POLÉMICA POR CAMPOS
El senador le pidió al jerarca averiguar si durante la gestión frenteamplista habían inspeccionado su situación.
Cuando el senador Guido Manini Ríos se enteró de los resultados de una inspección realizada por el Instituto Nacional de Colonización (INC) al campo que posee su familia en Artigas, se encontraba en Rocha -daría allí un discurso en la Sociedad Italiana para defender la LUC- y quienes estaban con él esa noche aseguran que lo vieron “muy afectado”.
El golpe fue tanto para él como para a su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, también comprendida en el informe de esa inspección que los señalaba a ambos como colonos de esas tierras y, por tanto, sujetos a las exigencias y requisitos en tanto tales, dispuestos por la ley 11.029. “A Manini le resbala todo, pero con esto fue diferente”, dijo a El País uno de sus allegados.
El líder de Cabildo Abierto respondió de inmediato en su cuenta de Twitter que esa información -de la que dio cuenta el viernes a la tarde el semanario Búsqueda- era una “mentira más” y que el origen de los campos en cuestión fue una compra que hizo su suegro, Roque Moreira, en 1971, y que “nunca fue colono”.
A partir de ese momento, el líder de los cabildantes fue inubicable en su celular, y 48 horas después se volvió a pronunciar mediante un comunicado, en donde dio más detalles de sus argumentos. Allí contó, entre otras cosas, que su suegro adquirió el campo al participar de una licitación del INC, luego de que el organismo declarara ese predio como incompatible con la explotación tradicional por sus características naturales. Y agregó que en 1975 se firmó entre las partes “un nuevo compromiso de compra venta, que no deja ninguna duda sobre la inexistencia de vínculo alguno entre el comprador y el INC”. Y afirmó también que desde ese momento el instituto “no realizó reclamación alguna contra el señor Roque Moreira, ni por la ocupación, ni por la residencia, ni por la explotación, ni por la disposición del inmueble existente en el predio”.
Por eso Manini está convencido que todo esto se trata de una operación política que casualmente se da a unos pocos días del referéndum contra 135 artículos de la LUC, y con esa inquietud se reunió ayer, en su despacho del edificio anexo del Palacio Legislativo, con el presidente del INC, Julio Cardozo.
En ese encuentro, en el que también estuvo presente el diputado Álvaro Perrone, Manini y Cardozo “intercambiaron ideas” y opiniones sobre el informe de la inspección que aún no fue avalado por el directorio del organismo, pues falta que se pronuncie la asesoría letrada del INC. Esto es algo recurrente en estos casos ante las dificultades en la interpretación jurídica de la norma, y la particularidad que tienen todas las situaciones, dijo Cardozo en diálogo con El País.
Sobre la reunión, el presidente del INC aseguró que era una instancia que estaba “pendiente” desde hacía varios días porque “sabía que esto se iba a venir” -en referencia a los resultados de la inspección-, pero que el encuentro de aceleró tras la filtración a la prensa el pasado viernes, algo sobre lo cual también motivará una “investigación administrativa” por parte del organismo, porque el informe era confidencial.
Además de intercambiar impresiones y sacarse “dudas” respecto a la documentación que Manini dice poseer y que confimaría que la sociedad anónima que integra no tiene tierras afectadas al INC, el líder de Cabildo Abierto quiso saber con precisión una cosa: si durante la gestión del frenteamplista Andrés Berterreche -que ahora integra el directorio por la oposición- hubo alguna iniciativa de inspeccionar su tierra, o si “ahora hace lo que durante su Presidencia no hizo”, según resumió a El País Perrone, que fue el primero en sacar este tema en la reunión. “La principal pregunta es cómo esto no se hizo durante los gobiernos del Frente Amplio”, dijo el diputado, que siguió: “Cómo no se mandó hacer cuando Manini era incluso comandante en jefe del Ejército”, cargo al que llegó en 2015 con el gobierno de José Mujica, y año hasta el cual Berterreche estuvo en la titularidad del INC (había sumido en 2013). “Porque si no se hizo antes, claramente esto se trata de una movida política”, concluyó Perrone.
Consultado al respecto, Cardozo aseguró que no recuerda “nada” en ese sentido, al menos durante los años que integró el directorio por la entonces oposición (2010 y 2015). “No recuerdo que se haya tocado este tema, pero habrá que hacer un poco de memoria”, dijo el jerarca, que se comprometió así a hacerle una devolución más precisa sobre esto a Manini en los próximos días.
El Frente Amplio analiza los pasos a seguir
En la reunión de bancada del Frente Amplio de ayer, uno de los principales temas a analizar era justamente esta polémica. A este ámbito fue convocado el director del Instituto Nacional de Colonización por la oposición, Andrés Berterreche, cuya postura sobre el asunto ya divulgó en medios de prensa: asegura que el senador Guido Manini Ríos y la ministra Irene Moreira -propietarios de la tierra en cuestión- están en infracción por comprenderse dentro de la normativa y no ajustarse a sus condiciones, como por ejemplo que los colonos vivan en el campo. Al tema todavía le quedan varios capítulos. Según dijo a El País el senador frenteamplista Enrique Rubio, “la clave” estará en que Manini pueda o no comprobar con documentos que cuando adquirió este campo quedó en claro que el inmueble estaba “desafectado” del organismo. De no ser así, Manini enfrenta un “muy serio problema”, agregó, porque además de las irregularidades el senador votó dos artículos de la LUC que plantearon cambios al INC, por lo cual el cabildante habría incurrido en “conjunción de intereses”.