CAMPAÑA ELECTORAL

Los partidos buscan aprobar lo más rápido posible, y en lo posible por consenso, una ley que establezca la obligatoriedad de los debates públicos entre presidenciables, tanto para la primera vuelta de octubre como para la segunda instancia electoral de noviembre.

No habrá, como se intentó en su momento, debates entre los candidatos a los gobiernos departamentales debido a la complejidad de su instrumentación, según el principio de acuerdo alcanzado en la comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.

Serán los primeros debates entre candidatos presidenciales de los últimos años, luego de que los aspirantes presidenciales Jorge Batlle (1999), Tabaré Vázquez (2004 y 2014), y José Mujica (2009) no quisieran confrontar opiniones en público con quienes cumplían el papel de retador a los favoritos de las encuestas de intención de voto.

El último debate, de hecho, fue en 1994 entre Vázquez, el retador, y Julio María Sanguinetti, al frente en las encuestas.

El principal partido interesado en concretar la ley de debates es el Frente Amplio, por lo cual se cree que a comienzos de agosto se aprobará en la Cámara de Representantes y, en base a un acuerdo con la oposición, lo mismo sucederá días más tarde en el Senado.

Una de las dificultades principales a que se abocaron los partidos en la negociación fue cómo implementar debates obligatorios con once candidatos en la grilla para octubre. Y lo resolvieron rápidamente: conformaron dos grupos. El primero reunirá a los siete partidos que comparecieron en la elección nacional de 2014, y el segundo grupo con cuatro partidos estará integrado por las agrupaciones nuevas.

De acuerdo con el esquema elaborado, en el grupo uno estarán los cuatro partidos con más votos en 2014: y debatirán primero Daniel Martínez (FA) con Luis Lacalle Pou (PN), y en segunda instancia Ernesto Talvi (PC) con Pablo Mieres (PI). Habrá un tercer debate entre Gonzalo Abella (Unidad Popular) con César Vega (PERI) y Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores).

El grupo dos reunirá a los partidos nuevos. Así, debatirá Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) con Daniel Goldman (Partido Digital), y Gustavo Salle (Partido Verde Animalista) con Edgardo Novick (Partido de la Gente).

De acuerdo con la iniciativa, los encargados de definir las condiciones de los debates en sus mínimos detalles serán la Corte Electoral y APU, el sindicato de periodistas. De ahí surgirían los moderadores de cada instancia.

Los debates serán emitidos por los medios públicos (las radios y TNU) con vistas a la elección de octubre. Los medios privados como canales de TV, radios y sitios web podrán tomar la señal y difundir los eventos. Para la segunda vuelta, donde deberá según la ley haber al menos un debate, se emitirá por cadena nacional de radio y televisión.

En los debates deberá haber al menos un bloque donde los periodistas que actuarán como moderadores podrán preguntar a los candidatos con el fin de que haya intercambio.

En la discusión de la comisión el diputado nacionalista Pablo Abdala planteó sus dudas respecto a si se necesitará una mayoría especial para aprobar la ley porque de alguna manera supone reformar las normas electorales. Pero el tema no prosperó.

Uno de los aspectos relevantes de la ley que contribuirá a asegurar los debates es que aquellos que se nieguen a participar tendrán consecuencias con el dinero que destina la Corte Electoral por la emisión del voto, que hoy es de casi US$ 5 por sufragio válido.

La iniciativa es clara por demás: quienes no acepten debatir ni las reglas de juego “no percibirán la contribución del Estado”.