Redacción El País
La coalición tuvo y tendrá varias reuniones en la semana para definir acuerdos programáticos, un nueva edición de lo que fue el “Compromiso por el país” firmado en noviembre de 2019, que esta vez se llamará “Un gobierno para todos”. Quienes trabajan en su redacción prevén lograr un acuerdo el viernes y presentarlo el lunes a la ciudadanía. Aún se está en etapa de conversaciones: los partidos recibieron este miércoles un borrador, y este jueves a las 9:30 se dará un encuentro de la mesa coordinadora donde cada uno hará devoluciones y comentarios concretos sobre el documento.
El nuevo “Un gobierno para todos” será clave de cara al balotaje, a realizarse el 24 de noviembre, después de que ni Álvaro Delgado por el Partido Nacional (PN) ni Yamandú Orsi por el Frente Amplio (FA) consiguieran el 50% más uno de los votos.
Blancos, colorados, cabildantes e integrantes del Partido Independiente y el Partido Ambiental Constitucionalista reeditan la coalición con el objetivo de ganarle al Frente Amplio y por estas horas buscan alinear sus propuestas en un documento. Los socios definirán en la reunión de este miércoles sus posiciones, planteando con qué están a favor y con qué en contra.
La mesa coordinadora, que está integrada por Agustín Iturralde (PN), Matías Bordaberry (Partido Colorado), Marcos Methol (Cabildo Abierto), Javier Lasida (PI) y Luján Criado (PCA), se reunió el lunes y el martes para hablar sobre las propuestas en común, y el miércoles los partidos se dedicaron a estudiar con sus técnicos cada punto. La mesa se volverá a reunir el jueves y el viernes para avanzar en conjunto sobre el documento.
Ambientalista
Desde la mesa coordinadora contaron a El País que todos los integrantes de la coalición van a encontrar en el borrador propuestas que hicieron, y que van a verse reflejados algunos de sus planteos más relevantes. Al borrador podrán agregársele en las próximas horas más puntos.
El Partido Constitucional Ambientalista —que consiguió 11.691 votos, un 0,49% del electorado— propuso varios temas, como la creación de delitos ambientales, profundizar en cambios a través de la Oficina Nacional de Servicio Civil (reestructura de la carrera administrativa, centralizar los sumarios y revisar la profesionalización de la función pública), limitar la posibilidad de decretar contratos secretos confidenciales o reservados, cambios en la ley de inversiones, y que los jerarcas que insistan en un gasto que observó el Tribunal de Cuentas deban argumentar en el Parlamento.
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