Gobierno espera modificaciones a reforma del CPP en el Parlamento; en la oposición surge primer planteo clave

Reformar el Código del Proceso Penal fue una necesidad que el gobierno de Yamandú Orsi identificó rápidamente y, ni bien asumió en marzo de 2025, formó un grupo de trabajo integrado por especialistas y operadores de todo el sistema de justicia, los que llegaron a un resultado que ahora será analizado en el Parlamento. Allí se discutirá una iniciativa de la Torre Ejecutiva, pero con un matiz: aunque todo el proceso de estudio y diseño de esta transformación fue impulsado por el prosecretario de la Presidencia y exfiscal de Corte, Jorge Díaz, de esta iniciativa en realidad terminaron adueñándose los técnicos y especialistas que la forjaron,

Uno de ellos, Gabriel Valentín, que intervino en calidad de experto —es Grado 5 de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República—, explicitó ese punto. Porque si bien el gobierno confían en el "respaldo técnico doctrinario" de este proyecto, para él esa afirmación no es necesaria porque lo que se produjo fue directamente "realizado por técnicos y expertos", según escribió el procesalista en su cuenta de X días atrás, en donde también sentenció: "En él trabajamos intensamente representantes de todas las instituciones involucradas en el sistema, y expertos, y es el fruto de consensos, luego de intensos y fructíferos debates".

Esa posición es clave a la hora de entender qué receptividad puede tener la iniciativa en el Parlamento, puesto que todo proyecto del Poder Ejecutivo necesita de por sí arduas negociaciones con la oposición en Diputados —donde el Frente Amplio tiene 48 legisladores— y un principio político que han manifestado reiteradas veces referentes de la coalición republicana, como los senadores Javier García (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado), es que toda acción o medida que provenga o esté ligada a Jorge Díaz será, como mínimo, observada con recelo.

Por eso la postura que Valentín mostró públicamente fue valorada puertas adentro de la Torre Ejecutiva, porque es precisamente esa la concepción que tiene el gobierno —y lo que buscó el Ejecutivo— de esta propuesta, que en el Parlamento estiman que comenzará a tratarse en la Cámara de Representantes —en cuyo ámbito está creada desde el año pasado una comisión especial para tratar la reforma del código—, aunque esto generaría un profundo rechazo en las filas nacionalistas del Senado (ver recuadro).

Como consignó El País, esta reforma propone una serie amplia de cambios a las actuales reglas de juego de las investigaciones penales, como por ejemplo que las indagatorias antes de la formalización deben tener una "duración razonable" y no extenderse indefinidamente en el tiempo, una instrucción precisa de que los fiscales no presenten a los imputados "públicamente como culpables" y un refuerzo a las potestades de las víctimas —que como ya se verá en la oposición se propone avanzar aún más en esta dirección.

Pero hay más cambios que impactan incluso en el castigo que hoy reciben delincuentes condenados por delitos graves. La ampliación de la libertad anticipada es una de las novedades en ese sentido. Había sufrido importantes restricciones en 2018, con el voto de todos los partidos, ya que había dejado de aplicarse en delitos como violación, abuso sexual y atentado violento al pudor, secuestro, homicidios y delitos de lesa humanidad. A esta lista se habían agregado, en 2020, con la Ley de Urgente Consideración, la rapiña, la rapiña con privación de libertad y copamiento, y la extorsión. Lo que propone el texto del oficialismo es borrar la "inaplicabilidad de la libertad vigilada" para esos casos. Se pone como mínimo, cuando de delitos graves se trata, que el condenado haya cumplido "tres cuartas partes de la pena impuesta".

Mucho de esto, sin embargo, sufrirá "modificaciones" en el Parlamento, como "con todo proyecto de ley", dijo a El País una fuente del Poder Ejecutivo, que da como "obvio" que el texto enviado será muy distinto cuando se transforme en ley,

En la oposición, por su parte, y más allá de los cuestionamientos políticos a la figura de Díaz, hay disposición a estudiar e incluso apoyar varios de los planteos propuestos en esta reforma, en buena medida porque muchos de estos se habían formulado en un proyecto del Colegio de Abogados, que blancos y colorados hicieron suyo y le dieron estado parlamentario el año pasado.

Pero también habrá propuestas a conversar, como la introducción de la figura del querellante, algo que en la Torre Ejecutiva no ven con malos ojos. Este planteo, que proviene del colorado Ojeda, consiste en darle a la víctima un estatus más elevado y una mayor capacidad de participación en los procesos penales, lo que puede abrirle puertas en los casos en que los fiscales no prioricen los casos o tenga una visión contrapuesta en la causa.

"Esto se discutió cuando se sancionó el nuevo CPP y una de los argumentos en contra era que no teníamos suficientes recursos en la defensa pública para llevar adelante esta reforma", dijo Ojeda en diálogo con El País, que estudia los modelos aplicados en países como Argentina y Chile. "Hoy, a ocho años de entrada en vigencia del nuevo CPP, se hace imperativa la necesidad de esta nueva figura hasta para ayudar a propios fiscales, que están visible y empíricamente sobrecargados y no dan abasto. Y tenemos un montón de abogados que podrían colaborar en la descompresión del sistema trabajando como querellantes". Presentará esta iniciativa la semana próxima, aunque no definió si en el Senado o en Diputados.

Sobre la prioridad que se le dará a la iniciativa del gobierno, el senador García sostuvo que no veía "ningún compromiso" en particular, y que era "un más" que se sumaba al del Colegio de Abogados y a otro que "la Asociación de Abogados Penalistas está elaborando".