Por Joaquín Silva
En cuanto se hizo público que la expareja de Charles Carrera había utilizado el Hospital Policial entre 2010 y 2012 -años en los que el hoy senador era director general de Secretaría del Ministerio del Interior-, el ministro Luis Alberto Heber dispuso una indagatoria de urgencia y luego una investigación administrativa para determinar la eventual existencia de irregularidades.

Eso sucedió a fines de agosto del año pasado, y la determinación del titular de Interior se debía a que, de acuerdo a la interpretación legal que hace este gobierno, el servicio de sanidad policial está reservado exclusivamente a los policías, lo que deja por fuera a todos los funcionarios civiles de la Secretaría -y también a sus familiares.

Esa investigación que había dispuesto Heber llegó a su término por estos días y, como efectivamente constató irregularidades y hechos “de apariencia delictiva” en la atención médica que recibió en el hospital Policial quien en esos años era pareja de Carrera, el ministro ordenó que se presentara una denuncia en Fiscalía, lo que se llevó a cabo este jueves 23 de marzo. Y, en paralelo, por otra disposición del ministro del Interior de fecha 14 de febrero, se ordenó al Departamento Contencioso del Área Jurídico Notarial a “entablar las acciones tendientes al cobro de los rubros adeudados”.

Lo adeudado -que se compone de todo lo que se gastó en las diversas atenciones médicas que recibió la expareja del dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP)- asciende exactamente a $ 506.895,65 -US$ 26.129,99 de acuerdo al tipo de cambio de la fecha-, y dividido en nueve rubros (ver recuadro).

El tema está en el tapete desde que se supo que Víctor Hernández, un civil que fue baleado en La Paloma (Rocha) en noviembre de 2012 en circunstancias no aclaradas, había recibido, por disposición de Carrera, internación y tratamiento en el hospital Policial, como si fuera “oficial subayudante”, además de tickets de alimentación por $ 20.000 entre 2013 y 2016.

Y todo esto, desde fines del año pasado, forma parte de una comisión investigadora creada en el Senado para indagar, precisamente, eventuales irregularidades cometidas durante la gestión de Carrera en Interior -que se extiende desde 2010 a 2017.

El miembro denunciante de esta comisión -de la que el Frente Amplio no forma parte por decisión política-, el senador nacionalista Jorge Gandini, dijo a El País que lo constatado ahora por la cartera de seguridad respecto a la expareja del legislador de la oposición “se inscribe en el uso y abuso que se hizo del hospital Policial” en esos años. Y que será parte de lo que preguntará mañana el oficialismo cuando comparezca ante este ámbito el director de Sanidad Policial de la época en cuestión, Leonardo Anzalone.

“Le vamos a preguntar a Anzalone por este caso y por si hay otros: le vamos a dar la oportunidad de que declare ante la comisión si hay más personas que no eran policías y estaban vinculadas a las autoridades políticas del ministerio y que también usaron el Policial”, adelantó el nacionalista.

El senador Carrera, por su parte, no respondió ante la consulta de El País.

Algunas de las conclusiones de la investigación administrativa, a las que tuvo acceso El País, determinaron que quien era pareja del director general de Secretaría se atendió en el Policial entre 2010 y 2012 “sin encuadrar en la normativa vigente” debido básicamente a que era civil y por lo tanto no figura-ba como usuaria de ese centro de salud.

Los entonces jerarcas de la Dirección Nacional de Sanidad Policial -entre los que se encontraba Anzalone- declararon en la investigación ministerial que no recordaban haber autorizado expresamente a que la pareja de Carrera en aquel momento fuera atendida en ese centro. Pero que sí tenían presente a esta mujer, y justificaron que “en todo caso” se habría seguido una “orden ministerial” a la que no podían esca-par por encontrarse “sujetos a jerarquía”.

De esto último hay, de hecho, una prueba material incorporada en el expediente: las autoridades encontraron que en el registro de la primera consulta -que tuvo lugar el 14 de marzo de 2010, a dos semanas de la asunción de Eduardo Bonomi como ministro de Interior- hay una anotación con lapicera que decía lo siguiente: “Por orden ministerial ingresarla al AE (Área de Emergencia)”.

Y debajo, en el formulario del sistema, se lee que la mujer que se había atendido lo hacía en calidad de “no usuario”, y en el casillero donde correspondía detallar el “grado” del funcionario, se ingresó: “No corresponde”.

Como ocurrió en el caso de Víctor Hernández, en una atención que recibió en el Policial 48 horas después de esta primera vez, la entonces pareja de Carrera fue ingresada como personal “autorizado” y en el grado “oficial subayudante” sin tener relación alguna con el Ministerio del Interior. Y otro dato que llamó la atención de las autoridades actuales es que esta paciente aparecía mencionada con el hoy en desuso apellido de casada -“de Carrera”- en lugar de la formulación habitual de los apellidos propios.

Tampoco fueron pocas veces que la expareja del senador del Movimiento de Participación Popular recurrió a este servicio. En concreto, usó el Policial para consultas de policlínica unas 42 veces, según la discriminación de los servicios para el cálculo de lo adeudado; entre ellas asistió por internación, asistencia de emergencia y retiro de medicamentos.

Las presuntas irregularidades que serán analizadas ahora por la Fiscalía, incluyen que, de las 42 consultas en policlínica que recibió la paciente, solo “cuatro tickets moderadores” fueron abonados; algo similar sucedió con las 18 tomas de laboratorio que solicitó, de las cuales pagó dos de esos tickets. Y, además, hay varias ocasiones en las que la paciente no asistía a la consulta.

El 28 de agosto de 2022, cuando El País había informado que la cartera conducida por Heber había detectado el uso del Policial por quien era su pareja en esos años, Carrera respondió en Twit-ter que entendía que el ministro del Interior tenía “una obsesión” que consistía en perseguir a “un senador opositor”. “Todas las autoridades y familiares directos se atendían en el Hospital Policial. No habilité a nadie. No tenía potestades para ello. Fiscalía laudará”, escribió aquel día.

Tres días después, al repa- rar que había hecho una consul-ta oftalmológica -cuando el debate público definió que eso no era ajustado a la ley-, el director general de Secretaría de ese momento, Luis Calabria, dejó el cargo.

Los $ 506.895,65 adeudados se dividen en los siguientes rubros, según el cálculo de la cartera: emergencia ($ 2.572); internación hospitalaria ($ 194.997,46); consultas en policlínica ($ 48.296); cirugías de prótesis y estudios extrahospitalarios ($ 66.104); cirugía ($ 113.971,46); estudios de laboratorio ($ 8.172); otros estudios ($ 5.229,89); medicación ($ 2.544,84); y asistencia domiciliaria ($ 65.008).