Presidencia se amparó en prórroga legal tras pedido de diputado de la denuncia de Cardama al Estado uruguayo

El diputado nacionalista Pablo Abdala había cursado, al amparo de la ley de Acceso a la Información Pública, que desde Presidencia de la República se le remita una copia de la denuncia que presentó el astillero español Cardama contra el Estado uruguayo ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, luego de que en febrero el gobierno decidiera rescindir el contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas.

Frente a la solicitud, el nacionalista recibió este jueves una respuesta de la Prosecretaría de Presidencia, encabezada por el exfiscal de Corte Jorge Díaz, que resolvió no remitir en primera instancia la documentación y decidió prorrogar por otros 20 días hábiles una contestación final.

En esta línea, se argumentó que “la petición se encuentra a estudio, a cuyos efectos el plazo inicial de 20 días hábiles resulta exiguo para dar respuesta”.

En diálogo con El País, el diputado blanco reconoció que el gobierno está en todo su derecho —también amparado por la ley 18.381— a establecer la prórroga, pero valoró políticamente que ya existiendo el documento no hay razones de índole administrativa para no remitirlo.

Por lo pronto, el legislador —que ha sido de los más activos en el trabajo que lleva adelante la comisión bicameral especial del Parlamento— esperará los plazos legales, aunque con poca expectativa. En esta línea, dijo que en caso de no poder acceder al documento va a recurrir a la Justicia y agotar todos los mecanismos legales posibles.

De todas formas, aclaró que se espera que cuando comparezca la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo, lo haga con la documentación respectiva. Aunque no hay fecha definida, se aguarda que tanto Lazo como los exministros Javier García y Armando Castaingdebat den su versión de los hechos a lo largo del mes de julio.

Cardama presentó en mayo de este año un escrito de media docena de páginas para dar inicio al arbitraje internacional, pero desde el gobierno se interpreta que jurídicamente no corresponde, ya que las cláusulas 38 y 39 del contrato fijaron como ley aplicable los tribunales de la República Oriental del Uruguay como competentes en las discusiones que son —justamente— jurídicas.

A su vez, en lo referido a solución de conflictos por aspectos “técnicos”, se estableció a la Sociedad de Clasificación (Lloyd’s Registrer) como la competente para su dilucidación, pero en caso de no haber un acuerdo se abría la posibilidad de recurrir a un arbitraje en París, donde tiene su sede principal la Corte Internacional de Arbitraje, y que es el camino que está recorriendo ahora Cardama.