El gobierno de Yamandú Orsi recibió como herencia una serie de obras que serán concluidas bajo su gestión, la que se extenderá hasta marzo de 2030. La mayoría se continuará sin contratiempos y algunas seguro que contarán con su presencia a la hora de la inauguración, pero otras generan polémica y comprometen cuantiosos recursos económicos.

Hay dos proyectos que destacan sobre el resto. Uno por la polémica que genera y el otro por las millonarias sumas que compromete.

El 23 de enero pasado, ya en plena transición, el gobierno de Luis Lacalle Pou decidió firmar el contrato del proyecto Neptuno en Arazatí. Lo hizo sin el beneplácito de la nueva administración. La obra tiene un costo para el Estado de US$ 294 millones y el objetivo es asegurar la provisión de agua a la población del área metropolitana.

El proyecto utilizará el Río de la Plata como fuente de agua para potabilización. Implica la construcción de una toma de agua bruta en la zona de la playa Arazatí (departamento de San José) y una planta potabilizadora próxima a esa instalación para la producción de 200.000 m3 netos por día. También están contempladas otras obras conexas.

El ministro de Medio Ambiente, Edgardo Ortuño, ha dicho que Arazatí es un error porque compromete la situacion financiera de OSE y afecta la capacidad de acción de su gobierno. Es su cartera la que junto a las nuevas autoridades de OSE definirán el futuro de esta obra.

Pero en su área hay más obras en curso. Como las de saneamiento que comenzaron el año pasado.

La primera etapa del proyecto Universalización de Saneamiento prevé intervenir en 61 localidades del interior con más de 2.000 habitantes y cuenta con un presupuesto de 422 millones de dólares. Esta etapa permitirá pasar de una cobertura de saneamiento global de 48 % a 68 %, lo que significará sumar 55.000 conexiones para 160.000 habitantes.

En el caso específico de Maldonado, las obras de agua potabe y saneamiento para todo el departamento finalizarán en 2027. Se trata de un ambicioso plan iniciado el año pasado con una inversión de US$ 60 millones.

Este programa tiene como objetivo, por un lado, reforzar los sistemas de abastecimiento de agua potable, en especial de las ciudades de San Carlos y Piriápolis, y los balnearios ubicados al este del arroyo Maldonado (especialmente José Ignacio y Punta del Este).

Por otra parte, el programa busca un aumento de la cobertura de saneamiento en las ciudades de Maldonado y Punta del Este por medio de la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en San Carlos, una estación de bombeo de aguas residuales (La Alameda), y aproximadamente 70 km de redes secundarias y cerca de 6.300 conexiones domiciliarias de alcantarillado sanitario.

Otro gran proyecto encaminado sobre el que el flamante gobierno deberá tomar decisiones definitivas tiene que ver con la industria del hidrógeno verde y sus derivados.

Existe un acuerdo firmado con el consorcio conformado por las empresas Saceem y CIR. La primera etapa que termina este año tiene el foco puesto en las regulaciones necesarias y la puesta en práctica de proyectos pilotos para producir combustible sintético para el transporte de carga y fertilizantes verdes.

La segunda etapa comprometida abarca todo el período de Yamandú Orsi y se aboca a la expansión a nivel nacional de proyectos de mediana escala, de entre 100 y 200 MW, y la puesta en funcionamiento de los primeros proyectos para exportación, enfocados en fertilizantes y combustibles.

El plan integral compromete las futuras tres gestiones de gobierno ya que los proyectos que involucran a la ampliación del mercado nacional y un crecimiento acelerado de las exportaciones, agregando la comercialización de hidrógeno y amoníaco verde, están basados en un cronograma que finaliza en 2040 y que prevé que toda la industria instalada genere una facturación de US$ 1.900 millones anuales y más de 30.000 puestos de trabajo de calidad.

En febrero de 2024, el Estado uruguayo firmó un memorando de entendimiento con la empresa HIF Global, que prevé construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú, siendo este el paso previo a la firma de un contrato de inversión. De concretarse, sería la mayor inversión privada en la historia del país, que se aproximaría a los US$ 6.000 millones, y se crearían en torno a ella unos 3.000 puestos de trabajo.

El proyecto apunta a la producción de combustibles sintéticos a partir de la captura de CO2 proveniente de la combustión de biomasa y destilación de alcohol de cereales. Para ello, se prevé instalar un electrolizador alcalino y nueva infraestructura de generación eléctrica renovable a partir de fuentes sola res fotovoltaicas y eólicas.

También está en curso gracias a un acuerdo firmado en diciembre de 2024, un plan para que ALUR venda a HIF Global 150.000 toneladas de anhídrido carbónico producido en su planta de Paysandú para generar combustibles sintéticos. El proyecto implica 3.500 empleos en la etapa de construcción y unos 400 en la operativa.

En el Puerto de Montevideo, la polémica concesión a Katoen Natie de la Terminal Cuenca del Plata tiene proyectadas inversiones para expandir el área de la concesión, incluyendo una segunda playa de contenedores de aproximadamente 22 hectáreas, que se suman a las 35 de la operativa actual, y un segundo muelle de aproximadamente 700 metros, con una profundidad a 14 metros.

El Plan de Gestión de Residuos, con un presupuesto de US$ 30 millones, tiene en curso acciones para la adecuación ambiental de los sitios de disposición final y el fortalecimiento de capacidades en cada departamento para avanzar en una estrategia integral. Resta ejecutar el cierre definitivo de los vertederos a cielo abierto, la instalación de estaciones de transferencia y mejoras logísticas, la superación en equipamiento e infraestructura en sitios de disposición final y la incorporación de elementos de gestión para la mejora en la calidad del servicio de manejo de residuos.

Lacalle Pou siempre destacó su buena relación con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva. Fruto de ese vínculo fue el proyecto para el nuevo puente internacional en Río Branco-Yaguarón acordado en enero de 2023. El proyecto fue elaborado por la consultora Enecon, contratada por Brasil, y aprobado en el marco de la Comisión Binacional para la licitación del segundo puente sobre el río Yaguarón.

Este se erigirá en una traza ubicada aguas arriba del existente, que une las rutas 26 y 18 del lado uruguayo con la BR116/RS en Brasil. El puente será una estructura atirantada, tendrá una longitud de 419 metros y contará con tres vanos centrales de 100 metros y dos de 59,50 metros.

La obra vial implica aproximada mente 6 km de acceso.

Durante este año UTE continuará con su proyecto de Inclusión Social. Entre 2012 y 2019 fueron regularizados 32.000 hogares que hurtaban energía, en el período 2020-2025 se llegó a 51.000 y los planes ya trazados para ser ejecutados a lo largo de este año permitirán alcanzar a 90.000 hogares.

En materia de Salud Pública, la inauguración prevista para este año del CTI en el Hospital de Artigas permitirá incrementar la dotación de camas de ASSE. Este nuevo CTI se suma a los ya creados en los hospitales de Las Piedras, Colonia, Treinta y Tres, Rocha, Mercedes y Melo.

En cuanto a la vivienda, hay más de 10.000 hogares ubicados en unos 80 asentamientos que se encuentran en barrios con obra ya iniciada. Y hay otros 50 asentamientos que ya fueron incluidos en diversos proyectos de intervención que ya cuentan con financiamiento.

La Fuerza Aérea recibirá durante el actual gobierno seis aeronaves A-29 Super Tucano y un simulador de vuelo que fueron adquiridas en enero. Se trata de equipamiento que permitirá a la Fuerza Aérea realizar un mejor del control del espacio aéreo y las fronteras mediante la interceptación de aeronaves de baja performance y que hoy no pueden ser alanzadas.

Estas se suman a la incorporación durante el período anterior de dos aeronaves Hércules KC-130, una aeronave C-120 Brasilia y el helicóptero Bell 212.

El gobierno anterior hizo una mención especial en su memoria a la inversión en obras viales que ascendió a 3.738 millones de dólares, señalando que de cada diez kilómetros, más de ocho estuvieron en obra. En esa línea, hay 111 puentes que se están ensanchando y están en proceso de finalización obras en tramos de más de veinte rutas en todo el país.