Presupuesto Nacional: gobierno va por los votos que le faltan con alusiones críticas a la herencia de Lacalle

Finalmente, y luego de presentar los principales lineamientos del proyecto de ley en diferentes ámbitos en las últimas horas, el gobierno de Yamandú Orsi envió al Parlamento su Presupuesto Nacional, definido como “la expresión cuantitativa de su programa, (y) la síntesis fiscal de las prioridades y compromisos” que proyecta desplegar en el presente período”, y orientado por los principios artiguistas de “libertad e igualdad”. “Libertad para garantizar las iniciativas de los ciudadanos proteger sus derechos. Igualdad para asegurar las mismas oportunidades y corregir diferencias”.

Con un aumento del gasto de US$ 140 millones respecto al 2024, que llegarán a US$ 240 millones en 2029 -a lo que debe agregarse recursos para obras de infraestructura de aproximadamente US$ 700 millones por año- , el Presupuesto presentado por el gobierno este domingo a las siete de la tarde volvió a remarcar la “situación fiscal desafiante” que tiene como “punto de partida” esta administración. En este sentido, responsabilizó por esto al gobierno de Luis Lacalle Pou, que determinó -a entender del ministro Gabriel Oddone- un arranque de gestión condicionado como no había ocurrido en la mayoría de los gobiernos desde la restauración democrática.

“Como ha sido señalado por el actual equipo económico -se afirma al inicio de la exposición de motivos-, el déficit fiscal del sector público consolidado es el más elevado que un gobierno enfrenta en su primer año de gestión en las últimas tres décadas”.

Ese es el desafío por el cual esta administración se compromete a una “estrategia basada en la responsabilidad, la transparencia y la sostenibilidad fiscal”, con el objetivo central de reducir el déficit fiscal en un 1,5% al final del período, y con una apuesta a reforzar la infancia y la adolescencia, áreas a las que se destina el 40% del incremento presupuestal. Todo esto con el norte puesto en tres prioridades definidas en el texto y ante los medios por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una vez presentada la iniciativa en el Parlamento: “Acelerar el crecimiento económico para crear y mantener trabajo de calidad, fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad y mejorar la seguridad pública para fortalecer la convivencia de los habitantes de Uruguay”.

El objetivo político crucial del oficialismo es ahora encontrar los dos votos clave que necesita en Diputados para que el proyecto prospere y pase al Senado. Esto no impidió, sin embargo, que la exposición de motivos insistiera con referencias críticas al estado de situación heredado de la administración nacionalista, que había sumido a analistas públicos y privados en un “espejismo fiscal”, al decir de Oddone en su exposición luego del Consejo de Ministros de este jueves.

“Las cifras reportadas para 2024 no reflejan completamente la expansión del gasto efectiva, dado que, como fue advertido oportunamente por el actual equipo económico, la administración anterior postergó egresos por una magnitud considerable”, lamenta el gobierno, que entiende que esto generó “un doble efecto: redujo el déficit del ejercicio 2024 e incrementó el de 2025” en un 0,4% del PBI.

El texto detalla incluso los “tres mecanismos” por los que el gobierno de Lacalle Pou persiguió, a su entender, ese objetivo. “Primero, se impuso una restricción significativa en los pagos, lo que llevó a un aumento de la deuda flotante por aproximadamente 150 millones de dólares, una cifra que supera largamente los niveles habituales”. Segundo, se sostiene, “hacia fines del año pasado fueron autorizados refuerzos de créditos presupuestales por 50 millones de dólares que no llegaron a obligarse dentro del ejercicio y que, por tanto, no se computan como deuda flotante, pero deberán ejecutarse y pagarse en 2025”. Y, por último, “se generaron compromisos de pago en 2024 que no se atendieron durante el año y que se cubrirán con créditos presupuestales de 2025 por más de 160 millones de dólares”.

Este crítico panorama actual, que sostiene el oficialismo llevó al subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, a afirmar que consideraba “impagable” el programa del Frente Amplio, también está referido en un documento que circula entre dirigentes frenteamplistas e integrantes del gobierno, y que propone una defensa conceptual del Presupuesto Nacional. En ese texto, al que accedió El País (ver aparte), se señala que el programa de la coalición de izquierda es “un rumbo, un trazo”, y que el “plan del gobierno” son “los compromisos de campaña”. “Cuando realizamos las propuestas (11 de septiembre 2024, Colonia) el déficit fiscal anunciado por el gobierno era 2,8 del PBI”, lejos del 4,2% de déficit actual, se afirma en ese documento, que subraya que esa diferencia implica “aproximadamente 900 millones de dólares menos en caja”. De todas maneras, el oficialismo entiende que, “a pesar de esto”, se cumplirá con los “compromisos al 2029”.

“El sprint final es fatal”, resumió un alto jerarca del MEF, que se ha mantenido durante distintas administraciones, los últimos días de trabajo que tuvo el equipo de Oddone, en las horas previas a entregar en el Parlamento la que será la ley madre del gobierno de Orsi. Y en lo rostros de los jerarcas el cansancio era visible.

Diez minutos antes de la hora 19, más de una decena de autoridades de la cartera y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) cruzaron el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento, cargando una caja para entregarle a la vicepresidenta y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, las miles y miles de hojas que componen el proyecto de ley que entrará oficialmente a la cámara baja en la sesión del próximo martes y que deberá ser aprobado antes de fin de año.

En la breve instancia, que duró poco menos de una hora, una imagen se repitió varias veces, tanto dentro del Palacio Legislativo como afuera. En formación circular, todos los jerarcas presentes escuchaban atentamente al ministro, hablando en el centro como el capitán de un equipo que alienta a su plantel, sus palabras de agradecimiento por el esfuerzo invertido durante las últimas semanas.

“Creemos que el proyecto es ambicioso y audaz para enfrentar la situación macroeconómica que el país tiene. Para consolidar los logros de naturaleza macroeconómica que el país ha construido en los últimos años y al mismo tiempo enfrentar el desafío que se tienen por delante, que fueron los compromisos de campaña del Frente Amplio en la campaña electoral”, diría después Oddone ante las cámaras, antes de dar comienzo a la batalla legislativa.

Buena parte del incremento del gasto de US$ 140 millones (unos $ 6.311 millones) que regirá para 2026 irá para atender la infancia y la adolescencia, que recibirá un 40% de los recursos, tal como ya había sido adelantado. De acuerdo a un cuadro contenido en la exposición de motivos, la seguridad obtendrá un 15% de ese incremento, el área de la salud un 11%, el de la vulnerabilidad social 11%, el crecimiento económico 12% y dentro de “otros” se encuentra el 11% restante.

Un documento interno del gobierno, que circula en el gabinete y en la dirigencia del Frente Amplio, propone un resumen ejecutivo del Presupuesto Nacional con insumos técnicos y políticos para defender la iniciativa.

Allí se sostiene que el Presupuesto está conformado por cinco ejes -“responsabilidad y sostenibilidad fiscal, desarrollo económico con equidad territorial, justicia tributaria y distributiva, el combate a la desigualdad social y la apuesta a la convivencia pacífica”- y luego ofrece un resumen con los principales contenidos de esas apuestas.

El documento tiene un subtítulo dedicado a la “defensa de los ajustes tributarios” con algunas consideraciones para que manejen los dirigentes de la izquierda y sus gobernantes. Luego de afirmar que “en el presupuesto se proponen medidas para corregir inconsistencias del sistema impositivo y adoptar estándares internacionales”, se propone que “en términos políticos” se tenga “en cuenta” lo siguiente: que las “modificaciones impositivas se enmarcan en el principio de justicia tributaria, para que pague más el que tenga más”; que los tributos incorporados “son al capital y no al trabajo, detalle no menor”; que “en el caso del tributo a las ganancias de capital en el exterior se aplica al capital especulativo o rentista, y no al productivo”; y que este nuevo impuesto busca “corregir una injusticia en el tratamiento tributario, porque las ganancias de capital locales ya están gravadas, a diferencia de las que se obtienen en el exterior”.

INES GUIMARAENS/Archivo El Pais