A Yamandú Orsi lo están “esmerilando”. En términos de inteligencia y propaganda negra, esto se traduce en ir desgastando a alguien, socavando su imagen pública con acusaciones falsas, usualmente una atrás de la otra. Esta es la teoría del Movimiento de Participación Popular (MPP), que alerta una “operación” contra Orsi, quien fue denunciado ayer por parte de una trabajadora sexual trans.

Esta persona afirmó que en 2014 el exintendente de Canelones y hoy postulante favorito del Frente Amplio se negó a pagarle por un servicio sexual y luego la golpeó.

Orsi, en diálogo con El País, dijo ser víctima de una acción “muy bien orquestada”, detrás de la que “hay una mafia internacional”, con “mucha guita”.

Y en el MPP engloban, justamente, este caso en un accionar a nivel internacional. Algunos de sus integrantes apuntan seguros a un responsable concreto: el narcotráfico.

Acciones similares, insisten, se produjeron en Brasil y en Argentina, cuyas víctimas han sido -sostienen- Luiz Inácio Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner. También, sin dudar, dijeron que la denuncia era esperada y que, además, vendrán más.

Orsi convocó este miércoles a una conferencia de prensa para desligarse de la acusación y ensayar esa línea de razonamiento. Allí explicó que la decisión de no efectuar ninguna denuncia por difamación cuando el tema empezó a ser mencionado días atrás por la militante nacionalista Romina Celeste Papasso -quien en su momento fue la primera en denunciar al exsenador nacionalista Gustavo Penadés- respondió, justamente, a que se entendió que se está ante una acción política intencional. “Si nosotros denunciábamos en seguida iba a aparecer otro caso en otra parte”, dijo un integrante del comando de Orsi. “No está bueno entrar en el juego que te marcan otros”, ratificó también el candidato.

Orsi negó con énfasis la acusación. “Esta persona se confunde”, dijo, sobre la mujer trans que lo acusa. “No era yo o, lo que sería mucho más triste aún, alguien la está usando”, afirmó. El precandidato llamó la atención sobre algunos detalles del caso. “Nueve años después y justo cuando estoy en campaña, aparece esta denuncia”, dijo. “Una denuncia presentada a las dos de la mañana, de un episodio de hace casi diez años, en plena campaña electoral”, insistió.

Orsi aseguró que el asunto debería preocupar a toda la clase política. “Acá se cruzó una línea que el Uruguay no conocía, y que no sabemos cuándo termina”, aseguró. Y añadió que esto será así “salvo que el sistema político lo pueda parar”.

La decisión política es que el precandidato, a partir de ahora, guarde silencio. Pero esto no está tan claro que pueda cumplirse. “Sin duda la gente va a preguntar cosas y nosotros vamos a tener que responder”, admitió Orsi.

Todo quedará en manos de sus abogados -un equipo liderado por el exfiscal de Corte, Jorge Díaz-, que, al igual que el comando político, trabajará para identificar a los responsables de esta “operación”.

Orsi recibió el inmediato respaldo del Frente Amplio, que le ratificó el apoyo que le había otorgado el pasado lunes, tras la denuncia de Papasso.

“Hay una campaña sucia para proscribir y generarle una cancelación” a Orsi, dijo ayer el presidente del FA, Fernando Pereira. Lo mismo hizo Mario Bergara y Carolina Cosse, cuyas expresiones generaron algo de sorpresa en la interna. Si bien dijo adherir “completamente” al respaldo otorgado por su partido, Cosse adelantó: “Voy a respetar a la Justicia como siempre lo hago. Es un ámbito que da garantías para todo el mundo”, precisó.

Foto: Estefanía Leal

Será trabajo de la Fiscalía ahondar en la denuncia contra Orsi y analizar qué delito, eventualmente, se configuró. Según diferentes docentes de Derecho Penal consultados por El País, en este caso hay al menos dos interpretaciones posibles. La primera y más lineal es que hay un delito de lesiones, que podrían ser personales, graves o gravísimas. En el caso de las personales, solo se pueden perseguir penalmente si la víctima hace la denuncia en un lapso de seis meses posteriores al hecho.

Para los otros dos tipos (graves y gravísimas), el plazo de prescripción es de 10 años, que según el marco temporal que fijó la denunciante, se cumplirían en junio de este año.

Sin embargo, hay otra interpretación legal de los hechos denunciados. Puede entrar en el abanico de los delitos sexuales si se entiende que hubo atentado violento al pudor. Aunque, según la denuncia, el encuentro comenzó siendo consentido, este partió de la premisa que iba a haber un pago. Sin embargo, Orsi, siempre según la denuncia, rompió este pacto valiéndose de la violencia.

Foto: Francisco Flores