ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Las iniciativas no fueron firmadas por la totalidad de la bancada.

Un paquete de 16 proyectos de ley presentado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) con el objetivo de “reafirmar la ética en política” fue firmado solo por legisladores del sector y no por toda la bancada del Frente Amplio.

A todas las iniciativas se le otorgó estado parlamentario. Ocho pasaron a estudio de la Cámara de Senadores y ocho a la Cámara de Diputados. La coordinadora de bancada y senadora Constanza Moreira (Casa Grande) dijo a El País que “los proyectos fueron presentados con las firmas del MPP ya que la bancada del FA no los estudió y no están dentro de las prioridades establecidas en el acuerdo bicameral de febrero”.

Moreira explicó que aún no se decidió qué tratamiento se le dará a los proyectos hasta no estudiarlos. Además, primero “se atenderán las prioridades acordadas” en la reunión de la Agrupación de Gobierno.

Los proyectos plantean: establecer una ley general de sueldos del Estado (donde el más alto sea el de presidente). La creación de un sistema democrático de ingreso a la administración pública (incluidas las intendencias), la fijación de un impuesto especial del 15% a todos los cargos políticos y de particular confianza para destinar a la construcción de viviendas para la población. Asimismo se propone la no devolución del excedente del Fonasa a los cargos políticos y de particular confianza, disponiendo por ley que su destino sea financiar el Fondo Nacional de Recursos y la compra de medicamentos de alto costo.

Consultado por El País, el senador Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) dijo que se acordó en bancada que “hay proyectos que tienen alguna reserva en el sentido de la constitución de los mismos”.

Según el senador, en el momento actual marcado por la campaña electoral “es imposible” ponerse a estudiar cada una de las 16 iniciativas. “Hay proyectos que son apoyables y otros hay que estudiarlos”, señaló. Como ejemplo mencionó el que establece que las partidas de prensa que perciben los legisladores vayan al Plan Ceibal es algo que se podría concretar por vía administrativa.

Por otro lado, Otheguy fue uno de los que planteó públicamente en el pasado que la devolución del Fonasa no se concretara y que esos recursos se utilizaran para cubrir necesidades presupuestales. Sin embargo, reconoció que en su momento se manejaron impedimentos legales para llevar adelante esta medida.

En aquel momento, varios constitucionalistas alertaron a la bancada que el gobierno no puede jurídicamente no devolver los excedentes y en caso de que lo haga se expone a juicios. Para Otheguy, si se quiere llevar adelante esto “hay que encontrar una formulación” en el texto de la iniciativa que permita sortear de alguna forma este obstáculo legal. Según supo El País, en una reunión de bancada que tuvo lugar la semana pasada el senador comunista Juan Castillo también expresó sus reparos desde el punto de vista del procedimiento elegido para presentar los proyectos de ley.

Lo que se objetó de alguna manera fue la forma por la cual se presentaron los 16 proyectos de ley, que no fueron discutidos previamente con la bancada oficialista y no formaron parte de la lista de prioridades legislativas para este año. En su caso, no planteó temas de fondo y aunque no firmó los proyectos, como tampoco lo hicieron otros sectores, no se opuso al estudio parlamentario.

“Ley Tabaré”, así le dicen en el Frente Amplio a la norma que busca regular el consumo de alcohol. La denominación, usada informalmente por legisladores oficialistas, obedece a la preocupación que tiene el presidente Tabaré Vázquez de que se apruebe lo antes posible el proyecto.

Después de que el mandatario expresara directamente su interés de que se apruebe lo antes posible la norma, la bancada incluyó la iniciativa dentro de las prioridades legislativas para este año.

El texto, presentado en setiembre de 2017 y como producto del trabajo de una comisión interdisciplinaria, prevé crear en la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP) un registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas, que abarca a toda persona física o jurídica que distribuya y comercialice.