La discusión sobre la proyectada represa de Casupá y sobre la posibilidad de que la zona cercana se integre al Sistema Nacional de Áreas Protegidas que inquieta a los productores de la zona, está por llegar a un punto de definición.
El asunto fue tratado en una reunión que durante una hora y media mantuvo este lunes el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, con el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Si bien al terminar el encuentro hubo hermetismo de ambas partes, El País supo que en la reunión, de tono cordial, el ministro no comprometió ningún tipo de apoyo o compensación adicional a los productores que entienden que se verán perjudicados si se crea el área protegida.
El gobierno quiere represar el arroyo Casupá para mejorar la reserva de agua bruta del sistema metropolitano y de esta forma prepararlo mejor para paliar los efectos de una eventual sequía como la que en 2023 afectó el suministro de Montevideo.
El Plan Estratégico 2026-2035 para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue puesto en consulta pública el pasado 27 de octubre por un plazo que vence el próximo viernes, día en que se hará una reunión informativa pública por la tarde en la localidad de Casupá (Florida). En ella algunos productores ya se preparan para hacer oír sus reclamos.
El plan establece que la zona del arroyo Casupá esta considerada “Clase 2” lo cual supone que su ingreso al sistema es una prioridad antes del año 2035. “Las acciones sobre este grupo de sitios se orientan a implementar procesos de creación de áreas protegidas en el horizonte del plan”, según lo elaborado por el Ministerio de Ambiente. El área protegida en la zona de Casupá serían 67.000 hectáreas.
Actualmente, en el país hay 22 áreas protegidas que abarcan unas 267.750 hectáreas.
Lo que preocupa
La calidad del arroyo Casupá (que en parte de su trayecto es el límite entre los departamentos de Florida y Lavalleja) es muy buena, coinciden todas las partes. Y el gobierno pretende que siga siendo así y por eso quiere regular la posibilidad de que el ganado beba allí. Para eso prevé que se alambren las riberas del curso de agua.
En la zona predominan los productores ganaderos pequeños y medianos. El productor Álvaro Rivadavia dijo a El País que tanto Fucrea, como la Oficina de Planeamiento y Políticas Agropecuarias (Opypa) y el Plan Agropecuario calculan la rentabilidad promedio anual de una hectárea en la zona oscila entre US$ 200 y US$ 240 y que esta caería no menos de 30% y hasta un 50% si la zona es declarada protegida.
Hay quienes ya se oponían a la construcción de la represa, pero la confirmación el mes pasado de que se crearía en la zona un área protegida hizo sonar todavía más las alarmas en algunos.
“OSE va a tener un lucro con la venta de agua. ¿ Nos va a compensar como UTE compensa al productor al que se le instala un molino para generar energía eólica o Antel al que se le instala una torre de telecomunicaciones?”, preguntó Rivadavia.
El productor también cuestiona que se impulse un área protegida pero al mismo tiempo se planee sumergir 430 hectáreas de monte nativo (compuesto de coronilla, guayabos, sauces, algarrobos) que no tiene especies invasoras y que actúa como filtro y preserva la calidad del agua.
Silvana Facheli, propietaria de 36 hectáreas en la zona, considera que muchos productores verán la viabilidad de sus explotaciones en riesgo si con el área protegida se les quita la sombra, el abrigo y el acceso al agua para su ganado. Coincide con Rivadavia en que el proyecto de la represa costará mucho más que los US$ 130 millones anunciados y que pone en riesgo, si se rompiera el muro a localidades como Bolívar (Canelones, que tendría media hora para su evacuación) y Fray Marcos (Florida).“Se destruiría un tejido social para construir una represa categoría C, o sea de riesgo”, señaló.
Ferber dijo este domingo a El País que “ahora lo que queda claro es que la represa viene con un paquete de restricción productiva fuerte”.
Rivadavia entiende que el proyecto para construir una represa en el arroyo Casupá “es un tiro al corazón” de la zona que afectará a 105 padrones y a entre 80 y 90 familias de productores. Quedarían sumergidas tres escuelas rurales y habría establecimientos que quedarían divididos por el lago que se crearía.
Muchos productores tienen hoy sus explotaciones tanto en Lavalleja como en Florida separadas por el arroyo. A su juicio, en toda esta situación el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ha estado “totalmente omiso”. Ferber había señalado que “la opinión pública, los productores rurales tienen que saber que opina el Ministerio de Ganadería al respecto”. “Quizás el MGAP está de acuerdo con esto, pero que nos lo digan”, señaló con respecto a la eventual creación de un área natural protegida.
Rivadavia mencionó que algunas áreas como Esteros de Farrapos (en el río Uruguay) o la Quebrada de los Cuervos (en el departamento de Treinta y Tres) están en áreas que no son productivas pero que si crease una en la zona del arroyo Casupá se afectaría mucho a una región que sí lo es. Tanto Rivadavia como Facheli entienden que los productores de la zona son quienes han velado por la calidad del agua del Casupá.
Estos productores acumulan argumentos contra la represa que el gobierno decidió impulsar tras dar marcha atrás con el proyecto Arazatí que impulsaba la anterior administración y que suponía tomar agua del Río de la Plata. “El Casupá es el 5% de la cuenca total del Santa Lucía. En caso de sequía extrema no puede abastecer el área metropolitana” sostiene Facheli.