Redacción El País
En paralelo al trabajo de los distintos ministerios, en particular el de Economía y Finanzas, para afinar los detalles del Presupuesto Quinquenal, el Senado va a aprobar este miércoles la ley de Rendición de Cuentas 2024, que había generado fuerte polémica cuando fue tratada en Diputados luego de que Cabildo Abierto diera sus votos para aumentar el gasto.
Con la mayoría necesaria, antes de comenzar la sesión del pleno, el Frente Amplio ya contaba con los votos para la aprobación de la normativa. No obstante, como ocurre en líneas generales con las rendiciones de cuentas, el debate político no fue ajeno.
Los artículos que más controversia generaron entre oficialismo y oposición fueron los que implicaban la asignación de créditos presupuestales para ASSE, los US$ 144 millones a pagar al consorcio del Ferrocarril Central y un aumento en el tope de endeudamiento.
“Orgullo” y estancamiento
El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva dijo durante su intervención que “representaba el kilómetro 0, el punto de arranque de cómo el gobierno pasado dejó el país de cara a los próximos cinco años”.
“Refleja el estado de situación de cómo dejó el gobierno de Luis Lacalle Pou el Uruguay. Y es para nosotros motivo de orgullo”, afirmó uno de los principales referentes de Alianza País.
En este orden, Da Silva recordó que durante el pasado quinquenio hubo que gestionar una pandemia, la “peor sequía de los últimos 100 años” y la diferencia de precios con Argentina que generó un relevante movimiento de turismo de compras de uruguayos hacia el país vecino.
“Hoy empieza la vara. Esta es la vara que van a tener que igualar en el futuro. De acá para arriba o para abajo”, resumió el senador blanco, quien agregó que el Producto Interno Bruto dejado es de US$ 81.000 millones y enumeró algunos logros como la baja en la inflación.
En contraste, el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Sebastián Sabini manifestó que, según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, Uruguay está “económicamente estancado, con crecimiento marginal, mayor endeudamiento, gastos comprometidos pero aún sin ejecutar, pérdida salarial y una preocupante situación en materia de desigualdad y vulneración, concentrada en los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad”.
El miembro informante además mencionó que el pasado gobierno no logro hacer el “ajuste fiscal prometido”.
“Durante el pasado quinquenio el gobierno recortó el gasto cuando la economía se contrajo (2020-2022) y lo incrementó una vez que se inició la recuperación (2023-2024), lo que fue mayor aún en 2024, año que coincidió con las elecciones nacionales”, fundamentó Sabini.
El senador del Partido Colorado y líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, que no formó parte del gobierno coalicionista por haberse alejado de la política partidaria durante los últimos cinco años, hizo referencia a lo atípico de la presente Rendición de Cuentas, que normalmente contaba de un solo artículo.
“Se ha abierto a partir de estas características la discusión y comparación entre un gobierno y el anterior. Y queremos desde la bancada del Partido Colorado señalar que hay una rima entre lo que pasó en 2019 y 2024. Pasó también en 2014. Ante el estímulo de un año electoral se reaccionó igual: exceso del gasto público y déficit fiscal”, comenzó Bordaberry. También denunció la misma situación para el caso de la Intendencia de Montevideo.
Planteó, en esta dirección, que “nadie se pregunta cómo tenemos que hacer para evitar que siga rimando el déficit fiscal en los años electorales”. Al respecto, igual que los diputados, Bordaberry adelantó que votaría el proyecto en general y que iba a proponer “artículos aditivos”.
Cláusula de disciplina electoral
Bordaberry presentó cinco artículos para agregarle a la Rendición de Cuentas, que tiene siete.
Uno de ellos, establece que: “En el último año del período de gobierno, el incumplimiento de las metas fiscales implicará la obligación de presentar antes del 30 de agosto un plan de convergencia al Parlamento. El uso de cláusulas de salvaguarda requerirá comparecencia obligatoria del Ministerio de Economía ante la Asamblea General, Cámara de Senadores, Diputados o Permanente dentro de los 15 días siguientes. Estas cláusulas no podrán ser utilizadas en los 30 días previos a la elección nacional o previos al balotaje”.
En los siguientes apartados, se proponen limitaciones en materia de utilización de esas salvaguardas y el senador planteó también que el Consejo Fiscal Asesor (CFA) cuente con “autonomía legal y presupuestal”, además de la obligación de “emitir opinión pública sobre desvíos y medidas correctivas propuestas”.
“Contará con una partida presupuestal específica autorizándose al CFA a contratar personal técnico, realizar estudios independientes y emitir recomendaciones al Poder Ejecutivo en materia de sostenibilidad fiscal”, se añade.
Según supo El País, el oficialismo no va a acompañar lo propuesto por el colorado y pedirá que lo planteado sea tratado por la comisión de Presupuesto o Hacienda del Senado.
El CFA fue creado por la Ley de Urgente Consideración en 2020. Se estableció que su función principal sería la de proveer insumos para realizar los cálculos de balance estructural y el organismo tendrá un “carácter técnico, honorario e independiente, a los efectos de asesorar al Ministro de Economía y Finanzas en materia de política fiscal”.
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