Por Fabián Cambiaso
La Cámara de Diputados tiene previsto votar la semana que viene en comisión un nuevo proyecto de leyque consagra el derecho a una reparación moral, social y económica a las personas que fueron víctimas del accionar del grupos armados antes y durante la dictadura cívico-militar.

El nuevo texto fue acordado por Rodrigo Goñi (Partido Nacional), Ope Pasquet (Partido Colorado) y Carlos Testa (Cabildo Abierto) y procura ajustar algunos detalles de la redacción la versión que ya sancionada por el Senado y que había llegado desde el Poder Ejecutivo.

El nuevo proyecto, al que accedió El País, y cuya redacción en términos generales surgió del legislador colorado, dispone que la reparación moral y patrimonial corresponderá las víctimas de "hechos ilícitos" perpetrados entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976 a manos de "integrantes de grupos organizados y armados con fines políticos e ideológicos".

A diferencia del proyecto anterior, esta iniciativa prevé cifras concretas de reparaciones, que saldrán de Rentas Generales. Así, se propone una indemnización de US$ 150 mil para los familiares o causahabientes de las personas que murieron víctimas de esos hechos. Se trata de un monto similar al que había sido propuesto en 2007 por el gobierno de Tabaré Vázquez, que llegó a enviar un proyecto al Parlamento y terminó fracasando ante la negativa del entonces mayoritario Frente Amplio.

En el caso de que a consecuencia de esas acciones la persona hubiera sufrido una incapacidad permanente, total o parcial, la víctima o sus herederos podrán reclamar US$ 100 mil. Finalmente, los que hayan sido privados de su libertad por parte de estos grupos por más de 72 horas, o sus herederos, cobrarán US$ 50 mil.

Al igual que en el proyecto del gobierno, en este caso se prevé la creación de una comisión especial que tendrá a su cargo todo lo relativo a las solicitudes de amparo a estas pensiones y su asignación. La diferencia es que este nuevo proyecto define quienes serán sus integrantes.

Esa comisión será presidida por un delegado del Ministerio de Educación y Cultura, que será acompañado de un representante de Interior y otro de Economía y Finanzas, junto a dos designados por las organizaciones "más representativas" de las víctimas. Para otorgar las reparaciones que se soliciten, se requerirán los votos de cuatro de los cinco integrantes. Este es un detalle que Pasquet había observado en la versión del Poder Ejecutivo, al subrayar que la indefinición sobre los miembros de esta comisión volvía al proyecto "impracticable".

Aquellas víctimas cuyo derecho a recibir una reparación había sido reconocido en los proyectos que fueron enviados al Parlamento en 2004 y 2007 tendrán por presentada su solicitud. Los demás, tendrán un año de plazo a partir de la puesta en vigencia de ley. A nivel parlamentario se ha manejado una probable lista, aportada por organizaciones interesadas, que mencionan cerca de 90 casos pasibles de acogerse a la iniciativa.

El proyecto aclara que en aquellos casos en que ya se accedió a una reparación por vía judicial o extrajudicial, tendrán derecho a la diferencia que pueda haber entre la suma propuesta y la que ya percibieron. Aquellos que aún reciben una pensión estatal por esta causa, no tendrán derecho a percibir la nueva prestación.

En el plano moral, el proyecto plantea reconocer a las víctimas de las acciones guerrilleras a través de la construcción de monumentos que conserven su memoria.