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Nueva denuncia por ollas de La Floresta: afirman que toneladas de alimentos no llegaron a destino

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Guiso en olla popular. Foto: Marcelo Bonjour

DIPUTADO Y CONCEJAL

La denuncia se da a instancias de una documentación brindada, a comienzos de setiembre, por la organización Uruguay Adelante.

El diputado nacionalista Alfonso Lereté y el concejal del municipio La Floresta Vicente Amicone presentarán hoy una denuncia penal ante la Fiscalía de Atlántida por la presunción de cinco delitos en torno a más de 30 toneladas de alimentos que se retiraron para ollas populares de Canelones y nunca llegaron a destino. La denuncia se da a instancias de una documentación brindada, a comienzos de setiembre, por la organización Uruguay Adelanteque informaba sobre irregularidades en ollas canarias y desvíos de alimentos.

“Se trata de ollas populares que se mantuvieron cerradas, otras que no funcionaban durante el verano y dos locales que nunca existieron en la realidad, solo en los papeles, para levantar partidas”, según explicó el diputado Lereté a El País.

Una vez que el caso tomó estado público, la Intendencia de Canelones anunció que iniciaría una investigación a los efectos de constatar la gravedad de los hechos denunciados. A la vez, la Junta Departamental de Canelones instaló una comisión investigadora de la gestión del alcalde de La Floresta, Néstor Erramouspe, con miras a avanzar sobre este y otros temas.

Por su parte, Lereté informó que la abogada Carla Amicone presentará hoy, a las 11:00, ante la Fiscalía de Atlántida “un escrito con pruebas por entender que un alcalde del Frente Amplio, una edila del mismo partido y particulares organizados en una entidad social podrían haber cometido los delitos de estafa, apropiación indebida, fraude, abuso de funciones, omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de los funcionarios públicos en proceder a denunciar los delitos y encubrimiento”, enumeró el diputado nacionalista.

El documento de Uruguay Adelante, que fue estudiado por los blancos y dio lugar a la denuncia penal, describía “disconformidad” con la Coordinadora de Emergencia Social Entre Arroyos (Cesea) por “ollas populares que se encontraban cerradas” y “que la cantidad de platos que según informaban que brindaban no coincidían con la realidad”.

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