RECURSOS

Es un poder del Estado que, en los últimos años y con diferentes gobiernos, suele reclamar lo mismo: más dinero. Ante cada discusión por la Rendición de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) vuelve a solicitar recursos, pues ya enfrenta un largo proceso de “achique” de parte de su aparato, situación que el año pasado llevó a que, por ejemplo, planteara el cierre de 20 juzgados de paz en el interior.

Aquella fue una medida que quedó sin efecto luego de la intervención del sistema político -en particular de legisladores de la coalición de gobierno que pusieron el grito en el cielo-, pero comprende una preocupación de fondo que volverá a estar arriba de la mesa en el mensaje presupuestal que elevará en los próximos días la SCJ (ver aparte).

Pero allí habrá, además de esto, otros varios ítems para los que también harán falta más recursos, y que responden a demandas si se quiere externas al Poder Judicial, que por estos días termina de ajustar los detalles de su proyecto.

Una de ellas será la meta de instalar más juzgados especializados en género, tal como propone la ley integral contra la violencia basada en género, y de los que hasta el momento solo existe uno, en San Carlos (Maldonado), mientras otros dos están en vías de crearse en Salto y Rivera. No estará el número en el mensaje, pero desde la SCJ señalaron a El País que la meta de la corporación es apuntar a la creación de más de 50 sedes -sumando más de un turno por oficina-, aunque no en todos los casos será necesario pedir un incremento del gasto, porque muchas sedes pueden instalarse transformando otras que caen en desuso.

El objetivo, entonces, es llegar a 33 de estos juzgados en el interior del país, y otros 20 en la capital, para atender una demanda que viene en incremento y que llevó, en paralelo, al pedido del fiscal de Corte, Juan Gómez, de que el Ministerio Público también cuente con más presupuesto para acompañar estos juzgados con fiscalías especializadas en esta materia.

El jerarca identificó que ya en San Carlos la fiscalía de flagrancia acumuló un número importante de denuncias de género -en parte por efecto de la presencia de la sede judicial especializada- que, de no atenderse, puede sumar un acumulado de 2.000 casos en lista de espera para fin de año, como calculó semanas atrás.

Un actor del oficialismo que ya en 2021 tomó protagonismo al liderar las negociaciones por este tema entre el Parlamento y Poder Judicial ha sido la vicepresidenta Beatriz Argimón, que ya adelantó su apoyo al pedido de Gómez y que ahora vuelve a mostrar su directo interés en el tema. De hecho, mañana recibirá en su despacho al presidente de la SCJ, John Pérez, y al director general de los servicios administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, para conversar sobre este y otros asuntos.

“Voy a esperar a ver qué plan tienen”, dijo la presidenta del Senado en diálogo con El País. “Y después también pediré una reunión con la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior”, agregó Argimón, que pretende tener de esta manera una mirada “general” del combate a los delitos y a la violencia de género, e identificar así las principales necesidades del sistema.

En la SCJ tienen claro que, por otra parte, esta instancia presupuestal será la “última oportunidad” para terminar de dar un cierre a lo que ya se conoce como el “viejo diferendo” salarial gestado en 2010, cuando durante el gobierno frenteamplista de José Mujica se dispuso un aumento del 26% para los ministros de Estado, lo que por ley implicaba también un incremento para los ministros de la SCJ y, a su vez, para todos los funcionarios del Poder Judicial por un efecto de encadenamiento. Sin embargo, en su momento esto no se dispuso y eso produjo juicios contra el Estado, que en estos 12 años llegó a acuerdos y convenios con la mayoría de los trabajadores para darles el aumento que por ley les correspondía.

El último acuerdo quedó fijado en la anterior Rendición de Cuentas, que afectó a trabajadores englobados en la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, y algunos recibirán aumentos a partir de 2023 y otros desde 2024.

Pero aún no fueron incluidos los jueces, defensores públicos y trabajadores del área de informática, y para esto también pedirá la Corte este año recursos, con el afán de evitar un “desbalance” -que se daría a partir de enero del año próximo, cuando empiece a ejecutarse los nuevos acuerdos- en toda la estructura de sueldos. El riesgo, de no contemplarse esta situación, es que “queden algunos cobrando el incremento acordado y otros no”, lo que “desvirtuaría todo”, sintetizó a El País una fuente de la SCJ, que resaltó que en este sentido este tal vez sea el “planteo más importante” del Poder Judicial. Por esto es que solicitarán al Poder Ejecutivo una “norma espejo” para el incremento de los funcionarios cuyo reclamo aún no fue atendido, y que tiene un costo de $ 122 millones para 2023, y de $ 162 millones para 2024.

El mensaje de la Corte, asimismo, tendrá, como generalmente ocurre, planteamientos sin costo. Entre estos estará terminar con la “inmovilidad” de los titulares de las direcciones, y que estos cargos pasen a ser de “confianza” de los ministros de la Corte, de manera de poder removerlos si no hay conformidad con su rendimiento, disposición que igualmente no se aplicaría a los funcionarios que hoy ya están ocupando los cargos, sino a los siguientes.

Había sido un error administrativo, pero la circular de la Suprema Corte de Justicia que se hizo pública a mediados de agosto del año pasado indicaba el cierre de 20 juzgados de paz en el interior del país. Esto había alarmado a varios diputados de la coalición de gobierno que, además de denunciar la situación públicamente, solicitaron una reunión con los ministros de la corporación, que entonces lideraba Tabaré Sosa desde la presidencia y que los recibió con celeridad.

Tras la intervención de los legisladores, y la aclaración de la SCJ de que la intención no era cerrar 20 oficinas sino solo cuatro, la medida quedó sin efecto, pero con un compromiso de los diputados de proporcionar los recursos necesarios -o colaborar en la búsqueda de mecanismos de financiación alternativos- para que la SCJ no tuviera que planificar otra vez eventuales cierres, algo que por otra parte viene ocurriendo ya hace varios años. De hecho, en la misma circular, la Corte daba cuenta de las dificultades económicas que ya afronta para mantener estas oficinas en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.

Para la Rendición de Cuentas actual, la Corte pedirá entonces $ 17 millones extra, que es lo que necesitaría para salir de este problema y, en principio, los diputados que el año pasado intercedieron para evitar estos cierres -en el supuesto de que en las pequeñas localidades estos juzgados muchas veces son la única vía de acceso a la Justicia- apoyarán el planteo de los ministros. El diputado colorado Conrado Rodríguez, por ejemplo, dijo a El País que promoverá “un refuerzo presupuestal para que se puedan mantener abiertos estos juzgados”.

Algo similar manifestó el representante blanco Mario Colman, mientras que el también nacionalista Juan Rodríguez dará su apoyo, aunque antes pedirá información actualizada sobre la gestión de las oficinas en cuestión.