Las últimas 24 horas no fueron fáciles para los diputados de la coalición de gobierno que vienen discutiendo el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Una negociación tranquila y bien encaminada se torció a último momento en la noche de ayer luego de que, una vez más, Cabildo Abierto presentara un aditivo para otorgar US$ 13 millones suplementarios al Ministerio de Defensa. La mitad iría para incrementar los salarios en las Fuerzas Armadas, desde el grado de soldado al de teniente coronel, y a los civiles equiparados. Ese partido también quiere casi US$ 3 millones para mejorar el pago de compensaciones por nocturnidad, además de otros US$ 4 millones para mejorar partidas para cargos de alta dedicación en Sanidad Militar y financiar el tratamiento y la rehabilitación del personal con problemas de salud mental y adicciones.

La propuesta fue presentada por el diputado Álvaro Perrone, que durante la jornada tuvo un altercado con un grupo de asesores del Partido Nacional, lo que demoró la discusión.

Algunos legisladores adelantaron que la propuesta es “infinanciable” y muy difícil de llevar. Según los legisladores, la redacción además presenta “gruesos errores”. Perrone optó entonces por retirar el aditivo y si bien pensaba presentar otro, finalmente la discusión terminó. Eventualmente, los cabildantes podrían hacer la propuesta en el plenario de la cámara, cuando la Rendición de Cuentas comience a discutirse allí el próximo martes.

El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir dijo a El País que su partido estaba dispuesto a acompañar el planteo cabildante, siempre que los incrementos salariales se limitaran al personal subalterno.

En este sentido, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, le había adelantado a El País el domingo que se reclamaría este incremento.

Por lo pronto, ya está definido que la Rendición de Cuentas tendrá reasignaciones y redistribuciones por unos US$ 38 millones que contemplarán, al menos en parte, lo reclamado por diversos organismos.

Buena parte de esos recursos saldrán de una partida destinada originalmente a atender erogaciones vinculadas a los proyectos de participación público privada. Según el articulado al que accedió El País, ese origen tendrán los US$ 3 millones que recibirá la Universidad de la República para financiar horas docentes y más becas y para destinarlos a proyectos en el interior del país.

De allí saldrá también una partida de US$ 200 mil para la Universidad Tecnológica (UTEC), US$ 175 mil para reforzar programas de ciencia y tecnología y una cifra similar para el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba).

Otros US$ 3 millones deberán ser aportados por Salud Pública, Desarrollo Social, ASSE y la Junta Nacional de Drogas para financiar la inclusión del Hospital de Clínicas en el nuevo plan de salud mental y adicciones.

El Instituto Nacional de Colonización (INC) será la fuente de los US$ 120 millones para la compra de un campo para instalar el obrador para la construcción de la proyectada represa en Casupá. En este caso, el compromiso es que ese organismo recupere esos fondos una vez que el embalse esté funcionando.

Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas se le sacarán unos US$ 400 mil para financiar diversas necesidades de la Corte Electoral. La misma fuente tendrán los US$ 1,2 millones para mejorar las medidas alternativas en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), así como a la escala salarial en ese organismo.

Por su parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) será el origen de unos US$ 725 mil destinados a crear un nuevo tribunal de apelaciones de Familia y a un ajuste escalafonario en el Poder Judicial. Otros US$ 1,2 millones serán reasignados internamente en Educación y Cultura.

Tras una larga discusión los diputados de la coalición acordaron además utilizar unos US$ 25 millones por “excedente de inversiones” que la ANEP tenía en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Irán a reforzar entre 2024 y 2025 el presupuesto corriente de la enseñanza estatal.

El incremento de US$ 6 millones del presupuesto para la Universidad de la República (Udelar), que se acordó en Diputados esta semana, resulta “absolutamente insuficiente”, según dijo a El País Agustín Cano, secretario general de la Asociación de Docentes de Udelar (ADUR). Esto tomando en cuenta que el incremento que solicitó la universidad pública fue de US$ 100 millones.

“El Parlamento asume que la política de congelamiento presupuestal del Poder Ejecutivo es absolutamente negativa, desatinada y perjudicial para el país, y busca remediarlo”, acotó sobre el incremento, que aclaró es “el 6% de lo que la Udelar necesita para detener el deterioro de la relación entre estudiantes y docentes”.

Cano adelantó que está prevista para la semana que viene una serie de actividades en reclamo de un mayor presupuesto en la última Rendición de Cuentas de este gobierno en la que se puede aumentar gasto. La intergremial conformada por ADUR, la Federación de Estudiantes (FEUU), la Agremiación Federal de Funcionarios (Affur) y los trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC), resolvió realizar una serie de medidas en la calle el martes 15 en la zona entre las facultades de Medicina y Química. Será sin paro y no solo para estudiantes, aclaró Cano. “Es para pensar la problemática de la precarización docente y la privatización de sistemas de educación superior”. Esto bajo la consigna: “Que le congelen el presupuesto a la universidad parece normal pero no lo es”. El jueves 17, tras el paro general parcial, harán “mesas de debate” de la “Privatización de la educación superior en América Latina” en la sede del Pit-Cnt. No descartan movilizaciones este mes.