Grave riesgo de desvío de fondos en Cantinas Militares; auditoría detecta que problema persiste desde hace 15 años

El servicio sigue expuesto a riesgos, entre ellos, el desvío de fondos, una situación que tiene como antecedente la extracción ilegal de US$ 20.000 para pagar la defensa de un militar acusado por violación de los DD.HH.

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Cantinas militares proporcionan a familias de militares artículos de primera necesidad
Foto: Fernando Ponzetto

Quince años después de haber sido sometido a una primera auditoría, y a cuatro de otra profunda evaluación, la gestión del Servicio de Cantinas de las Fuerzas Armadas sigue expuesto a riesgos, entre ellos, el desvío de fondos, una situación que ya tiene como antecedente la extracción ilegal de US$ 20.000 para pagar la defensa jurídica de un militar acusado por violación a los derechos humanos.

Cantinas Militares proporciona al personal militar y su familia artículos de primera necesidad en condiciones accesibles y beneficiosas, a través de locales en los distintos batallones y/o brigadas. Pero también incluye la venta de otros bienes, como por ejemplo medicamentos y electrodomésticos, a través de puntos de venta en todo el país. Cuenta con unos 170 funcionarios, civiles y militares, y tiene ingresos anuales que superan los 500 millones de pesos.

En 2009-2010 la Auditoría Interna de la Nación realizó tres informes muy críticos sobre la gestión del organismo.

Volvió a revisar la situación en 2019-2020, y detectó 15 situaciones de criticidad extrema y alta. Allí el organismo se comprometió a instrumentar un plan de acción.

El último informe de Auditoría, de agosto de 2024, al que tuvo acceso El País, confirma que si bien se revirtió gran parte de los riesgos, el organismo sigue expuesto por deficiencias en su sistema de contralor.

La auditoría concluye que “permanecen riesgos como ser pérdidas económicas y/o sanciones por no contar con habilitaciones correspondientes; que se utilicen fondos con un destino diferente al establecido en la normativa; no contar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones, entre otros, por lo que se recomienda continuar con la implementación de las acciones correspondientes de forma de mitigar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el organismo”.

Además, el análisis enfatizó que resulta prioritario cumplir con la realización de la auditoría externa anual del Fondo Especial de las Fuerzas Armadas y que se deberán mejorar los sistemas informáticos de gestión y registración a efectos de lograr una eficiente gestión del Fondo, contando con registros íntegros y confiables.

Dia del Ejercito
Cantinas tiene 170 funcionarios y sus ingresos superan los $ 500 millones anuales.
Foto: Leonardo Mainé

Manejo de fondos

La ley 20.075 aprobada en octubre de 2022 regularizó la situación del organismo y creó el Fondo Especial de Cantinas de las Fuerzas Armadas, administrado por el Servicio y con carácter de fondos de terceros, el cual se integra con la totalidad de la recaudación por concepto de la venta de bienes y servicios, como así también de donaciones, herencias, legados, y la venta de bienes muebles pertenecientes a dicho servicio.

Sin embargo, el artículo 94 establece que el organismo debe reportar antes del 30 de abril de cada año a los ministerios de Defensa Nacional y Economía y Finanzas un informe de auditoría externa del Fondo Especial de Cantinas de las Fuerzas Armadas.

Este extremo fundamental no se ha cumplido por lo que persiste el riesgo de que se utilicen “fondos con un destino diferente al establecido en la normativa”.

Y en este sentido hay varios antecedentes. En 2017 egresaron US$ 200 mil en efectivo. Según la auditoría “si bien se expresa haber identificado quién lo recibió en nombre del Estado Mayor, no se proporcionó documentación que respalde que los fondos hayan ingresado a una cuenta bancaria del Estado”.

Otro faltante de US$ 20.000 detectado en ese momento determinó una investigación administrativa que logró confirmar que se utilizaron para pagar honorarios de un estudio jurídico que defendía a un militar residente en el extranjero acusado en causas de violaciones a los derechos humanos. El pago fue autorizado por el entonces comandante en jefe del Ejército, Claudio Gioavanni Feola, quien fue sancionado con 15 días de arresto a rigor.

La investigación del Ministerio de Defensa señaló que no podía aplicar sanciones más duras porque “las irregularidades constatadas se verificaron por larga data, durante distintas administraciones, por lo que no podrían determinarse como únicos responsables quienes se desempeñaron en el período de la auditoría, y por lo tanto, la imposición de sanciones devendría en una eventual violación del principio de igualdad”.

Por otra parte, en la gestión del organismo se mantiene el riesgo de accesos y modificaciones no autorizados a los sistemas que permitan alterar la información sobre ventas, créditos, stock, etc.

Si bien se eliminaron los usuarios genéricos y existe un procedimiento para la gestión de altas, bajas y modificaciones de permisos en el sistema, el mismo no se encuentra documentado. Asimismo, se constató que existen funcionarios que mantienen permisos en el sistema informático no compatibles con las tareas asignadas.

En cuanto a los proveedores, se lleva un registro en planilla Excel con los habilitados para contratar. No obstante, de la información que surge del Visual Store de las compras realizadas en el año 2023 se identificaron proveedores que no se encuentran en dicho registro o que cuentan con una denominación diferente, lo que dificulta su control. Esto lleva a que se pueda contratar a empresas que no cumplan los requisitos para ser proveedor del Estado.

Cantinas Militares de las Fuerzas Armadas cuenta con 24 puntos de venta en todo el país, de los cuales seis son supermercados y 18 son cantinas. Dispone de dos despachos de medicamentos ubicados en Montevideo.

Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional.
Foto: Leonardo Mainé

No cuenta hoy con información confiable

Cantinas Militares sigue expuesta a que se registren “faltantes y/o sobrantes de dinero” mientras que continúa sin “contar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones”. En 2023 se modificó el procedimiento de manejo de fondos, siendo el servicio de remesa el que deposita la totalidad de la recaudación en la cuenta bancaria, al tiempo que se constató la realización de conciliaciones bancarias mensuales con la debida oposición de intereses. Se adquirió un software contable pero no fue posible su utilización dada su incompatibilidad con el sistema de los puntos de venta. “Actualmente el Servicio no cuenta con una contabilidad centralizada, lo que dificulta la preparación de los Estados Financieros”, dice auditoría.

GESTIÓN

Una sustancial mejora en el despacho de medicamentos

La auditoría de 2020 había sido extremadamente crítica con relación a la gestión del despacho de medicamentos para el personal militar y su familia. En este aspecto el organismo ha logrado, a 2023, encaminar la mayoría de las observaciones.

El Servicio vendía medicamentos sin contar con autorización legal para hacerlo. Esta situación se regularizó y el 20 de agosto de 2021 se logró la habilitación provisoria del Ministerio de Salud Pública para actuar como Farmacia de Segunda Categoría,

No obstante, queda condicionada a que el Servicio de Cantinas “acredite previamente ante el MSP el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la normativa para la autorización y registro de funcionamiento”.

Sin embargo, hasta no contar con la habilitación definitiva el servicio sigue expuesto, según la Auditoría General de la Nación, a pérdidas económicas y/o sanciones por no contar con habilitaciones correspondientes, despacho de medicamentos sin las condiciones higiénicas requeridas, que los medicamentos no se conserven en las condiciones necesarias en el traslado a los despachos y/o almacenamiento de los mismos.

Por otra parte, se definió un procedimiento para las compras de medicamentos, donde se establecen los responsables para la autorización de compras, recepción y registro en el sistema informático, con una adecuada oposición de intereses.

Se verificó la realización de controles periódicos sobre el stock de medicamentos y se definió un criterio que establece topes mensuales en la cantidad de medicamentos a vender por beneficiario y núcleo familiar.

Analizadas las ventas correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2023, se constató que no se superó el tope establecido, habiéndose vendido un máximo de 21 medicamentos a un beneficiario en ambos meses.

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