“Humillación” y “racismo”: desalojados del Medio Mundo y Ansina en la dictadura dudan de la reparación anunciada

Un perro corre detrás de un camión. En el camión van sus dueños, amontonados con otros vecinos que tampoco saben bien qué está pasando. Los acaban de sacar de sus hogares en el conventillo Medio Mundo de Barrio Sur y los van a dejar en una exfábrica en Capurro.

No hubo mucha explicación. Un par de días atrás les habían dicho que debían irse, que el lugar estaba en condiciones inhóspitas y que lo iban a demoler.

Es diciembre de 1978, plena dictadura militar. Los camiones son de la Intendencia de Montevideo (IMM). Son los que usa para la basura.

Al mes siguiente, en enero de 1979, la intendencia hace lo mismo con los vecinos del barrio Reus al Sur (conocido como Ansina). Es el mismo maltrato y el mismo racismo.

En total, la intendencia desaloja a unas 800 personas, la mayoría negras.

Pasaron de vivir en su propias casas, en su comunidad, donde había colores y candombe, a una especie de cárcel. Fueron arrancados de Medio Mundo y de Ansina, pero también de los barrios: perdieron escuelas y trabajos.

En Martínez Reina, la exfábrica de Capurro, ni siquiera pueden hacer su propia comida. Comen lo que les trae la policía. Se puede entrar y salir entre las 8 y las 22 horas. Silvia González tiene un hijo chico al que tiene que llevar seguido a hacerse controles. Nació con poco peso y cada vez que se enferma, ella corre al hospital. Una noche vuelve del Pedro Visca (donde hoy, décadas después estará la Facultad de Ciencias Económicas) y no la dejan entrar a su casa. Pasó el horario.

El portero, Walter, trata de convencer a los policías. Les dice que la señora vive ahí, que tiene otro nene en la casa, pero no lo logra. Silvia tiene que hallar otro lugar donde pasar la noche con su hijo enfermo. Encuentra un techo en Sayago, donde viven sus hermanos mayores.

Foto: Archivo El País.

No es la única historia insólita.

En el momento del desalojo, Francisco Celestino tiene 10 años. Perdió muchas cosas que tenía cerca en su hogar: la escuela, las canchas de fútbol. En las madrugadas en Martínez Reina, Capurro se escapa con sus hermanos. Se suben uno arriba del otro hasta una ventana. Tienen que salir antes de las tres de la mañana cuando pasa el ómnibus. Van a trabajar a la feria.

Tampoco es fácil entretenerse. En la antigua fábrica hay un solo patio para 300 chiquilines. Si los adultos cuelgan la ropa para secarla, ya no hay espacio. La gente se siente como en un campo de concentración. Si tres vecinas se juntan a hablar, la policía las separa. Pero esto dura alrededor de un año. Después viene el “premio”, como recordarán medio siglo después. De Capurro, los llevan a Cerro Norte. Aunque la promesa de llevarlos a su barrio sigue, la dictadura en realidad los aleja.

Al principio no tienen luz. Usan velas en las noches. Por un año y medio, tampoco tienen agua. Van a buscarla a unas cuadras, donde años después estará la Terminal del Cerro. En los alrededores no hay suficientes escuelas. A los vecinos les cuesta pagar el transporte público para ir a estudiar o trabajar. Para encontrar empleo, además, tienen una nueva etiqueta que los perjudica: son de Cerro Norte. El rechazo también es interno. Sienten que la gente del barrio no los acepta. En teoría es algo temporal, pero pasan los años y muchas personas van muriendo.

El conventillo Medio Mundo es demolido y eventualmente se construye otro edificio en su lugar. Las casas de Ansina van desapareciendo. La dictadura termina en 1985 y la democracia vuelve al país. Pero casi medio siglo después, todavía nadie repara a las víctimas de los desalojos ni las llevan de regreso a sus barrios.

Por eso 65 familias reclaman hoy unidas en el colectivo Volver a mi barrio. Algunos quieren vivir sus últimos días en la zona donde crecieron. Otros simplemente buscan una reparación por lo que les hizo el Estado. Y aunque parece que están consiguiendo avances, gracias a un plan del Ministerio de Vivienda y de la IMM, se mantienen escépticos.

Foto: Archivo/El País.

“A las palabras se las lleva el viento”, dice Olguita Celestino, quien lidera el grupo, con 65 años. La IMM actual es completamente distinta a la de 1978, pero ella encuentra una base en común: el “racismo estructural”.

Habla con El País a media cuadra del Medio Mundo, en la casa cultural C1080, acompañada por muchos de los protagonistas de esta nota. Ya están todos veteranos. El nombre de la comparsa honra la dirección del conventillo (Cuareim 1080). Uno de sus fundadores, Waldemar “Cachila” Silva, nació allí.

Los integrantes del colectivo ya no volverán a vivir en el Medio Mundo. Fue construido de vuelta en 2006 y ahora viven otras personas. Sin embargo, la IMM tiene dos padrones en Barrio Sur donde proyecta construir viviendas para diez familias. Se trata de un convenio con el Ministerio de Vivienda, con el que además preparan subsidios de alquiler a otras diez familias. La idea es que pueden elegir mudarse a Barrio Sur u otra zona.

De todas formas, Olguita advierte que todavía no hay documentos firmados. “A muchos gobernantes les parece que es un juego político partidario, pero para nosotros es nuestra vida”, dice a El País. Añade que la IMM les “toma el pelo” en las reuniones, al repetirles siempre lo mismo. “Me están humillando como si no entendiera lo que me quieren decir”, continúa. “Ahí veo lo que es el racismo estructural que tienen las instituciones hacia nosotros”.