El plan del Ministerio del Interior, que busca reclutar exconvictos para contener la violencia en zonas con alta incidencia delictiva, generó una ola de reacciones en el oficialismo. Entre quienes se pusieron en contra destacó el exfiscal Gustavo Zubía, actual diputado del Partido Colorado.

Luego de hacer una serie de críticas a través de distintos medios, el legislador apuntó directamente contra su correligionario Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior y uno de los artífices del plan que el gobierno implementará. Ayer Zubía compartió en Twitter una nota del portal de radio Carve, que consignaba que Sanjurjo había dicho que la propuesta iba “en el sentido de lo que las izquierdas generalmente proponen en todos los países del mundo”. El diputado tildó esta afirmación como “gravísima” y se preguntó si la coalición de gobierno había “girado a la izquierda”.

Las críticas hacia el politólogo generaron malestar en la interna del Partido Colorado, según supo El País. Particularmente porque la iniciativa de reclutar a ex presos había sido incluida en el programa de gobierno de la fuerza política en 2019. Es decir, que implícitamente contó con el aval de todos los sectores del partido, incluso de la Tercera Vía de Zubía.

De hecho, fuentes del oficialismo subrayaron que Sanjurjo, que participó en la elaboración del programa de gobierno colorado, reflotó ahora esta idea que tiene probado éxito en otras partes del mundo.

¿Qué propusieron los socios de la coalición en la pasada campaña electoral? “Fomentaremos que los ciudadanos rehabilitados del sistema penitenciario participen de un programa orientado a terminar con el círculo vicioso y epidémico de violencia. Intervenciones de este tipo (conocidas como “Cure Violence”) fueron implementadas en diversas zonas conflictivas y violentas del mundo como Chicago, Honduras y Escocia, entre otras, con un impacto de reducción de homicidios de entre 41% y 73%”, apuntaba el programa de gobierno.

El documento precisaba que los exreclusos, conocidos como “interruptores de violencia”, podrían establecer conexiones con las personas de la zona epidémica “para incidir en su comportamiento, identificando disparadores de potenciales eventos violentos y mediando con las partes para evitar represalias o negociar soluciones menos violentas”.

“Estas personas deben ser respetadas y tener fuertes vínculos con la comunidad en la cual actúan para poder funcionar como referentes de personas que hoy no los tienen. Por lo tanto, son candidatos ideales aquellos que cayeron en el delito, fueron penados y rehabilitados”, agregaba el programa.

En 2019 los colorados señalaban que era clave el rol de la Dirección Nacional del Liberado para identificar a las personas idóneas.

Como informó El País, esta es una idea que el gobierno de Luis Lacalle Pou pretende replicar.

El plan será financiado con US$ 2.000.000 del Banco Interamericano de Desarrollo. Sanjurjo dijo a El País que habrá margen para negociar los detalles con el resto de los partidos. Convocadas por el gobierno, las distintas fuerzas políticas integran una mesa de diálogo sobre seguridad.