasado” en la Ley de Presupuesto, aseguró el senador colorado Robert Silva en diálogo con El País.
Tanto en el Partido Nacional como en el Colorado, entienden que el oficialismo debe “respetar” lo votado en la cámara baja, más allá de que tenga la capacidad de aprobar -o descartar- artículos por su propia cuenta, sin necesidad de ponerlo a consideración de los tres partidos y llegar a un acuerdo.
“Por eso yo quiero coordinar muchísimo, que no pase lo del año pasado, en el sentido de que muchísimas cosas, como el FA tiene mayoría en el Senado, las termina imponiendo por esa mayoría que tiene”, agregó.
Silva propuso a la coalición republicana realizar una reunión interpartidaria entre senadores y diputados -incluido el del Partido Independiente, Gerardo Sotelo- esta semana para “tener de primera mano su informe respecto de cómo avanzó la votación, qué cosas considera fundamentales y el trabajo sobre los sustitutivos y aditivos que presentaron”.
Artículos que el FA no aprobó o no votó
Varias de las iniciativas destacadas que el gobierno preveía en la Rendición de Cuentas naufragaron en Diputados, al no conseguir apoyo de otros partidos.
Una de ellas fue un nuevo intento para flexibilizar la normativa del secreto bancario, con el fin de “prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, según decía el artículo que no fue aprobado.
“Las entidades supervisadas por el Banco Central del Uruguay podrán suministrar información protegida por normas de confidencialidad o secreto bancario a sus casas matrices, sucursales, subsidiarias u otras entidades del grupo económico, tanto en Uruguay como en el exterior, quedando relevadas de dichas obligaciones”, establecía el texto.
Otro fue un artículo que buscaba equiparar el cobro de una prima económica para los trabajadores que desempeñen funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual fue advertido por el diputado blanco Juan Martín Rodríguez como un intento de beneficiar a la jerarca frenteamplista Fabiana Goyeneche. Finalmente, el artículo no fue votado por ningún partido, incluido el propio FA.
También hubo artículos que no fueron aprobados como parte de la Rendición, pero porque fueron desglosados y enviados a distintas comisiones parlamentarias para ser tratados como proyectos de ley independientes.
Un ejemplo es todo lo referente a la Ley de Medios, que ya había sido modificada en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Ahora, la oposición advirtió que se establece un criterio arbitrario para aplicar sanciones graves que pueden implicar la pérdida de licencias para estaciones de radio y canales de televisión.
Otro caso es un artículo referente a los controles de consumo de drogas para los conductores de vehículos en el tránsito. Actualmente, se realizan estudios por alcohol y marihuana, pero el FA incluyó también controlar por cocaína.
Este es otro aspecto relevante para blancos y colorados. Si bien el gobierno tuvo más de un revés en propuestas que no fueron aprobadas, del lado de la oposición se busca reimpulsar ciertos puntos que quedaron fuera, los cuales para ser aprobados necesitan de votos del FA.
“Hay que reimpulsar todo lo que refiere al análisis del aumento del gasto, o los recortes de vacantes y cargos que ha hecho el Poder Ejecutivo. No quiere decir que no haya que hacer ajustes y optimización; soy el primero que estoy de acuerdo en hacerlo. Pero hay que ver cómo se hizo y dónde se hizo, porque el FA tiene un discurso muy generalista”, afirmó, en referencia a la eliminación “a mansalva” de puestos que la oposición señala.
En filas nacionalistas, siguen la misma línea de “tratar que no se modifiquen en el Senado los resultados que se dieron en Diputados”. Algo que recuerdan sucedió el año pasado con cambios en la Ley de Presupuesto que luego la cámara baja no puede volver a tratar artículo por artículo ya que al volver solo puede votar a favor o en contra de todo el proyecto.
“Yo creo que el primer paso es lograr el compromiso público del FA, que si no es con acuerdo en el Senado, no se modifiquen las cosas en Diputados”, afirmó el senador blanco Rodrigo Blás a El País.
Además, los blancos se enfocarán en reforzar los recursos para el sistema de Justicia, que está “postergado” -en organismos como Fiscalía-, así como los cambios que se aprobaron para el sistema de condicionalidades para las transferencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la gobernanza que se le brinda al nuevo Instituto Nacional de Reinserción (INR).
Aprobación de transferencias y el INR
Dos de las principales discusiones desde que la Rendición entró al Parlamento a fines de junio fueron el sistema de transferencias del Mides -cuya unificación fue votada unánimemente- y la descentralización del INR. De hecho, tras semanas de debate y una oleada de críticas de la oposición, fueron de las últimas cuestiones en aprobarse al final de la votación.
Si bien se plantearon alternativas en cuanto a las condicionalidades de las prestaciones, primó el acuerdo entre el FA y CA: que se retenga el 40% en caso de falta y que el pago se haga a través de instituciones financieras o dinero electrónico.
La coalición llegó a plantear que las prestaciones se acreditasen por medios electrónicos y mantuvieran controles sobre el destino de los recursos. Se proponía que el 60% debía utilizarse para la adquisición de bienes esenciales para el cuidado personal y del hogar, y el 40% restante de libre disponibilidad.
Algo similar sucedió con el INR. Su creación fue votada por todos los partidos, mientras que lo referido a su gobernanza pospuesto debido a los desacuerdos. A pesar de los intentos de la coalición, también prevaleció lo propuesto por el FA gracias a los votos de CA.
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