Un policía, que era buscado desde el viernes, se quitó la vida con su arma de reglamento en las inmediaciones del río Santa Lucía, a la altura de la ciudad de San Ramón, en el departamento de Canelones.
El efectivo, que se desempeñaba en un collarón policial (depósito para bienes incautados) y tenía dos hijos menores de edad, fue el décimo funcionario en suicidarse en lo que va de 2026, según información aportada a El País por parte del Sindicato Policial (Sipolna).
Frente a este nuevo caso, el gremio de la Guardia Republicana emitió un comunicado en el que reclamó la implementación de un protocolo especial para las búsquedas de policías desaparecidos. Además, se volvió a poner sobre la mesa un reclamo que los sindicatos vienen planteando desde hace tiempo: abordar de manera más adecuada la salud mental dentro de la Policía para prevenir desenlaces como este, pero que no se agota solo en casos tan extremos.
Según datos de Sipolna, en 2025 se quitaron la vida 14 funcionarios policiales y un policía retirado. La cifra fue de 16 efectivos en 2024, 32 en 2023 y 21 en 2022.
En julio de este año, la diputada suplente del Partido Nacional y expresidenta de Sipolna, Patricia Rodríguez, presentó un proyecto de ley en el Parlamento para la creación de un sistema integral de atención de salud mental para los policías uruguayos.
El Ministerio del Interior, los diferentes sindicatos, Sanidad Policial y la Dirección de Bienestar conformaron una Comisión de Salud Mental que trabaja en esta problemática, mientras los reclamos de los trabajadores organizados para abordar la salud mental de los funcionarios policiales se remontan a varios años.