Javier García apuntó contra el gobierno y aseguró que Cardama ya construyó el 60% de uno de los barcos

Redacción El País
El senador nacionalista Javier García, que fue ministro de Defensa durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, criticó la decisión de la actual administración de rescindir el contrato con la empresa Cardama, el astillero español con el que la anterior administración acordó la construcción y entrega de dos buques de patrulla oceánica para la Armada Nacional por unos € 82 millones (más de US$ 95 millones), cuando, según él, ya lleva construido el 60% de uno de los barcos.

Según dijo García en diálogo con Informativo Carve, la elección del proveedor tuvo el aval del Tribunal de Cuentas, pero además se tomaron en cuenta informes de la Armada Nacional para sellar el trato. Entre otros, el nacionalista afirmó que recibieron una recomendación del actual comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo.

García añadió a esto, que el propio embajador de España en Uruguay emitió una carta afirmando que la empresa Cardama "era segura y confiable".

A juicio del exministro, rescindir el contrato "muestra una intencionalidad política" en la medida en que "el barco lleva el 60% en siete meses de construcción". Manifestó que esto expone a Uruguay a posibles demandas y responde a "una parte lateral del contrato", ya que el motivo de rescisión no tiene que ver con la construcción de los buques, sino con la garantía.

"La voluntad que tiene el gobierno es tirar abajo esto por razones políticas", aseguró García. Al ser consultado sobre la garantía acordada en el contrato, el exministro aseguró que durante su administración se firmó "un contrato hipergarantista" y que esta solo es una parte.

Las alarmas se encendieron tres días antes del vencimiento del plazo de la garantía de fiel cumplimiento que Cardama buscó salvar a último momento. Como el 22 de setiembre -30 días antes del deadline- el astillero no había avisado que tenía intención de renovar la garantía, el gobierno se disponía a ejecutarla y cobrar lo acordado al firmarla: el 5% del total de valor de la obra, unos US$ 4 millones.

Foto: Estefanía Leal

Pero no pudo hacerlo porque cuando Luis Bermúdez, el embajador uruguayo en Gran Bretaña -donde se suponía que estaba instalada la empresa que se presentaba como garante, Eurocommerce LTD-, intentó apersonarse en el domicilio de la firma se encontró con que lo que había allí era una inmobiliaria. La firma carece, entonces, de un domicilio real, luego se supo que tampoco tiene empleados (hasta 2022 tenía tan solo uno), su dueño es ruso ("y vive en Rusia") y está en proceso de liquidación.

Tras esto, se encomendó a un estudio inglés analizar el inicio de acciones legales en territorio británico y español contra Cardama, a quien ya se le hicieron tres transferencias -en función del supuesto cumplimiento de determinados “hitos” del proceso de construcción de los buques- por unos US$ 30 millones.

Los problemas con la validación de la garantía se habían generado de manera reiterada entre enero y noviembre de 2024. En ese lapso Cardama lo había intentado siete veces, y en todas ellas incumplió con los requerimientos mínimos. En algunos casos, como cuando presentaron como empresas garantes a Euro Exim Bank o a Redbrige, el Banco Central avisó al Ministerio de Defensa que no podía acceder a información financiera sobre esas entidades, detallaron fuentes del Ejecutivo.

El gobierno de Lacalle Pou, finalmente, aceptó a Eurocommerce LTD el 22 de noviembre del año pasado —cinco días antes del balotaje— pero por el plazo de un año, inferior a los 42 meses que se habían pactado en el contrato.

Todo esto ocurrió, además, pese a que Defensa contaba con un informe jurídico del estudio Delpiazzo, del 6 de noviembre pasado, que advertía de varias irregularidades en el documento en el que se presentó la garantía, como no estar “apostillado ni contar con certificación de firma”, ni tener debidamente acreditada “la representación del firmante”. El estudio también ya advertía sobre algunas de las incoherencias sobre la firma constatando en las últimas horas.

Además, la entrega del primer buque, debía hacerse a los 18 meses desde diciembre de 2023, cuando se firmó el contrato, cosa que no sucedió.