Por Pamela Díaz
"Quiero pagar, como todo el mundo; lo que no quiero es que me roben, que me metan la mano en el bolsillo”, denunció un vecino de Libertad, departamento deSan José, a El País. Su indignación apunta a un cambio en la contribución inmobiliaria y la tasa de salubridad -sobre la recolección de residuos y el barrido de las calles- que aplicó la comuna maragata. Los incrementos en la población varían entre los contribuyentes, y ediles aseguran que superan el 500%.

Por este motivo, votaron esta semana que la intendenta nacionalista Ana María Bentaberri acuda a sala de la Junta Departamental a explicar qué sucede.

Es más, debido a que fueron varias las personas que vieron un incremento al realizar el pago, se decidió postergar el vencimiento -que era el 6 de marzo- para 10 días más adelante, informaron en su momento los medios locales. Aunque la comuna no modificó los montos en los recibos de las personas y, antes de que venciera el nuevo plazo, debieron abonar lo que se les determinó.

Desde la Intendencia de San José dijeron a El País que son conscientes de los reclamos de los vecinos, y que la modificación afectó al 15% de los padrones del departamento (de un total de 56.000, 40.000 urbanos y 16.000 rurales), los que tuvieron un aumento en su mayoría.

El edil colorado Alfredo Lago, quien realizó el llamado a sala a la intendenta Bentaberri, contó a El País que la “casuística es muy variada”, y que hay casos de aumentos del 200% y 500%. Denunció que la comuna determinó “aumentar al barrer” y que, por ejemplo, en una zona inundable se realizó una “suba importante” en un inmueble por un valor por arriba del que tendría en el mercado.

Otro caso que llegó al escritorio de Lago es el de un residente de San José de Mayo que tuvo un aumento del valor catastral de 253% en dos años. En ese sentido, tuvo un aumento de la contribución de 630% y de la tasa de salubridad de 114%. Por otra parte, a otro vecino (en la misma localidad) le sucedió que se incrementó un 64% la contribución y 178% la tasa de salubridad comparando su recibo de febrero de 2022 y el de febrero de este año.

Ahora, ¿cuál es la modificación que implementó la intendencia? Para el cálculo de la contribución inmobiliaria, la comuna maragata toma el valor catastral del inmueble, cifra que difiere del valor real en el mercado. Antes, utilizaba una base de datos propia donde decía cuánto valía cada padrón y, a partir de los últimos meses de 2022, comenzó a usar la información de la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que implicó un reajuste, según explicó a El País el director de Hacienda de la comuna, Miguel Olagüe.

Ante un mismo padrón, hay diferencia entre el valor en una base de datos y la otra. Por lo tanto, a algunas personas que les sucedió esto, les aumentó la cantidad de dinero a pagar ya que el monto sobre el que se calculó el impuesto es mayor que antes.

La base de datos catastral de la intendencia, relató Olagüe, “hace muchísimos años que no se actualizaba”. La información se renovaba cuando la persona iba a hacer determinado trámite o regularizaba su situación catastral en la comuna. Pero, si no sucedía ninguna de esas dos cosas, la información sobre su padrón estaba desactualizada.

Consultado sobre si se planteó hacer un cambio progresivo dado los incrementos, respondió que, “por el momento, no se pensó”. Y añadió: “Se está cobrando lo que surge después de esta modificación. Siempre está la posibilidad de hacer algún convenio. Sí se tomó la decisión de no cobrar los años para atrás a las personas que pagaron con otra base”. También aclaró que no hubo cambios en el valor del impuesto, es decir, en las tasas para el cálculo, salvo los incrementos por inflación. Y, además, informó que la modificación en la base de datos se realizó para todos los padrones, tanto urbanos como rurales.

“Los cálculos se hacen igual que todos los años”, aclaró a El País el director de Hacienda de la Intendencia de San José. Y manifestó que cambiar la base de datos (pasar de la propia a la de la Dirección Nacional de Catastro) fue una decisión de la comuna que se informó a la Junta Departamental de San José, aunque aclaró que no necesitan de su aprobación.