COMISIONADO PARLAMENTARIO

Hoy hay 13.645 reclusos en Uruguay y la tasa de prisionización (la cantidad de presos cada cien mil habitantes) es de 385: después de Brasil, la más alta en América Latina.

Si la tendencia siguiera igual que en los últimos 12 meses, en 2024 tendríamos 19.289 presos, advirtió el comisionado de cárceles Juan Miguel Petit la semana pasada en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.

Si se habla de densidad de población existe hacinamiento crítico cuando hay 120 personas para 100 plazas. Esto implica que colapsan todos los servicios educativos y se aleja totalmente la posibilidad de una convivencia normal en la cárcel. En esta condición están los penales de Santiago Vázquez, Canelones y la femenina de Colón, cuando se suman todos los lugares. En el interior hay hacinamiento crítico en Salto, Artigas, Colonia, Soriano, Cerro Largo, Paysandú y Tacuarembó.

En esta situación, Petit planteó dos alternativas: o se crean más cárceles o se tienen menos presos. De lo contrario, advirtió que “el sistema se vuelve absolutamente infinanciable y es imposible que reciba los elementos técnicos y de seguridad”, según la versión taquigráfica de la reunión que consignó El Observador.

“Con esto se crea un ciclo vicioso: más reincidencia, más delitos, más presos; más reincidencia, más delitos, en un sistema que estalla de distintas maneras. Puede estallar hacia adentro con muertes, motines o silenciosamente con mecanismos de corrupción y supervivencia que no son percibidos”, explicó el comisionado.

En tanto, Petit relató que apenas 20 técnicos se ocupan de controlar a 12.000 personas con medidas alternativas a la prisión. Planteó que jueces, fiscales, legisladores y la opinión pública no creen en el sistema de penas alternativas “porque es visto como mandar para la casa” al que comete un delito.