Poder Judicial reclama que presupuesto es “insuficiente” y el menor entre los organismos de América Latina

Redacción El País
El Poder Judicial volvió a reclamar por falta de presupuesto en el Parlamento. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, lo calificó de “insuficiente” y disparó: “Somos el de menor asignación presupuestal dentro de América Latina", denunció. Y criticó que “sistemáticamente” se les “ha negado la totalidad de los recursos solicitados”, y que en esta oportunidad se les da la “tercera parte de lo previsto para el funcionamiento” de los ministerios de Defensa y Desarrollo Social.

Estos duros planteos fueron hechos el pasado lunes en la comisión del Senado que trata el proyecto de ley dePresupuesto, que ya fue aprobado en Diputados.

Pérez aseguró que el presupuesto que aprobaron los diputados “no contempla las impostergables necesidades” del Poder Judicial. También marcó la “importancia vital” que tiene este poder del Estado “en el desarrollo del país”, lo que “ha sido reconocido por el Poder Ejecutivo en todos sus discursos” ante posibles inversores. Pero la seguridad jurídica —continuó el presidente de la SCJ en la comisión del Senado— “no es casual” sino que son ellos quienes “brindan garantías de transparencia y responsabilidad a pesar de los magros recursos”.

Al mismo tiempo marcó que “detrás del Poder Judicial están los problemas cotidianos de la gente y, sobre todo, la protección de sus derechos fundamentales”. Por ello, dijo, “si no cuenta con los recursos suficientes, mal podrá realizar con eficacia y eficiencia” su función, “lo que claramente repercutirá de manera negativa en la sociedad y en el desarrollo del país”.

Pérez, entonces, realizó una comparación con los recursos que se le dan al Poder Legislativo. “Tenemos casi la misma asignación” pero el legislativo tiene dos sedes y 1.100 funcionarios mientras que el judicial “tiene 308 sedes entre propias, alquiladas y en comodato y 4.891 funcionarios", afirmó. Y alertó: “Eso se traduce a una menor disponibilidad de recursos por funcionario y por sede, afectando su capacidad de atender adecuadamente los gastos de funcionamiento e inversión”.

El presupuesto que se votó en la Cámara de Representantes es el 6,5% de lo que se pidió, insistió Pérez ante los senadores de la comisión, y continuó: “Adviértase que en el Poder Judicial se tramitan 553.583 expedientes y si calculamos un promedio de tres personas por expediente, quiere decir que por el Poder Judicial pasan 1.660.749 habitantes. Ahora bien, para dar satisfacción a la mencionada demanda el Estado solo asigna el 0,3% del Producto Bruto Interno, lo cual constituye una asignación muy inferior a la de los restantes poderes del Estado. Ello determina que si no fuera por los funcionarios de los más diversos escalafones, que extreman sus esfuerzos con compromiso y responsabilidad, los ciudadanos no podrían tener una protección en el ejercicio de sus derechos”.

Por otra parte, la directora de la dirección general de los servicios administrativos, Patricia Porley, hizo hincapié en que, cuando existe un desbalance entre el Ministerio del Interior, Fiscalía y Poder Judicial, se “genera un cuello de botella” en el último, que es “donde el proceso necesita completarse para que la ciudadanía reciba respuestas”.