Pereira a García: “Que nos digan a los torturados y a sus familiares que no hicimos nada, es el insulto más grande que he escuchado”

El Frente Amplio sale al cruce del ministro de Defensa, Javier García, por la ley que promueve la divulgación pública de los documentos de la dictadura.

Fernando Pereira
Fernando Pereira.
Foto: Estefanía Leal

Es para saber toda la verdad. Una verdad que no pudo conocerse antes, durante los gobiernos del Frente Amplio, en los que no hubo “voluntad política”. Así se expresó este lunes en el Parlamento el ministro de Defensa, Javier García, al defender el proyecto de ley, promovido por el gobierno, que crea un mecanismo para que todos los documentos vinculados al pasado reciente puedan ser de acceso público. Estas afirmaciones molestaron sobremanera al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que le exigió al ministro tener “cuidado” con lo que dice.

“Que un ministro que forma parte de un gobierno que durante veinte años defendió la ley de Caducidad le diga al Frente Amplio que no hizo nada en materia de derechos humanos es lo más contrario a la realidad posible”, afirmó en declaraciones a El País.

“En veinte años no hubo un solo militar preso en Uruguay, amparados por una ley inconstitucional”, añadió. Y exhortó al ministro a reparar en sus dichos. “Que nos digan a los torturados o a los familiares de los torturados que no hicimos nada es parte de los insultos más grandes que he escuchado en mi vida”, aseguró.

Pereira pidió una discusión con contenido. “Al Frente Amplio no lo van a correr con frases violentas”, precisó, al afirmar que García “no tiene autoridad moral” para cuestionar al Frente Amplio.

“Que revise la historia”, le pidió. Y adhirió a la postura de su fuerza política al considerar que el proyecto, aprobado el lunes en la Comisión de Derechos Humanos y Educación con votos del oficialismo, merecía una mayor discusión.

Pereira se preguntó por qué el gobierno no pidió la opinión de las organizaciones sociales vinculadas al tema. “Que lo expliquen”, dijo. “Capaz que hay un objetivo que nadie conoce, y no resulta tan puro como lo que dicen”, afirmó.

El presidente del Frente Amplio reafirmó que, salvo el intento de Jorge Batlle con la Comisión para la Paz -cuando “lo mataron a mentiras”- nada se hizo por saber la verdad entre 1985 y 2005.

La rápida aprobación del proyecto en comisión fue justificada por el oficialismo en la necesidad de votar, en esta Rendición de Cuentas, los recursos que se necesitarán para aplicar la ley.

En respuesta a este “apuro” y a la negativa oficialista a recibir la opinión de Crysol, Madres y Familiares y otras organizaciones similares, la senadora frenteamplista Silvia Nane apeló al archivo y citó a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, que a fines de mayo y cuando el proyecto era ingresado al Parlamento, había garantizado que en su discusión se iba a “escuchar a todas las partes” y se convocaría a “todos quienes puedan tener interés” en el tema. “Se conocerán las distintas versiones y entonces los legisladores iniciarán un proceso de negociación”, había dicho la vicepresidenta, según lo consigna un reporte publicado en la página web del Ministerio de Defensa.

En su exposición ante la comisión, el ministro García aseguró que los archivos vinculados al pasado reciente fueron objeto de una “apropiación” por parte de 30 organizaciones, estatales y no estatales, que los han venido utilizando en forma privada. “Hubo una apropiación, por parte de unos pocos, de algo que debería ser de conocimiento público”, afirmó.

El proyecto recibió el apoyo de todo el oficialismo. “El pueblo quiere saber”, comentó el senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), al señalar que “ha habido mucho silencio” en torno a estos archivos. “Han pasado demasiados años de oscurantismo documental”, precisó. Domenech dijo que al pueblo se lo ha “tratado como a un tonto”, indicándole qué puede saber y qué no sobre los documentos vinculados al pasado reciente.

“Se ha secuestrado la verdad a la gente, y este proyecto contribuye a que los archivos sean publicados”, concluyó. El senador cabildante ratificó así la “decisión política” de promover esta ley.

Además

Manini: los “topos” cambiaron de forma

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que el acceso público a los archivos sobre el pasado reciente le “sacará poder” a ciertos “operadores” que, como “reyes de la información”, han filtrado u omitido difundir este tipo de documentos a su antojo. Con toda la información sobre la mesa, sostuvo, cada cual la procesará y sacará sus propias conclusiones.

Durante la sesión de la comisión, Manini discrepó con el “optimismo” de su colega Amanda Della Ventura, que aseguró que el espionaje terminó con los gobiernos del Frente Amplio. “El espionaje sigue y va a seguir por siempre”, afirmó. Ya no es, dijo, a través del viejo “topo” infiltrado. Ahora son micrófonos, rastreo de redes sociales en donde se busca “lo que uno publicó hace nueve años” y análisis de información abierta con el objetivo de destruir a una persona, a un partido o a una organización. No son ya, dijo, las “siniestras” agencias del Estado sino algunos medios -a los que no identificó- que “siguen lineamientos de operadores” que, de forma intencional, buscan debilitar o destruir. “Lo vemos todos los días”, indicó. “El que diga lo contrario, no está viendo la realidad o está mintiendo a conciencia”, dijo.

Manini aseguró que todos los días hay “operaciones” de este tipo, en lo que según su visión resulta ser lo más parecido a un espionaje. En ese contexto, el senador sostuvo que los políticos que filtran reuniones internas no son más que “espías infiltrados”.

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