Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Educación del Senado se enfrascaron este lunes en un debate de proporciones en torno al proyecto de ley que, promovido por el Poder Ejecutivo, plantea un mecanismo de acceso público a todos los archivos correspondientes al pasado reciente.

La discusión ya venía caldeada desde el momento en que el ministro de Defensa, Javier García, había aludido en la sesión a una supuesta “falta de voluntad política” de dar difusión a esa documentación durante los tres gobiernos del Frente Amplio. Y se tensó más cuando los senadores debieron procesar la definición del tema.

Fue allí que la nacionalista Graciela Bianchi, que ese día ocupaba la presidencia del Senado, ratificó la voluntad del oficialismo de que el proyecto se votara ese mismo día. “Luego de haber escuchado las exposiciones de los ministros, tenemos la decisión tomada políticamente, en el sentido de que es lo que corresponde”, subrayó.

Según Bianchi la decisión también obedeció a un problema práctico, que justificó además el “apuro”: la ley necesita recursos para su aplicación y esta será la última oportunidad de incluirlos en la Rendición de Cuentas.

La explicación no conformó a su colega frenteamplista Amanda Della Ventura, que apuntó que los recursos pueden votarse en cualquier momento. La senadora consideró “antidemocrático” que no se accediera al pedido de extender el tiempo de discusión del proyecto para así recibir la opinión de organizaciones directamente involucradas con el pasado reciente.

Sobre la mesa estaba también el debate en cuanto a quién podía votar el proyecto y quién no. El oficialismo tenía tan solo un integrante más en la comisión, por lo que cualquier presencia o ausencia sería definitiva.

La presidenta de la comisión, la frenteamplista Silvia Nane, puso finalmente a votación el proyecto. La legisladora dijo haber interpretado que así lo había planteado Bianchi. “Yo no pedí que se pusiera a votación”, fue la respuesta de la nacionalista.

En se momento el nacionalista Jorge Gandini pidió un cuarto intermedio. La razón: “Estoy reclamando la presencia de algún senador que se acaba de retirar”. La alusión era sobre el cabildante Guido Manini Ríos, que se había retirado de sala poco antes y había dejado la situación en tablas. Al terminar la votación empatada, no hubo lugar al pedido de Gandini.

En ese momento había ocho legisladores en sala. Cuatro del oficialismo y cuatro de la oposición. Si en ese momento se procesaba la definición del proyecto, la iniciativa del gobierno iría al fracaso.

La discusión prosiguió, entre acusaciones mutuas y señalamientos de Bianchi hacia Nane por su forma de conducir la sesión y, en su visión, “llevarse puesto” al resto de los integrantes en medio de críticas del oficialismo, que consideró “penoso” que por “cortesía parlamentaria” no se concediera el cuarto intermedio solicitado.

En ese momento fue que Manini retornó a sala y el proyecto, finalmente, fue puesto en consideración. El resultado: cinco en nueve afirmativo. El debate, no obstante, estaba lejos de concluir.

El Ministerio de Defensa acababa de dejar ante la comisión una memoria digital y las actas correspondientes a los documentos vinculados a la dictadura, que desde hace años estaban depositados en una oficina del ministerio de Defensa y que técnicamente pertenecen a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh).

La existencia de esos archivos, y sobre todo de esa habitación particular, fue consignada a fines de agosto por El País.

Estos documentos quedarán en custodia del Parlamento ante el pedido expreso de García, que solicitó ante los legisladores absoluta reserva sobre su contenido. Según las especificaciones de Defensa, los documentos serán dados a conocer una vez el Poder Legislativo ratifique la ley correspondiente.

Allí Bianchi propuso proceder como se hace con los documentos parlamentarios reservados: guardar el material en la caja fuerte de la secretaría del Senado, con firma conjunta de todos los legisladores. De ese modo, cualquier integrante del Poder Legislativo que quiera acceder a esa documentación deberá registrarse, garantizando así la trazabilidad y custodia de los documentos.

Desde el Frente Amplio, Liliam Kechichian planteó la contradicción de Bianchi y del gobierno en cuanto a, por un lado, decir que con la ley en discusión se pretende garantizar el acceso total a los archivos y, por otro, pedir reserva sobre esa documentación.

“No se saca de circulación la información”, aclaró Banchi. “Se custodia hasta que se apruebe esta ley”, insistió, descartando cualquier contradicción. “Lo que pasa es que la desesperación obnubila el pensamiento”, dijo, en referencia a sus colegas de la oposición.

Bianchi sostuvo que su planteo respondía al “sentido común” pero se mostró dispuesta a otras alternativas. “Si quieren lo guardamos en el cajón de mi escritorio”, ironizó. “Tengo documentos mucho más peligrosos”.

A todo esto Della Ventura insistió en su “sorpresa” ante el planteo que, dijo, iba “contra el espíritu” de lo que coalición de gobierno acababa de votar. “Me llama la atención la intervención de la senadora Banchi”, enfatizó.

“¡A veces soy tarada!”, fue la respuesta, irónica y desafiante, de la senadora nacionalista.

El debate sobre qué hacer con la documentación que entregó Defensa siguió. Ahora, nuevamente con una dificultad: otra vez la integración de la comisión estaba empatada. A esa altura, algunos senadores incluso dudaban de que el ministerio hubiera pedido alguna medida de seguridad con respecto a esos documentos.

Como era de esperar, el planteo volvió a quedar en tablas: cuatro votos en ocho. Ante la situación, el nacionalista Gandini propuso que la documentación aportada por Defensa siga el curso natural y se incorpore a la carpeta del proyecto de ley como un material más, aunque habilitando a los funcionarios de la comisión a establecer los mecanismos de garantías correspondientes. Al tratarse del procedimiento habitual, no hubo necesidad de votar ninguna moción especial y la sesión, por fin, pudo terminar.