Con 18 votos en 31, la Junta Departamental de Canelones aprobó la regulación del transporte privado mediante aplicaciones móviles, como Uber o Cabify. Se vivieron momentos de tensión durante la sesión, que finalmente dio luz verde a la habilitación.
El proyecto, que dispone nuevos derechos y obligaciones para el servicio de transporte por aplicaciones móviles, obtuvo 18 votos afirmativos —por parte del oficialismo— y 13 votos negativos.
Durante la sesión se vivieron momentos de tensión. Tal y como registró el legislador nacionalista Alejandro Repetto, en las barras se congregaron numerosos taxistas que, tras escuchar la resolución, comenzaron a gritar y tirar papeles.
Basta de chamuyo gritaban los trabajadores del taxi a ediles del FA por mentiras en la Junta Departamental ! pic.twitter.com/0Gw7Idgt0R
— Alejandro Repetto (@AleRepettoUy) January 14, 2026
¿Qué propone el proyecto de habilitación del servicio de transporte por aplicaciones móviles?
Aplicaciones como Uber funcionan en Montevideo desde fines de 2015 y también tienen presencia en Maldonado. De ahí que el proyecto analizado por la Junta Departamental de Canelones señale que la iniciativa responde a la necesidad de modernizar la movilidad, garantizar el derecho al transporte seguro y formalizar una actividad ya existente, complementando el sistema tradicional.
La iniciativa fija un canon de 0,45 UI por kilómetro recorrido, recaudado mensualmente a través de las plataformas, que será destinado a un fondo para la mejora del transporte público departamental.
Según detalla el articulado, las plataformas electrónicas deben estar autorizadas y los choferes que participen de esta modalidad en el departamento deben tener domicilio en Canelones, presentar declaraciones juradas mensuales, operar exclusivamente con pagos electrónicos, informar tarifas previamente y garantizar trazabilidad, seguridad y disponibilidad del servicio las 24 horas.
También se establece un régimen de sanciones con multas, suspensiones e inhabilitaciones tanto para permisarios como para plataformas, y se dispone que la norma entre en vigencia diez días después de su publicación.