Quien entre al cuarto secreto el 27 de octubre podrá elegir candidatos a presidente y vicepresidente de la República, legisladores y si habilita que la Policía realice allanamientos en la noche. La Corte Electoral aprobó que se plebiscite junto a las elecciones nacionales esta iniciativa, con la que está de acuerdo el 65% de la gente, según una encuesta realizada por Equipos Consultores en diciembre. Además, otras cuatro propuestas de reforma constitucional buscan llegar a las urnas y avanzan a través de la reunión de firmas o votos, con dispar progreso.

Tres iniciativas pretenden alcanzar el apoyo del 10% del electorado, las 270.000 rúbricas que habilitan la consulta popular: el Pit-Cnt, con el apoyo de algunos sectores del Frente Amplio (FA), propone fijar en la Constitución el derecho a jubilarse con 60 años (la reforma aprobada el año pasado exige 65 años), la obligación de que las prestaciones no bajen del salario mínimo nacional y la prohibición de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP); Cabildo Abierto (CA) plantea en su campaña “Por una deuda justa” reestructurar determinadas deudas y topear en 30% la tasa de interés anual de los préstamos para combatir la usura; y el movimiento Uruguay Soberano impulsa que deban tener el aval de tres quintos de la Asamblea General ciertos acuerdos entre el Estado y empresas que estén sometidas a jurisdicción extranjera, que creen obligaciones para la república más allá del período de gobierno y a las que se les da como seguridad jurídica la garantía de que la legislación futura no las afectará. Si se aprueba esta última propuesta, el Parlamento debe revisar los contratos con UPM y otras empresas.

Mientras que en cúpulas del Pit-Cnt y CA son optimistas en cuanto a que alcanzarán las firmas antes del 27 de abril -cuando vence el plazo de presentación ante la Asamblea General para que se vote en octubre-, el principal referente de Uruguay Soberano, Hoenir Sarthou, estima que quizá no alcancen las 270.000 firmas en abril, pero advierte que seguirán recolectándolas hasta lograrlo porque son “objetivos permanentes”. El movimiento contó en enero 52.000 adhesiones y está enfocado en “un empuje fuerte ahora” para reunir todas las firmas posibles hasta abril. Si no llega a la meta, el movimiento buscará hacerlo antes de fin de año con la mira en votar la propuesta junto a las elecciones departamentales, en mayo de 2025.

Además, el diputado Eduardo Lust, escindido de CA y fundador del Partido Constitucional Ambientalista, presentó un proyecto de ley constitucional en el Parlamento, el que, si logra el apoyo de dos tercios de cada cámara en la misma Legislatura, sería también llevado a plebiscito en octubre. El legislador propone un procedimiento de designación de fiscal general de la nación en caso de vacancia, un asunto que está en el candelero por la falta de acuerdo político para alcanzar los tres quintos del total de los componentes del Senado o la Comisión Permanente requeridos para designar al titular de Fiscalía, cargo que ocupará por una década o hasta que cumpla 70 años.

El artículo 331 de la Constitución estipula cuatro procedimientos para reformar la carta magna. Quienes alcancen lo requerido por las vías en marcha tendrán su papeleta por el sí a la reforma constitucional, a la que, para su aprobación, deberá votar “la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios, la que debe representar por lo menos el 35% del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional”. Las papeletas se diferenciarán por colores.

El senador nacionalista Carlos Camy recorre el país embanderado con la habilitación de los allanamientos nocturnos, uno de los temas por el que lo convocan los medios de comunicación. “Esta iniciativa que hemos propuesto ante la Asamblea General fue aprobada con la conformidad del 55% de los legisladores, pertenecientes a seis partidos de los siete que integran el Parlamento. Es una medida necesaria, por lo que es muy difícil comprender con sensatez por qué razón se opone alguien a una prohibición que Uruguay tiene desde su primera Constitución de la República en 1830”, expresa el senador, aludiendo a las bancadas del FA, que alegan que la iniciativa no da respuestas efectivas en el combate al narcotráfico, busca distraer la atención y la ciudadanía ya desechó en 2019, cuando se plebiscitó atada a otras tres medidas a impulso del entonces senador Jorge Larrañaga (“Vivir sin miedo”).

La encuesta de Equipos de diciembre, que presenta un apoyo a la iniciativa de 65%, entusiasma a los impulsores del plebiscito, a pesar de que muestra una caída de siete puntos en relación al respaldo que conseguía en mayo de 2020.

Tras las elecciones internas de junio, Camy hablará con todos los candidatos para coordinar el trabajo, más allá de la libertad de acción de cada uno. El diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a El País que será “clave” qué partidos ensobren la papeleta, es decir, que se repartan las listas partidarias junto a la papeleta que apoya el o los plebiscitos. Aunque aún no se ha discutido a la interna, Perrone estima que su partido ensobrará para habilitar allanamientos nocturnos, además de la referido a “la deuda justa”.

La campaña de reunión de firmas del Pit-Cnt, a la que adhiere el Partido Socialista y el Partido Comunista, desarrolla su segunda etapa en medio de una merma del entusiasmo en relación a otros procesos similares, y críticas de sectores y dirigentes políticos más moderados, como el precandidato Mario Bergara (FA), para quien la propuesta “implica peligros en términos financieros”. Más allá de estos obstáculos, sus promotores ven alcanzable la meta, al igual que los cabildantes.

A la cautela de Uruguay Soberano, que propone además que se pueda convocar un referéndum con la firma del 10% del electorado, cuando hoy se exige el 25%, se suma la premura de Lust, que pedirá en las próximas semanas a la comisión de Constitución de Diputados que trate su propuesta cuanto antes, la que si consigue mayoría allí deberá ser votada por ambas cámaras. Si logra entonces los dos tercios de cada una antes del 27 de abril, será plebiscitada en octubre. El diputado propone que se use para la Fiscalía el mismo criterio con el que se designa a ministros de la Suprema Corte de Justicia: que ante falta de acuerdo político (dos tercios del Senado) para nombrar a uno nuevo, el cargo de fiscal de Corte sea ocupado 60 días después de generada la vacante por el fiscal letrado con más antigüedad de Montevideo.