PASADO RECIENTE 

Aceptar que el proyecto para reinstalar la Ley de Caducidad no es viable porque ningún socio de la coalición de gobierno apoya la iniciativa no significa que el senador Guido Manini Ríos dé por perdida la partida. Por el contrario, el líder de Cabildo Abierto analiza una “alternativa” para detener los procesamientos a militares por delitos cometidos durante la última dictadura militar (1973-1985), según declaraciones que hizo a El País días atrás.

El senador aseguró que, pese a que por el momento mantendrá “en reserva” los detalles de la nueva propuesta, ve con buenos ojos una idea formulada por el coronel Eduardo Aranco, miembro militar de la Suprema Corte de Justicia, en una entrevista con el semanario Búsqueda del 1º de julio. Allí, Aranco dijo que todo el debate en torno a la actuación de la Justicia en los asuntos de las violaciones a los derechos humanos en los años 70 y 80 eran en última instancia un tema político que requería de una solución política, y propuso que se instrumentara una ley que interprete “de forma clara y definitiva las normas relativas a la prescripción para terminar con la inseguridad jurídica”.

Y explicó: “Se trata de una ley que diga que durante el período en que se aplicó la Ley de Caducidad (1986-2011) debe regir el plazo de prescripción de esos delitos.

Manini opinó que en esa propuesta “habría una solución” y que compartía con Aranco la visión de que hoy día se comete un “error” jurídico que debe ser rectificado. “Se ha dispuesto que el período en que estuvo vigente la ley de caducidad no corre como tiempo de prescripción, y eso debería considerarse tiempo también”, señaló el senador, para quien hoy se violan “principios del Derecho”.

Al ser consultado acerca de más detalles sobre esa “solución” fue que declaró que, como “todavía” no lo ha conversado en la interna de Cabildo, no quería “adelantar” más información. “Pero nosotros estamos pensando que acá hay un tema pendiente que se tiene que resolver y capaz que en los próximos tiempos llegamos a alguna propuesta”, aseguró.

La postura de Aranco, a la que adhiere Manini, confronta con el argumento esgrimido por los denunciantes de que al “impedido por justa causa no le corre plazo” de prescripción de los delitos. El coronel entiende que la propia norma habilitaba las indagatorias siempre y cuando la Justicia consultara al Poder Ejecutivo. Y pretende que no se juzguen “personas que desde 1985 están integradas a la sociedad” y “no se perfilan como peligrosas”.