La discusión de la reforma de la seguridad social acaparó el trabajo de la Cámara de Senadores antes del receso parlamentario. Finalmente, después de la labor de una comisión especial, el miércoles pasado se votó en el plenario el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que a partir del próximo año se tratará en la Cámara de Representantes.

Mientras que el presidente Luis Lacalle Pou calificó a la iniciativa como un “acto de responsabilidad nacional”, el Frente Amplio sostuvo que es “injusta y regresiva”. Si bien la coalición de gobierno la votó en bloque, todavía hay algunas diferencias entre los partidos que la integran, que buscarán saldarlas en el debate en Diputados.

¿Cuáles son las claves de la propuesta? En primer lugar la caja militar, la policial y las paraestatales (es decir, de profesionales, de escribanos y de empleados bancarios) se integrarán a un único sistema mixto, para lo que se prevé un proceso de convergencia.

Los cambios comenzarán a regir en su totalidad en 2043 y, según el gobierno, no afectarán las condiciones jubilatorias de quienes ya se retiraron o de quienes nacieron antes de 1973.

La edad mínima de retiro será de 65 años para la mayoría de los trabajadores -con 30 años de aportes-, a excepción de los empleados domésticos, rurales o de la construcción, que podrán empezar a cobrar la jubilación antes. El proyecto de ley también prevé que a futuro este cálculo se ajuste a la esperanza de vida, para evitar que el sistema se desequilibre por un desbalance entre los ciudadanos activos y pasivos.

Para los nuevos trabajadores, un 10% de sus aportes jubilatorios iría al sistema actual y un 5% se destinaría a una cuenta individual administrada por una AFAP, siendo esta una distribución obligatoria.

También se prevé dar un “suplemento solidario” a aquellos jubilados que no hubieren generado niveles mínimos de protección. Las mujeres sumarán un año de trabajo por cada hijo, con un tope de cinco años.

Según los cálculos del gobierno la reforma no frenaría el déficit del sistema previsional, pero permitiría reducirlo de 11% a 8% del Producto Bruto Interno (PBI).

Estos cambios son los ejes de la propuesta que, cuando se levante el receso parlamentario, deberán terminar de hilvanar los diputados. El futuro de la Caja Notarial se avecina como uno de los puntos que más discusión generarán (ver aparte).

Desde el comienzo está instalado el debate sobre si el sistema propuesto implica “trabajar más para ganar menos”, como sostienen el Frente Amplio, el Pit-Cnt y algunos colectivos. El Poder Ejecutivo subraya que los jubilados cobrarán el mismo monto, pero quienes se oponen remarcan que aumentará la edad a la que se podrán comenzar a percibir estos ingresos.

En el Parlamento la propuesta tiene defensores y detractores. Pasado el debate en la Cámara Alta, la senadora nacionalista Carmen Asiaín destacó que “se elimina aquella disposición histórica de que la viuda perdía la pensión si se casaba”, y que los hijos del fallecido no la perderán por matrimonio o unión concubinaria.

Por su parte, la senadora colorada Carmen Sanguinetti recordó que en el debate parlamentario se acordó acortar el tiempo computable para la jubilación de aquellas personas que cuidaron a discapacitados severos.

Sergio Botana, su par nacionalista, agregó que se crearán incentivos para regularizar a trabajadores del servicio doméstico, con facilidades de pago.

El Frente Amplio todavía no hizo un balance tras la votación en el Senado. Sin embargo, en estos meses los legisladores de ambas cámaras trabajaron en paralelo a la comisión especial multipartidaria, junto a sus técnicos y dirigentes.

El senador socialista José Nunes, que participó de la comisión parlamentaria, valoró que “no hubo posibilidad real de hacer modificaciones significativas” al proyecto de ley.

El legislador agregó que en comparación al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, el texto aprobado es “igualmente malo y negativo”, y que “los cambios que se hicieron son absolutamente menores”.

“Acá hay un proyecto del gobierno y de las principales cámara empresariales, que pretenden resolver eventuales problemas de financiamiento sobre el mayor esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras”, sentenció.

Por este motivo, y en consonancia con la resolución del Plenario Nacional, “el objetivo del Frente Amplio es que la ley no sea aprobada”, dijo Nunes.

La oposición todavía no resolvió el curso de acción posterior aunque diversos sectores, entre ellos el Partido Socialista que integra Nunes, ha manejado la posibilidad de realizar una consulta popular para intentar dejar sin efecto la reforma mediante las urnas. Sin embargo, esta postura no recoge unanimidad dentro del Frente Amplio.